España ha tenido dos reyes en el siglo XX. Y los dos han terminado en el exilio. Alfonso XIII tuvo que salir de España en 1931, tras la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales que daban la puntilla a un monarca que se había refugiado tras el dictador Primo de Rivera. El 15 de abril de aquel año embarcó en Cartagena en un buque de guerra que le llevó a Marsella. Su nieto, Juan Carlos I, anunció este lunes 3 de agosto que también marcha al exilio para “facilitar el ejercicio” de las funciones de Felipe VI. En este caso, busca huir de un escándalo de corrupción que golpea con fuerza la imagen de la monarquía. Aún se desconoce el destino.
“Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen”, proclama en su comunicado Juan Carlos I. Lo cierto es que buena parte de ese legado ya lo ha dilapidado él mismo en un drama del que conocemos dos actos. El tercero se desarrolla entre las bambalinas de Fiscalías y Tribunales de Justicia.
Acto primero: La ‘familia B’
La historia que terminó en el nuevo exilio de un Borbón se inició en realidad hace más de ocho años, el 13 de abril de 2012, cuando Juan Carlos I se cayó mientras estaba cazando elefantes en Botsuana. España llevaba cuatro años de durísima crisis económica, millones de ciudadanos se habían ido al paro, y el monarca se divertía en una cacería que costaba por persona unos 50.000 euros. La opinión pública se acabó enterando de dos cosas: que Juan Carlos I se había fracturado la cadera derecha y que estaba acompañado por Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el hijo de ésta.
Lo que no se dijo con claridad es que Corinna y el pequeño Alexander eran una especie de familia paralela del rey, la ‘familia B’. Que la empresaria alemana era en realidad su amante y se alojaba cuando estaba en España en la finca La Angorilla, a escasa distancia del Palacio de la Zarzuela. En el mensaje en el que anuncia que se va al exilio el emérito habla de su “propia dignidad como persona”, un concepto donde han cabido actuaciones como montar casa a la familia paralela junto al palacio donde vivía con la familia oficial.
Al día siguiente de la caída, aniversario de la proclamación de la II República, Juan Carlos I fue operado en España. Cuando se recuperó, pero aún en el hospital, hizo una célebre declaración ante las cámaras: “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a suceder”.
Lo cierto es que el desenlace de aquel primer acto se iba perfilando cada vez con más claridad. Así que el entonces presidente Mariano Rajoy y el líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, se pusieron manos a la obra y junto a la Casa del Rey organizaron una sucesión exprés. El 2 de junio de 2014 se anunciaba la abdicación de Juan Carlos I. Apenas tres semanas después, el 19 de aquel mes, las Cortes proclamaron nuevo monarca a su hijo Felipe de Borbón y Grecia.
Acto segundo: el ‘dinero B’
El objetivo era pasar página. Salvar a la monarquía.
Pero Corinna llamó de nuevo a la puerta de palacio. O, para ser más exacto, escribió. El 5 de marzo de 2019 envió una misiva a la Casa del Rey –cuyo contenido íntegro adelantó El Mundo– informando de que se oponía a la intención del emérito de que le devolviera 65 millones de euros, cantidad que le había donado tras recibirlos de Arabia Saudí. La empresaria alemana explicaba que sus abogados –con buen criterio– le habían advertido de que ese trasiego de millones y donaciones podía ser constitutiva de “un delito financiero”. Así que se quedaba con los 65 millones.
A Juan Carlos I el asunto le preocupó lo suficiente como para desplazarse a Londres e intentar llegar a un acuerdo con su examante. Sin éxito. Corinna pretendía que en la resolución del asunto se implicase un representante de Felipe VI. Y la Casa del Rey no quiso.
Eso sí, ya en su primera misiva, Corinna informó de que la Justicia helvética estaba investigando las fundaciones Zagatka y Lucum, y que ella estaba dispuesta a colaborar con el fiscal suizo Yves Bertossa.
La fundación Zagatka fue creada en Liechtenstein y era propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos en la genealogía pero muy cercano en sus andanzas. Sólo en pagar vuelos en jet privado de la pareja Borbón-Zu Sayn se gastó más de tres millones de euros. Y ya en 2015, en una conversación en Londres con el comisario de policía José Manuel Villarejo –ahora encarcelado–, Corinna le aseguró que Orleans era en realidad un “testaferro” del rey. Algo que el primo niega. La grabación de aquel encuentro se hizo pública en 2018 –a través de El Confidencial y okdiario, dos medios que mantenían línea directa con Villarejo– y en las cintas Corinna también aseguraba que el emérito tenía cuentas en Suiza que se habían alimentado de comisiones cobradas por las obras del AVE a la Meca.
Mientras en España la Justicia daba carpetazo a las confesiones de la empresaria alemana sin hacer mayores esfuerzos indagatorios, el fiscal Bertossa tenía otro concepto de lo que es una investigación penal. Y terminó encontrando en las oficinas del gestor Arturo Fasana y del abogado Dante Canonica, vinculados a Zagatka, la documentación de la fundación panameña Lucum. Fasana, por cierto, ya era conocido en España por administrar dinero de Francisco Correa —capo de la Gürtel– y de los Pujol.
A la cuenta que Lucum tenía en la banca suiza Mirabaud habían llegado en agosto de 2008 cien millones de dólares –unos 65 millones de euros de la época– enviados por el Gobierno de Arabia Saudí.
Y resulta que el primer beneficiario de Lucum era Juan Carlos de Borbón y Borbón y el segundo beneficiario era Felipe de Borbón y Grecia. Con esos beneficiarios, parece lógico que el domicilio que constaba en la cuenta suiza de Lucum fuese el madrileño Palacio de la Zarzuela.
Bertossa sostiene que los 65 millones fueron el pago al entonces rey para que intermediase ante el consorcio de empresas españolas que ganó el concurso del AVE para “rebajar un 29,6%” su oferta ganadora, tal y como figura en los escritos del fiscal desvelados por El País. Y el fiscal sospecha que el envío de los 65 millones a Corinna sería parte de una operación de blanqueo, pese a que la ciudadana alemana mantiene que fue una donación “por amor”.
Un amor que en todo caso Juan Carlos I pretendía que tuviera efectos retroactivos, al menos en lo económico, y por eso trató de convencerla para que le devolviese los 65 millones.
Ese intento fallido sitúa de nuevo la trama en marzo de 2019, cuando Corinna envía a Zarzuela la primera misiva en la que habla de la Fundación Lucum.
¿Y qué decidió hacer Felipe VI respecto al padre que había montado ese embrollo económico y respecto a la fundación de la que era segundo beneficiario? Aquí todo se vuelve oscuridad. La Casa del Rey asegura que trasladó la misiva de Corinna a “las autoridades competentes". Pero no ha habido forma de que, pese a su supuesto afán de transparencia, Zarzuela explique quiénes son esas “autoridades”.
Lo que está fuera de toda discusión es que, públicamente, Felipe VI decidió ocultar los hechos. Y seguir como si tal cosa, pagándole al emérito su asignación anual procedente de los Presupuestos del Estado. En privado, un mes después de recibir las cartas de Corinna se pasó por un notario para dejar por escrito que él no sabía nada de las fundaciones en las que su padre le iba nombrando beneficiario. Y en mayo de 2019, el emérito anunció que ponía fin a toda actividad institucional u oficial. Tampoco aclaró el verdadero porqué.
Las indagaciones de Bertossa seguían su curso, la mayoría de los presuntos implicados prestaron declaración ante el fiscal, y la prensa internacional empezó a revelar datos cada vez más escandalosos de la investigación suiza a principios de 2020. El 15 de marzo, un día después de que el Gobierno declarase el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, con el país conmocionado, la Casa del Rey pensó que era un buen momento para informar de que Felipe VI había decidido renunciar a la herencia de su padre “que personalmente le pudiera corresponder” –una mera declaración de intenciones en términos legales– y que Juan Carlos I dejaba de recibir la asignación de dinero público que seguía cobrando. En ese mismo comunicado, explicó que Felipe VI se había enterado por las cartas de Corinna de la prolífica actividad de su padre en el campo de las fundaciones y que había acudido al notario para dejar constancia de ello.
La atención mediática se concentró en los miles de muertos de la pandemia, pero el segundo acto se aproximaba a su fin. Lucum, Zagatka y Bertossa empezaron a apoderarse de las portadas y las finanzas reales eran una fuente inacabable de noticias sorprendentes, incluida la financiación del viaje de novios de los entonces príncipes Felipe y Letizia, que costó casi medio millón de dólares pagados en buena medida por un amigo empresario del padre de la pareja, según desveló The Telegraph.
Juan Carlos I entendió que le tocaba coger el camino de su abuelo. Y con ese proverbial talento de la Casa del Rey para elegir las fechas de los anuncios importantes –al día siguiente del inicio del estado de alarma, el primer lunes del veraniego agosto–, este 3 de agosto comunicó que se marcha a vivir (y a tributar, cabe suponer) a otro país. Dos reyes en el siglo XX, dos reyes que terminaron en el exilio. Alfonso XIII huyó de Madrid al volante de su automóvil Duesenberg. Su nieto está más acostumbrado a moverse en jet privado, pagado a veces por el primo Álvaro y otras por los contribuyentes, pero aún no se sabe qué medio utilizará para salir de España. Lo que sí se sabe es que la familia B y el dinero B han arruinado la forma en la que pensaba pasar a los libros de Historiafamilia Bdinero B.
Acto tercero: ¿una justicia 'B'?
Entre aquel 13 de abril de 2012 en Botsuana y este 3 de agosto de 2020 en Madrid han pasado 3.034 días. Algo más de ocho años con noticias que sirven para armar esta crónica sobre cómo la relación personal y financiera de Juan Carlos y Corinna ha desembocado en la mayor crisis de la monarquía desde la Transición. Pero falta por conocer el desenlace del drama. El tercer acto se desarrolla en el despacho del fiscal Yves Bertossa y de nuevo en los pasillos de la Justicia española.
El 'caso Nóos' y los elefantes de Botsuana, el principio del fin de la imagen pública de Juan Carlos I
En septiembre de 2018, el juez Diego de Egea dictó el sobreseimiento provisional de la pieza que había abierto para analizar las grabaciones entre Villarejo y Corinna intervenidas al expolicía. Ahora, la misma Audiencia Nacional ha decidido que era oportuno reabrir el caso y ha citado a la empresaria alemana para escucharla como imputada el próximo mes de septiembre.
Mientras tanto, se multiplican los debates y los expertos que opinan sobre la posibilidad de juzgar o no a una persona que gozaba de inviolabilidad antes de su abdicación en 2014 o sobre la posible prescripción de los delitos fiscales.
Pero el desenlace que espera en el tercer acto, el epílogo aún desconocido, no es materia de sesudos analistas. Es algo que cualquier ciudadano entiende sin mayores complicaciones. Es saber si para Juan Carlos de Borbón y Borbón también habrá una Justicia B o si será igual que para cualquier otro como él mismo repetía en sus discursos navideños.
España ha tenido dos reyes en el siglo XX. Y los dos han terminado en el exilio. Alfonso XIII tuvo que salir de España en 1931, tras la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales que daban la puntilla a un monarca que se había refugiado tras el dictador Primo de Rivera. El 15 de abril de aquel año embarcó en Cartagena en un buque de guerra que le llevó a Marsella. Su nieto, Juan Carlos I, anunció este lunes 3 de agosto que también marcha al exilio para “facilitar el ejercicio” de las funciones de Felipe VI. En este caso, busca huir de un escándalo de corrupción que golpea con fuerza la imagen de la monarquía. Aún se desconoce el destino.