Vuelve la polémica a la residencia de mayores Mossèn Vidal i Aunós, ubicada en Barcelona. Los familiares de los ancianos y los trabajadores del centro se han unido para rebelarse contra el cambio de gestión que ha decidido la Generalitat de Cataluña y que dejará la residencia en manos de la empresa L'Onada Serveis, dirigida por Cinta Pascual, presidenta de la patronal catalala ACRA y de la española CEAPs. Los motivos los tienen muy claros: la Fundació Vella Terra, actual gestora de la residencia desde que en junio de 2020 se le retirara a la empresa Eulen, ha conseguido una mejora de la situación de los residentes "incuestionable", según aseguraron trabajadores y familiares en un comunicado emitido al conocer la noticia.
"La Fundació se encontró una residencia devastada, con unos residentes en un estado anímico y físico tan deteriorado que había que realizar una tarea intensa de recuperación y organización de los servicios", relatan en el documento. "Desde entonces, muchas cosas han cambiado: se ha puesto en marcha un plan para reducir la medicación, otro para evitar las sujeciones, se ha mejorado la calidad de la alimentación y se han sustituido las dietas de triturados por alimentados texturizados", añaden. Por eso, sentencian, "es fundamental para el bienestar de los residentes, y la consecuente tranquilidad de los familiares y trabajadores, que la Fundació Vella Terra continúe gestionando la residencia".
María José Carcelén, hija de una residente y presidenta de la organización Coordinadora 5+1, conoce bien el cambio que se ha dado en el centro. Según explica, la transformación producida desde junio de 2020 hasta ahora ha sido "abismal". "Se ha hecho una labor intensa de reorganización y de recuperación de los residentes y ahora la alimentación es estupenda. La residencia es una balsa de aceite. Las familias estamos hartas de empresas que vienen a hacer negocio", denuncia.
La Generalitat, no obstante, ya ha decidido que Vella Terra tiene sustituto. Según los criterios de adjudicación consultados por infoLibre, L'Onada Serveis ha obtenido un punto más (90,75 frente a 89,75) que la actual gestora en el sistema que, detalla el documento, valora los "criterios que dependen de un juicio de valor". Vella Terra, no obstante, ya ha recurrido. Y los familiares han enviado una carta —firmada por 105 familiares y 42 trabajadores— a la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, y al president de la Generalitat, Pere Aragonés. Por ahora no han recibido ninguna respuesta ni saben cuándo se hará efectivo el cambio de gestora.
El Departament de Drets Socials, por su parte, defiende la decisión asegurando que la adjudicación se ha realizado "con escrupuloso respeto a los principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia y no discriminación". "Cuando se abre convocatoria pública para el cambio de gestión de una residencia, se estudian los criterios sujetos por parte de los técnicos para determinar la empresa ganadora. En los criterios sujetos a la convocatoria para la provisión de servicios [...] no se valora el trabajo previo de cualquiera de las empresas que se presentan a concurso por no ser uno de los juicios de valor por los que se decide la puntuación", añaden.
Así, lo que se tiene en cuenta es el "protocolo basado en el modelo de atención centrado en la persona", el "trabajo interdisciplinario del profesional auxiliar" y el "programa de participación para las personas usuarias y familiares en las comisiones de alimentación del centro". La Generalitat, añaden fuentes del organismo, "reconoce el trabajo realizado por parte de la Fundació Vella Terra durante su gestión", pero no aclara si han recibido ni el recurso interpuesto ni la carta de los familiares y los trabajadores.
Un problema desde 2016... agravado con la pandemia
El cambio de gestora, no obstante, tan solo ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de trabajadores y familiares de residentes que, desde 2016, han sufrido el "desastre" de distintas empresas de gestión, recuerda Carcelén. Hasta ese año era precisamente Vella Terra la que la gestionaba, pero cuando en ese año el control del centro pasó a manos de Ingesan-Asproseat —una filial de OHL— empezaron los problemas. "Se redujo personal, no había ni siquiera toallas para todos los residentes... Conseguimos 35.000 firmas y el contrato no fue renovado", relata.
En ese momento llegó Eulen. "Durante su gestión se hizo pública una grabación en la que se veía cómo un gericultor abusaba sexualmente de una residente, cómo una trabajaba la maltrataba y cómo un tercer gericultor se comía su desayuno", recuerdan familiares y trabajadores en la carta enviada a la consellera y al president. "Luego llegó el desastre de la pandemia", continúa Carcelén. Según la misma carta, durante la primera ola se contagió aproximadamente el 87% de los residentes y 29 fallecieron. La residencia tiene 112 plazas y el centro de día 32, según consta en la información pública que recoge la Fundació Vella Terra.
El 28 de junio de 2020 la Generalitat retiró a Eulen la gestión del centro —junto a la de Bertrán i Oriola— por las "diversas irregularidades detectadas en la gestión y la atención a las personas usuarias durante la emergencia sanitaria del covid-19", según informó el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que, por otro lado, no especificó cuáles eran esas "irregularidades". infoLibre, no obstante, tuvo acceso a un documento de la Fiscalía Provincial de Barcelona que detallaba que, al menos en Bertrán i Oriola, se basaban en que el centro no registraba "las constantes básicas de los residentes" y que, entre otras cosas, las habitaciones tenían el nombre del residente equivocado y algunos de ellos, si fueron trasladados al hospital, llegaron deshidratados.
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Pero el problema con Eulen ya vino de antes. Ta y como informó el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el 26 de abril ya intervino ambas residencias y sustituyó "temporalmente" a Eulen por otra entidad gestora "con el objetivo de reconducir la situación en la que se encontraba el centro".
Finalmente, Eulen fue apartada de ambos centros. Mossèn Vidal i Aunós, según el Departamento de Trabajo de la Generalitat, fue además sancionado por "una presunta infracción muy grave, que puede ser sancionada con una multa de 7.000 euros, además de la suspensión total de la prestación de servicios por un periodo de cuatro años". Ahí llegó Vella Terra, que ha prederido no detallar a este periódico los motivos por los que han presentado su recurso.
Como informó infoLibre en el marco de la investigación llevada a cabo sobre la gestión de las residencias, Eulen Servicios Sociosanitarios explotaba en Cataluña siete centros que son propiedad de la Generalitat y cuya gestión le fue adjudicada mediante concurso. En total, entre marzo y abril, se registraron en esos geriátricos 44 fallecidos, lo que equivale al 8,3% en relación a sus 532 plazas. La mayoría de las muertes se acumularon, precisamente, en Bertrán i Oriola (19 decesos por covid sólo en los meses de marzo y abril) y Mossèn Vidal i Aunòs (17).
Vuelve la polémica a la residencia de mayores Mossèn Vidal i Aunós, ubicada en Barcelona. Los familiares de los ancianos y los trabajadores del centro se han unido para rebelarse contra el cambio de gestión que ha decidido la Generalitat de Cataluña y que dejará la residencia en manos de la empresa L'Onada Serveis, dirigida por Cinta Pascual, presidenta de la patronal catalala ACRA y de la española CEAPs. Los motivos los tienen muy claros: la Fundació Vella Terra, actual gestora de la residencia desde que en junio de 2020 se le retirara a la empresa Eulen, ha conseguido una mejora de la situación de los residentes "incuestionable", según aseguraron trabajadores y familiares en un comunicado emitido al conocer la noticia.