Alberto Núñez Feijóo sostiene que, cuando en un acto oficial como presidente de la Xunta el pasado 8 de marzo, se refirió a quienes cuestionan las reivindicaciones de igualdad de las mujeres como “absolutamente paleolíticos”, no sabía aún que su partido, cuya dirección ya le ha sido entregada por los barones del PP que derrocaron a Pablo Casado, abrazaría a quienes cuestionan las políticas de igualdad. Y que iba a suscribir un acuerdo en el que se compromete a aprobar “una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar” que deja de considerar la existencia de una violencia específica contra las mujeres y, tal y como reclama Vox, la convierte en una práctica que perjudica por igual a “menores, mayores, personas con discapacidad o personas vulnerables”.
Feijóo bendijo este jueves el acuerdo suscrito por el PP de Castilla y León para entregar a la ultraderecha la presidencia de las Cortes autonómicas y darle una vicepresidencia y tres consejerías en el Gobierno de la Junta que Alfonso Fernández Mañueco se propone formar en los próximos días. Se desentendió de sus palabras del martes, cuando dijo que el PP debía presidir las Cortes de Castilla y León y que no era partidario de los gobiernos de coalición —“No creo en ese tipo de política de pactos”, dijo—, aunque declaró “legítimo” el acuerdo.
El pacto PP-Vox aleja al partido de Feijóo de la CDU alemana y de los partidos de la derecha europea que se niegan a gobernar con los ultras. Y le acerca a las formaciones que sí han dado ese paso en países como Italia, Austria, Finlandia o Países Bajos. El paso dado por los conservadores españoles es de tal trascendencia que a las pocas horas de producirse ya mereció una severa crítica por parte del presidente del PP europeo, Donald Tusk.
“Para mí ha sido una triste sorpresa. Pablo Casado era una garantía personal de mantener al Partido Popular en el centro derecha evitando este tipo de coqueteos con los radicales, con movimientos de extrema derecha como Vox”, declaró Tusk este jueves en París en el marco de una reunión en la que también estaba presente el propio Casado. La decisión de formar gobierno con Vox en Castilla y León es, en opinión del máximo representante del PP en Europa, “una señal muy fuerte de que tenemos que luchar contra estos deseos de construir fuerzas políticas en apariencia fuertes pero que a largo plazo suponen una capitulación”.
Casado tomó la palabra en esa reunión para elogiar a Feijóo, pero también para reivindicar su rechazo a pactar con la extrema derecha y subrayar que una de las prioridades de su mandato ha sido la lucha contra la corrupción. Sin hacer mención directa, eso sí, ni a Castilla y León ni a Isabel Díaz Ayuso, según fuentes citadas por Europa Press.
Tusk lo sabe bien: ha vuelto a la política activa en Polonia para intentar poner fin al gobierno de ultraderecha que desde hace años rige los destinos de su país y que ya ha sido objeto de sanciones por parte de la Unión Europa por no respetar las reglas del Estado de Derecho, en particular la independencia de los jueces.
Nada de eso parece importar a Feijóo, que defendió el pacto con Vox con el argumento de que es mejor gobernar con los ultras que repetir las elecciones. Y tratando de culpar al PSOE de la decisión de Mañueco de acordar con la extrema derecha un reparto de sillas en la Mesa de las Cortes y en la Junta de Castilla y León. “No había opciones”, aseguró confirmando que prefiere compartir gobierno con los ultras a buscar la abstención del PSOE o, en última instancia, permitir a los ciudadanos volver a votar.
Un acuerdo que, tal y como reclamaba Santiago Abascal, reconoce a Vox el mismo trato que Mañueco dio en 2019 a Ciudadanos. Y que tanto el presidente en funciones como el líder ultra en la comunidad, Juan García-Gallardo, intentaron justificar horas más tarde haciendo público un documento de gobierno plagado de generalidades, sin contenidos concretos ni propuestas de actuación conocidas más allá de la voluntad declarada de diluir la violencia contra las mujeres en el marco de una ley más amplia que hable de otras violencias, en línea con lo que siempre ha defendido Vox para tratar de anular la legislación impulsada en los últimos años.
Dos modelos de partido
A pesar de su respaldo expreso al gobierno PP-Vox, Feijóo, que este jueves fue proclamado candidato único a la presidencia de su partido en unas primarias que ya son de trámite —no tendrá contrincantes—, intentó presentar el pacto con Vox como una decisión de Mañueco, confirmando su deseo de dejar manos libres a todos los barones para decidir lo que quieran en cada territorio.
Justo lo contrario de lo que reclama Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y partidaria de “dar una lucha sin cuartel por las ideas” dentro de “un partido reconocible, donde sepamos con quién pactamos, con quién estamos” y “qué es lo que queremos para España”. El modelo “descentralizado” que defienden los barones y Feijóo para tener todo el control en sus respectivos territorios es, para el ala más derechizada del PP y sus aliados mediáticos, un “reino de Taifas”.
En esa línea, en la que cada barón hace lo que le parece, el presidente andaluz, Juanma Moreno, trató de tomar distancia con lo ocurrido en Castilla y León. Lo hizo asegurando, igual que hacía Mañueco hasta hace dos días, que él aspira, en las elecciones andaluzas que se celebrarán este año, a alcanzar una “mayoría suficiente” que le permita gobernar en solitario. Lo mismo que dice Feijóo desde que dio el paso para hacerse con las riendas de Génova 13.
“Ese es el gran objetivo que yo tengo encima de la mesa y que nada tiene que ver con otras realidades”, aseguró Moreno en los pasillos del Parlamento de Andalucía. “Castilla y Leon es Castilla y León y Andalucía es Andalucía, por tanto, que nadie piense que lo que ocurra en una comunidad autónoma va a marcar a otra comunidad porque no va a ser así”.
El PP de Feijóo abre por primera vez la puerta de un gobierno a la ultraderecha de Vox
En plena preparación de la gira por las 17 comunidades autónomas con la que quiere pedir a los militantes el apoyo a su candidatura que de hecho ya tiene, Feijóo se encontró con un alud de críticas al pacto PP-Vox. También del PNV, al que algunos atribuían cierta simpatía hacia el presidente de la Xunta por la buena relación que en el pasado ha tenido con el lehendakari, Iñigo Urkullu. “Está legitimando un partido que es antidemocrático, que es antisistema y, además, le está facilitando áreas de poder para que puedan avanzar en políticas regresivas”, lamentó su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. “Si este es el cambio, es como para estar más que decepcionados”.
La izquierda no tiene dudas ya de quién es Feijóo y de que, como ha ocurrido en Castilla y León, no dudará en meter a Vox en el gobierno si algún día necesita sus votos para sacar adelante su investidura utilizando el argumento de que el PSOE no le deja otro remedio o que haya que evitar una repetición electoral.
El presidente Pedro Sánchez cree que el pacto es una “pésima noticia” para el propio PP. “La van a pagar cara en términos políticos”, advirtió camino de la cumbre europea de Versalles (Francia), porque sus votantes no van a entender que abra la puerta por primera vez en la historia democrática de España a “un gobierno de la ultraderecha”.
Alberto Núñez Feijóo sostiene que, cuando en un acto oficial como presidente de la Xunta el pasado 8 de marzo, se refirió a quienes cuestionan las reivindicaciones de igualdad de las mujeres como “absolutamente paleolíticos”, no sabía aún que su partido, cuya dirección ya le ha sido entregada por los barones del PP que derrocaron a Pablo Casado, abrazaría a quienes cuestionan las políticas de igualdad. Y que iba a suscribir un acuerdo en el que se compromete a aprobar “una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar” que deja de considerar la existencia de una violencia específica contra las mujeres y, tal y como reclama Vox, la convierte en una práctica que perjudica por igual a “menores, mayores, personas con discapacidad o personas vulnerables”.