Familiares de residencias de Madrid piden reunirse con el fiscal general: "No dejaremos que se pase página"
Veinte días después han dado el siguiente paso. Los representantes de las organizaciones Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia acudieron este miércoles a la madrileña calle Fortuny para dejar sobre la mesa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la macrodenuncia registrada en la Fiscalía Superior de Madrid. En concreto, solicitaron un encuentro con él para "informarle detalladamente del contenido" de los 160 folios en los que acusan a un total de 29 personas de un delito enmarcado en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios". "Ahora toca esperar", señala Carmen López, representante de la primera plataforma.
La denuncia —firmada por 109 familias que representan a 115 mayores— se basa en el veto a la derivación hospitalaria contenida en los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre y, también, en la denegación de asistencia en hospitales privados —salvo tener un seguro médico—, en hoteles medicalizados y en el hospital de Ifema. Señalan a un total de 29 personas, entre las que se encuentran los que fueran directores de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmante y autor de esos dos protocolos; Pablo Busca, director del Summa 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, director del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo; y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
Primera macrodenuncia ante la Fiscalía por las muertes de 111 mayores no asistidos en residencias
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Los representantes de las plataformas no confían demasiado en que la fiscal superior Almudena Lastra investigue esos hechos, y por eso acudieron a García Ortiz. En los próximos meses de abril y mayo prescribirán los hechos y hasta ahora no se ha investigado y mucho menos judicializado el "exceso de mortalidad" que se sufrió en las residencias de la Comunidad. Así que esta es, prácticamente, su última baza. "Sabemos que el Fiscal General del Estado tiene ahora encima lo del Tribunal Supremo, añadido a todos los temas que tenga sobre la mesa, imaginamos el estrés. Pero para nada es escusa para no recibirnos", reconoce López, refiriéndose a la revelación de secretos que el alto tribunal imputó a García Ortiz en relación al caso del novio de Ayuso.
En paralelo, las familias solicitaron una reunión con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que también quieren entregar personalmente la denuncia y el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, un documento que concluyó, tras dos días de investigación, que si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hubiera tomado otras decisiones durante lo peor de la crisis sanitaria se podrían haber salvado hasta 4.000 personas.
"La masacre en las residencias ha sido y sigue siendo la vergüenza más grande en la historia de nuestra democracia, fue indigno de una sociedad del siglo XXI, y no era una guerra, había medios que no se utilizaron. Vamos a seguir presionando porque hay que investigar, no vamos a permitir que pasen página. Las instituciones no pueden mirar hacia otro lado", sentenció López.
