El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), unido a las reformas legales impulsadas ante la parálisis, ha terminado por poner al Supremo al borde del precipicio. El Alto Tribunal lleva meses maniobrando con un importante agujero en su plantilla, un boquete que continuará agrandándose tras la ruptura de las negociaciones judiciales decretada por el PP. Y eso tiene, como es obvio, consecuencias en su funcionamiento. La falta de efectivos afecta gravemente a la capacidad de resolver asuntos del órgano, donde la media de conclusión entre todas sus salas supera ligeramente el año. Pero también tiene un impacto económico. En los últimos quince meses, el Ministerio de Justicia ha tenido que poner sobre la mesa más de un millón de euros para reforzar la plantilla y dotarla de medios técnicos para el desarrollo de sus labores. En total, una veintena de letrados extra para dar apoyo técnico a las secciones.
El Alto Tribunal ha alertado por activa y por pasiva sobre la delicada posición en la que se encuentra por la salida de magistrados y la imposibilidad de reemplazarlos. Una encrucijada que se deriva del bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces combinado con la reforma impulsada por el Gobierno que impide al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras se encuentre en funciones. "Es muy necesario que, en caso de vacante, los nuevos nombramientos se produzcan con prontitud, pues la demora ocasiona graves perturbaciones en el funcionamiento del tribunal", se encargó de avisar la Sala de Gobierno del Supremo hace justo un año. Lo hizo a través de un informe en el que recalcaba el impacto del bloqueo tanto para el órgano como para el justiciable, que sufriría dicha carencia "en forma de respuesta tardía". En total, calculaban entonces que se dejarían de poner anualmente un millar de sentencias.
Un impacto que desde el Ejecutivo de coalición se ha intentado mitigar. En el poco más de un año que Pilar Llop lleva al frente de Justicia, un cargo en el que aterrizó tres meses después de la entrada en vigor de la reforma que quitó al Consejo General del Poder Judicial la facultad de hacer estas designaciones en situación de interinidad, el ministerio ha desembolsado 1,3 millones de euros para dar apoyo a un Tribunal Supremo bajo mínimos. De esa cantidad, explican a este diario fuentes del departamento, alrededor de un millón se corresponde con personal de refuerzo y el resto con "medios materiales" para que puedan desarrollar sus funciones. "No hemos parado en todo este tiempo. Aquellos que se han pedido se han hecho", afirman con rotundidad desde el la cartera que dirige Llop.
Ocho letrados con rango de coordinador
No se trata de magistrados que cubren de forma temporal las vacantes. "Al Supremo no se pueden enviar jueces de refuerzo. En este sentido, lo que se ha establecido es un sistema interno en las Salas por el cual los magistrados se refuerzan entre sí", explican fuentes del CGPJ. Por lo tanto, lo que se ha enviado al Alto Tribunal son más efectivos para el Gabinete Técnico, letrados que se encargan de algunos trabajos de gestión y auxilio de los magistrados. Ahora mismo, hay tres pendientes de incorporación. En cuanto empiecen, confirman desde el órgano de gobierno de los jueces, habrá ya una veintena reforzando el Supremo. Doce de ellos, explican, son "letrados extraordinarios" repartidos en distintas áreas, a los que se suman, además, cinco con rango de coordinador para Civil y tres con el mismo estatus en Contencioso, las dos salas más afectadas.
Algunas fuentes consultadas, no obstante, recuerdan que al mismo tiempo que se desembolsan fondos para los refuerzos, el Ministerio de Justicia se está ahorrando la parte equivalente a los sueldos de todas aquellas plazas sin cubrir. De aquí a final de año, según la información que maneja el órgano de gobierno de los jueces, habrá dieciocho vacantes en el Alto Tribunal, lo que supone un agujero del 22,8%, casi un cuarto de la plantilla –79 magistrados–. El gasto por cada uno de ellos, según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, es de 121.173,40 euros anuales, lo que equivale a un mensual de 10.000. Por tanto, con el número de sillas vacías que habrá de aquí a final de año el ahorro cada mes rondará los 180.000 euros.
El último intento que se dieron PP y PSOE para alcanzar un pacto judicial ofrecía ciertas esperanzas de poder salir de la encrucijada en un corto plazo de tiempo. Pero la ruptura de las negociaciones ha vuelto a abocar al Supremo al colapso. No hay demasiadas fórmulas para arreglar el entuerto. Como ya no se contempla una inminente renovación del CGPJ, la única alternativa pasaría por la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyas modificaciones relativas a los nombramientos discrecionales están recurrida ante un Constitucional que también se encuentra a la espera de cambios. En este sentido, el sector conservador del Poder Judicial ha vuelto a insistir en la necesidad de tumbar dicha reforma, si bien también podrían tocarse solo aquellos aspectos que afecten al Supremo, como ya se hizo en relación con el Constitucional.
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Mientras tanto, este bloque considera "urgente" adoptar "medidas para paliar" la situación derivada de la norma. "En los próximos días se formularán propuestas concretas a la vista de la información que se facilite por el Servicio de Inspección", apuntaba esta semana en un comunicado. Tras el fracaso de las últimas negociaciones políticas, la prioridad ahora de los vocales es la de buscar fórmulas que eviten el colapso del Supremo. La intención es, justamente, seguir reforzando. En este sentido, en el Alto Tribunal no puede aún aclarar ni cuántos efectivos extra va a necesitar ni si los va a solicitar. Algo sobre lo que tampoco se pronuncia por el momento el Ministerio de Justicia, que es quien tiene que dar luz verde. "Nosotros no hemos parado de aprobar refuerzos cuando han hecho falta", se limitan a decir.
Social y Contencioso, contra las cuerdas
No todas las Salas del Alto Tribunal soportan la misma tensión. La de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo son, de lejos, las que más sufren el bloqueo. En la primera de ellas faltan ahora mismo un 38,5% de sus miembros –cinco de trece magistrados–, sillas entre las que se encuentra la de la Presidencia tras la jubilación de María Luisa Segoviano. En la segunda, el agujero es del 30,3%: a cierre de año faltarán por cubrir 10 de sus plazas, quedándose con solo 23 magistrados, menos del mínimo legal para poder constituir sus cinco secciones. La de lo Contencioso-Administrativo es la segunda Sala que más asuntos ingresa anualmente –algo más de 10.000–. Y la de lo Social es, por su parte, la segunda con los mayores tiempos medios de resolución de todo el Alto Tribunal: 18,5 meses, una cifra que lleva incrementándose sin parar desde 2018.
Solo Civil, con dos años de media, maneja plazos más largos. Una sala que, de momento, no está tan castigada: solo falta uno de sus diez miembros. Mientras, en la Quinta, la de lo Militar, están sin cubrir dos de los ocho puestos que la conforman, lo que equivale a un agujero de un cuarto de sus miembros. Y en el extremo contrario, la Sala de lo Penal. En este caso, no existen problemas de vacantes. Están, por el momento, al completo, con todos sus magistrados funcionando a pleno rendimiento. Y así seguirá, al menos, hasta el próximo mes de abril, cuando está prevista la jubilación de Miguel Colmenero.
El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), unido a las reformas legales impulsadas ante la parálisis, ha terminado por poner al Supremo al borde del precipicio. El Alto Tribunal lleva meses maniobrando con un importante agujero en su plantilla, un boquete que continuará agrandándose tras la ruptura de las negociaciones judiciales decretada por el PP. Y eso tiene, como es obvio, consecuencias en su funcionamiento. La falta de efectivos afecta gravemente a la capacidad de resolver asuntos del órgano, donde la media de conclusión entre todas sus salas supera ligeramente el año. Pero también tiene un impacto económico. En los últimos quince meses, el Ministerio de Justicia ha tenido que poner sobre la mesa más de un millón de euros para reforzar la plantilla y dotarla de medios técnicos para el desarrollo de sus labores. En total, una veintena de letrados extra para dar apoyo técnico a las secciones.