Su estrategia para impedir que el Tribunal Constitucional, en cumplimiento de la ley, pasase de tener una mayoría conservadora a una progresista, poniendo así fin a nueve años de dominio ideológico de la derecha en el órgano encargado de interpretar la constitucionalidad de la leyes, acabó derrotada. Así que Alberto Núñez Feijóo se concentra ahora en tratar de justificar por qué el PP mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano en el que los jueces elegidos por su partido mantienen una mayoría que caducó hace más de cuatro años.
Fue en 2018 cuando los vocales con mandato vencido debieron haber dejado paso a otros elegidos por un Congreso y un Senado con mayoría progresista. Pero el PP se resiste a perder el control de un Consejo del que dependen nombramientos clave en el Tribunal Supremo y otras instancias judiciales.
Feijóo mantiene punto por punto la táctica de su antecesor, Pablo Casado. Para que no se hable del bloqueo que lleva a cabo el PP —sin el concurso de este partido no es posible llevar a cabo un proceso de renovación que exige una mayoría del Congreso de tres quintos—, propone una modificación de la ley que, de llevarse a cabo, dejaría para siempre el CGPJ en manos de los jueces conservadores, mayoritarios en la judicatura española.
El último movimiento del presidente del PP ha sido presentar en la Cámara Baja una proposición de ley de reforma del modelo de elección de los miembros del Consejo. Cambiar la ley vigente desde hace casi 40 años es la misma condición que Feijóo puso al Gobierno de Pedro Sánchez para llevar a cabo la renovación. Las negociaciones abiertas en octubre fracasaron cuando Feijóo cedió a la presión del ala radical del PP, liderada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de la extrema derecha, alarmados ante la posibilidad de que el nuevo líder del partido pudiese llegar a un acuerdo con el Gobierno. Para justificar la ruptura de los contactos, Génova buscó, una vez más, una excusa ajena al CGPJ: la reforma del delito de sedición en el Código Penal, un asunto que apenas unas horas antes el equipo de Feijóo decía que no perturbaría las negociaciones.
Pero la reforma legal que Feijóo quiere que su partido defienda en el Congreso no es, en lo sustancial, muy diferente de la que el PP planteó sin éxito en septiembre de 2021, hace poco más de un año, en el mismo parlamento en el que quiere que se vuelva a debatir. Busca acabar con el modelo actual, en el que Congreso y Senado seleccionan a 12 de los 20 vocales de una lista de 50 nombres que les facilitan las asociaciones judiciales (los otros ocho sólo pueden ser elegido por las Cortes porque así lo establece la Constitución).
Amplio rechazo
Cuando el PP de Pablo Casado buscó el respaldo del Congreso a su reforma, en septiembre de 2021, una amplísima mayoría de la Cámara rechazó la propuesta de que sean los jueces, sin intervención alguna de las Cortes, los que elijan directamente a doce de los 20 vocales del Consejo. Únicamente Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias apoyaron al Partido Popular. En total, 190 votos en contra y sólo 154 a favor, 22 menos de los que se necesitan para reformar una ley orgánica como la que regula la elección del CGPJ.
Casado, como ahora Feijóo, mantenía bloqueada la renovación del Consejo de acuerdo con la legislación vigente y exigía al PSOE cambiar la norma para que 12 de los 20 vocales fuesen elegidos por votación directa de los jueces. Aquel debate lo recuerda bien la actual portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, porque ocupaba el mismo puesto. Entonces acusaba al Gobierno de situarse en la “insumisión constitucional y de los estándares que marca Europa” mientras defendía el boicot de su partido a la renovación del Consejo. Y usaba argumentos idénticos a los que emplea ahora Feijóo. Según ella, cumplir la ley y adecuar la mayoría de CGPJ a la que existe en las Cortes, como se lleva haciendo siempre en España desde 1986, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, era intentar “someter los órganos constitucionales al vasallaje de los designios autocráticos” de Pedro Sánchez.
Entonces el PP tuvo que oír duros reproches de casi todos los grupos representados en el Congreso. “No me gusta la ley, la cambio”, le recriminó el portavoz socialista, José Luis Ramos. “Que hoy se presenten como defensores de la Constitución, de la separación de poderes, es una tomadura de pelo, un gran acto de cinismo”, declaró desde la tribuna Jaume Asens, de Unidas Podemos, mientras la portavoz de ERC, Carolina Telechea, les acusaba de “hipocresía”.
El estancamiento de Feijóo en las encuestas deja al PP muy cerca de los niveles que tenía con Casado hace un año
Las críticas llegaron también del PNV, cuyo portavoz, Mikel Legarda, sostuvo que la elección parlamentaria del CGPJ no menoscaba la independencia judicial ni vulnera la Constitución. Apoyar la reforma del PP, dijo, sería tanto como “validar su labor obstruccionista y el chantaje que está practicando” el principal partido de la oposición.
El empeño del PP en volver a debatir una propuesta que ya no obtuvo el respaldo del Congreso hace poco más de un año busca poner el foco en la reforma del sistema y dejar en segundo plano que el problema es que llevan cuatro años boicoteando la renovación de este organismo. Una estrategia que supone además un desafío a la Comisión Europea, cuyo comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, ha dejado muy claro en numerosas ocasiones que aunque es partidario de un cambio en el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo “urgente” en estos momentos es que se lleve a cabo su renovación, que el principal partido de la oposición bloquea desde más de cuatro años. Es decir: primero la renovación y después el debate sobre la reforma del modelo de elección.
Feijóo sabe que tampoco esta vez el Congreso aprobará su reforma. Pero quiere desviar así la atención del problema de fondo —el bloqueo decretado por su partido desde 2018— a la espera de que una eventual victoria en las urnas dentro de un año le permita, entonces sí, cambiar la ley y garantizar una mayoría conservadora permanente en el CGPJ.
Su estrategia para impedir que el Tribunal Constitucional, en cumplimiento de la ley, pasase de tener una mayoría conservadora a una progresista, poniendo así fin a nueve años de dominio ideológico de la derecha en el órgano encargado de interpretar la constitucionalidad de la leyes, acabó derrotada. Así que Alberto Núñez Feijóo se concentra ahora en tratar de justificar por qué el PP mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano en el que los jueces elegidos por su partido mantienen una mayoría que caducó hace más de cuatro años.