La Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias das Residencias e da Dependencia (REDE) denunciará a DomusViy a Mémora ante la Agencia Española de Protección de Datos tras la información publicada por infoLibre que revela cómo la red de residencias mantiene un acuerdo comercial con la principal compañía de servicios funerarios de España que le garantizaba una comisión de hasta 700 euros por cada familia de un residente fallecido que contratase a la funeraria.
La plataforma, que representa a 65 residencias solo en Galicia, incide en que esta información es la demostración de "la poca ética de Josefina Fernández, la consejera delegada de DomusVi, que es la auténtica y única responsable de las decisiones que toma el grupo en España”. “De hecho, en este caso de comisiones su firma está estampada en los documentos que unen a DomusVi y Mémora”, destaca REDE, que recuerda el lema del que ha hecho bandera durante toda la pandemia: "Los ancianos no son mercancía". “Es inaceptable que se trafique con los cadáveres de los ancianos y con los sentimientos y desconocimiento de las familias en un momento de shock emocional terrible como ocurre en los instantes de la muerte de un ser querido ingresado en una residencia”, concluyen.
Gracias a un contrato comercial firmado en 2015 por DomusVi –entonces aún denominada Geriatros–, la principal multinacional del sector en España ha multiplicado sus ingresos durante la hecatombe de las residencias a través de las comisiones que cobra a las funerarias por su intermediación, principalmente con Mémora. Un contrato renovado en 2018, en donde se enmascara esa actuación como comisionista bajo una supuesta “cesión de uso de espacios” en las residencias de DomusVi para que Mémora atienda a los familiares.
En el acuerdo, DomusVi se comprometía a comunicar a los familiares de los residentes de sus centros los datos de Mémora y, en contraprestación, se embolsaba una “aportación colaboracional” siempre que terminasen contratando al grupo funerario.
Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (PLADIGMARE), señala a infoLibre que estas prácticas son “el problema de dejar la gestión de las residencias o la prestación del servicio público en manos de fondos buitre”. “Posiblemente esto sea una práctica que no solamente exista en DomusVi sino en más residencias”, señala. “Hasta en el momento de la muerte tratan de hacer negocio con los fallecidos, es increíble lo que está pasando con las residencias”, concluye.
El contrato designaba a Mémora como “encargado de tratamiento” de los datos de carácter personal del fichero de Geriatros. Sin embargo, abogados expertos en la normativa sobre protección de datos consultados por infoLibre inciden en que se está “vistiendo de forma completamente indebida una cesión de datos no consentida como si fuera un encargo de tratamiento”, lo que requeriría de un consentimiento previo por parte de los familiares.
Una actividad de la que REDE tenía conocimiento, y que supone el fundamento de su denuncia. “Durante la pandemia, y desde 2015 por lo menos, DomusVi sacó provecho de las muertes de ancianos en sus residencias al actuar como comisionista de las funerarias, es decir, hizo 'caja' con una parte no cuantificada de las más de 2.000 personas mayores que fallecieron en sus centros repartidos por todo el Estado”, crítica.
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“Claramente exista una gravísima vulneración de la protección de datos, por lo que la federación de los familiares REDE presentará, junto con el despacho de abogados Pérez-Lema, la pertinente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos”, incide la plataforma. Además, estudia la posibilidad de denunciar a ambas compañías por presuntamente infringir la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y la Ley de Defensa de la Competencia
Ambas compañías, a preguntas de infoLibre, negaron la existencia de cualquier irregularidad en materia de tratamiento de datos. DomusVI asegura que “no cede datos de sus residentes ni familiares a Memora. Únicamente pone en contacto a ambas partes, previo consentimiento de los familiares a quienes se les ofrece un servicio externo de asesoramiento”, y señala que el acuerdo no tiene carácter de exclusividad “para garantizar la libertad de elección de los familiares”.
Por su parte, Mémora argumenta que "la existencia de estos convenios de colaboración entre el sector residencial y el sector de servicios funerarios es de obligado cumplimiento por ley en varias comunidades autónomas a fin de velar por el correcto exitus letalis de los residentes”. La funeraria, al igual que DomusVi, apunta a la falta de exclusividad en el contrato y también niega que reciba datos de los familiares de los fallecidos.