El fin del falso dilema medioambiente vs. economía: España podría crear un millón de empleos en un año acelerando su 'Green New Deal'

El Observatorio de la Sostenibilidad (OS) ha publicado este lunes su nuevo informe, titulado Reconstruyendo el futuro: Un Green New Deal para España [consúltalo aquí en PDF], con una conclusión principal, siempre con las cautelas que merecen las estimaciones sobre el mercado de trabajo: España podría crear 1,13 millones de empleos directos e indirectos en solo un año si aborda una transformación ecológica rápida y ambiciosa. Atrás quedó el falso dilema medioambiente vs. economía, que consideraba que había que renunciar a todo para proteger al planeta de los impactos de la degradación ambiental. Los expertos que han elaborado el documento consideran que el país puede volver a la senda de generación de riqueza si, aprovechando el impulso de los fondos europeos, reforma de cabo a rabo el sistema energético, la movilidad entre barrios, entre pueblos y entre ciudades, la agricultura y la ganadería, los ecosistemas de una Península de récord en biodiversidad o la gestión forestal, entre otros ámbitos. Y, de paso, se avanzaría en la consecución de los objetivos climáticos españoles y en la adaptación a un calentamiento global futuro, pero también presente, que pondrá en jaque a millones de personas durante las próximas décadas si no se aborda. 

"Para que los españoles podamos tener una buena vida que a la vez respete los límites ecológicos de nuestro planeta es necesario que empecemos a hacer ya todas las inversiones en los ámbitos de las renovables, el transporte, la rehabilitación energética o la agricultura que puedan hacer posible esa buena vida", asegura el principal autor del informe, el ingeniero físico Álvaro Gaertner. El informe toma como punto de partida las propias estimaciones del Gobierno en los múltiples planes, estrategias, decretos y leyes que ya están apuntalando su transición ecológica: y, en los ámbitos en los que no hay cálculos, el OS echa sus propias cuentas teniendo en cuenta la literatura publicada sobre el efecto de inversiones masivas en el mercado de trabajo en épocas de recesión. Y con respecto a las medidas que propone, saluda y celebra las ya planteadas por el Ejecutivo y defiende ir más allá en los sectores en los que los autores consideran que la estrategia gubernamental se queda corta. Por ejemplo: las subastas de renovables defendidas ya están en marcha, no así la curiosa "renta climática" que pone sobre la mesa el observatorio, que implica un pago directo a los sectores de población más vulnerables mientras que se aprieta las tuercas a los más ricos y, por ende, más emisores. 

En primer lugar, el Observatorio de la Sostenibilidad defiende una aprobación rápida de la Ley de Cambio Climático, cuya tramitación parlamentaria está aparcada en favor de los Presupuestos, para alumbrar un sistema de subasta para las energías renovables que las promocione a largo plazo y espolee la inversión. Yerra el organismo en los argumentos de esta petición: el Consejo de Ministros aprobó en junio un decreto que modificaba el panorama de las energías limpias, sin esperar a la ley. El precio que cada productor de electricidad recibe por lo que genera se determina en estas subastas, y hasta ahora se sufrían vaivenes muy pronunciados: tras la reforma, se establecerá un precio fijo, con el que las empresas podrán saber qué es lo que van a cobrar a medio y a largo plazo por lo generado. 

Con respecto a la movilidad y el transporte, el OS defiende una movilización rápida de los fondos previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) para instaurar en los núcleos urbanos zonas de bajas emisiones, peatonalizaciones, mejora de las infraestructuras ciclistas o mejora del transporte público. "El Estado debería poner en marcha en cuanto fuese posible un fondo para cofinanciar medidas", que aporte al menos el 50% del dinero que necesitan los Ayuntamientos para cambiar su urbanismo y plantear ciudades más sostenibles, "de tal manera que ninguna actuación se quedase sin ejecutar por falta de dinero". Pero si algo es clave para reducir el impacto en gases de efecto invernadero del sector transporte (responsable de casi el 30% de emisiones de CO2 en España), es la implementación de una red de ferrocarriles que conecte el territorio con una huella de carbono mínima, en contraposición a los sucios coches y aviones. 

Como recuerda el OS, los últimos Gobiernos han priorizado la Alta Velocidad en sus Presupuestos por delante de los ferrocarriles convencionales, privando a buena parte de la población de un método de transporte limpio, relativamente rápido, cómodo y perfectamente adaptable para el traslado de mercancías –que en la actualidad se realiza, mayoritariamente, en camión–. Y barato, frente a las altas tarifas del AVE español. El informe propone "inversiones por valor de 6000 millones de euros en los próximos 12 meses", una cifra "apenas superior a la que proponía el Gobierno para 2019" y que se fue al traste por la incapacidad para sacar adelante los Presupuestos. Además, defiende una "financiación extra al transporte público" de las ciudades desde el Gobierno central de hasta 630 millones de euros, para aliviar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que en la actualidad sufragan el déficit tarifario (la diferencia entre lo que se recauda con el billete y el gasto que necesitan las redes de autobuses y metros). 

En cuanto a la rehabilitación energética de viviendas, una actuación que permite a los inquilinos ahorrar en sus facturas, pasar menos frío en invierno y menos calor en verano y emitir mucho menos CO2, el Observatorio de la Sostenibilidad defiende ir más allá de lo planteado en el Pniec. Declaran los investigadores que el plan gubernamental se elaboró con una necesidad "de conseguir el equilibrio presupuestario" que ya no tiene sentido, dadas las ayudas de Europa. El informe defiende fijarse en el ejemplo alemán, cuyo programa rehabilitó 363.000 viviendas solo en 2009. Hay que inyectar más dinero, aseguran los expertos, en una primera etapa expansiva que apueste tanto por créditos blandos, con menos de un 1% de interés, como de subvenciones directas a las comunidades de propietarios, el principal público de esta actuación. "Consideramos que sería posible llevar a cabo en un año un programa que utilizase una inversión pública de 3.000 millones de euros, para movilizar una inversión total de 12.215 millones y rehabilitar unas 653.000 viviendas", afirman en el documento. 

La sorprendente "renta climática"

El trabajo del Observatorio de la Sostenibilidad defiende medidas rápidas y ambiciosas en otros ámbitos como el abastecimiento, depuración y saneamiento de agua, donde el Gobierno español se enfrenta a multas de la Comisión Europea por gestionar de manera deficiente sus aguas residuales; así como en la agricultura y la ganadería, utilizando la Política Agrícola Común (PAC) para, con el mismo dinero que ya se recibe del resto de Estados miembro de la Unión Europea (este año menos, dada la salida de Reino Unido), fomentar de manera decidida prácticas más sostenibles, sin menos fertilizantes, y que no utilice a los animales como engranajes de una máquina en el modelo industrial e intensivo de granjas actuales. Pero en la parte de fiscalidad verde es donde se encuentra la propuesta más llamativa y novedosa del informe: la implantación de un impuesto al CO2 que se devuelva a los que menos emiten en forma de renta climática. 

El problema de tasar el CO2 sin otra medida compensatoria adicional es que se trata de un impuesto regresivo: "las personas con menos renta dedican un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo que aquellas con mayor renta", por lo que, en porcentaje, pagan más. Pero "si se utilizan todos los ingresos que se obtengan con el impuesto para devolvérselos por igual a todos los habitantes de España a través de una renta climática, la medida en su conjunto pasa a ser progresiva". Así, todos los españoles pagarían, según los cálculos, 7 céntimos de euro por litro más de gasolina, pero todos recibirían unos 90 euros al año de vuelta. Así, la cuenta saldría positiva para los que consumen menos, y negativa para las grandes empresas y los ricos que viajan en jet privado o que cogen más de un vuelo al año mientras que el 48% de la población no suele montarse en avión. 

Se trata de una medida que se ha debatido poco por su novedad, pero que Más País-Equo ya presentó en forma de enmienda a la Ley de Cambio Climático. "Seguramente la metamos también en los PGE, aunque es más complicado porque en los Presupuestos no puedes incluir nuevos impuestos", explican fuentes de la formación. 

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Así, la promoción de las energías renovables generaría, en un año, 114.000 empleos; la inversión en infraestructuras ferroviarias, más de 94.000; la rehabilitación energética de edificios, casi 200.000 puestos; y la apuesta por infraestructuras de depuración de agua, 114.000, entre otros ámbitos. Esos son los empleos directos. "En una situación de recesión extrema como la que nos vamos a encontrar, el consumo adicional de toda la gente que consiga un empleo servirá para que muchas empresas viables, que de otra manera habrían cerrado por falta de demanda, puedan mantenerse abiertas ", alcanzando el millón de empleos que estima el Observatorio de la Sostenibilidad si el Gobierno decidiera acelerar –más de lo que ya va a acelerar– su plan de transformación verde del país.

Además, el Observatorio de la Sostenibilidad calcula que se podrían crear "casi 600.000 empleos adicionales en 10 años" si "se aprovecha todo el potencial de sectores como la economía circular, adaptación al cambio climático, agricultura y ganadería extensiva y gestión forestal sostenible". En dichos ámbitos, y ante la ausencia de cálculos oficiales, el Observatorio de la Sostenibilidad ha hecho sus propias cuentas para estimar, por ejemplo, qué implicaría en términos de empleo el plan de infraestructura verde que presentó el Gobierno hace unas semanas, y que buscaba no solo restaurar los ecosistemas dañados del país, también conectarlos entre sí para generar corredores ecológicos para la flora y la fauna. 

Los planes del Gobierno antes de la pandemia pasaban por crear 300.000 empleos al año. Con la llegada de los fondos europeos, el Ejecutivo decidió adelantar la inversión pública prevista. Tenía previstos 50.000 millones para esta década: ahora pretende insuflar 26.000 millones de aquí a 2023. Pero no actualizó sus previsiones de puestos de trabajo. Ahora, el Observatorio de la Sostenibilidad hace ese trabajo, pero advierte: hay que ir algo más allá, dada la crisis climática en ciernes y la necesidad de rescatar un tejido económico en la UCI.