Unas horas después de que Carles Puigdemont lanzara su órdago sobre el PSOE para exigir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, su partido se alió con el Partido Popular en el Congreso para tumbar el impuesto sobre producción eléctrica. Lo hizo a través de una enmienda transaccional que entraría en vigor el 1 de enero de 2025 e implicaría pasar del 7% actual —un gravamen que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012— al 0% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Esta decisión supondría un agujero de unos 1.500 millones de euros para las arcas del Estado, lo que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a retrasar su tramitación con el objetivo de intentar tumbar el acuerdo. Este martes, PSOE y Sumar utilizaron su mayoría en la Mesa de la comisión que tenía que seguir tramitando la ley para suspender la sesión prevista para los próximos días, lo que, en la práctica, supone congelar sine die el avance de la norma. El objetivo de los partidos del Gobierno es convencer, al menos, a Esquerra Republicana y PNV —que votaron a favor de esa enmienda transaccional— de que retiren su apoyo a la medida.
A juicio de Junts la enmienda "ayuda a la transición energética en Cataluña" porque favorece que los proyectos de renovables sean "más competitivos" frente a los del resto del Estado, mientras que el PP se muestra "tremendamente satisfecho" por lograr sacar adelante la enmienda, en palabras de su portavoz, Miguel Tellado, que también saludó que los de Puigdemont se hayan "dado cuenta de que Sánchez no es de fiar". Sin embargo en privado el PP trató de restarle importancia al acuerdo con Junts y desde la dirección del grupo achacaron el movimiento de los independentistas a su pugna con Esquerra Republicana.
Se trata de un ejemplo más de los vaivenes del PP a la hora de hablar de Junts. La formación de Alberto Núñez Feijóo compagina las acusaciones muy graves con elogios y hasta llamamientos a la colaboración con el PP, pero no de manera explícita porque la relación con los posconvergentes genera tensiones dentro del propio partido. Normalmente, lo trata como una formación enemiga de España, cuyos dirigentes fueron condenados como “golpistas”. Y asegura que en estos momentos Puigdemont somete a Pedro Sánchez a un "chantaje" para obligarle, entre otras cuestiones, a reconocer el derecho de autodeterminación.
De "Puigdemont a prisión" a negociar la investidura de Feijóo
En enero de este año el PP llegó a plantear un proyecto de ley para ilegalizar a los partidos independentistas, en la estela del ideario de la extrema derecha de Vox. Después, defendió la idea de que Puigdemont y determinados actores independentistas cometieron actos de terrorismo, en particular en 2018, coincidiendo con las disturbios que tuvieron lugar tras conocerse la sentencia del procés. Sin embargo, el PP en realidad cree que la acusación de haber cometido actos de violencia organizada tiene escaso fundamento y muy pocas posibilidades de motivar condena alguna. Y eso que en público Feijóo y sus portavoces han defendido todo lo contrario en España y en las instituciones europeas con el objetivo de que Bruselas se convenza de ello y acabe impidiendo la entrada en vigor de la amnistía.
Estas declaraciones son compatibles, según la lógica del líder del PP, con su intento de llegar a acuerdos con Junts para su investidura, finalmente fallida. Se trataba de una ecuación imposible, porque los independentistas y Vox se consideran mutuamente incompatibles para hacer presidente a Feijóo, pero que de fondo implicaba la intención de reconstruir puentes con quienes hace años, cuando ese espacio político lo ocupaba Convergència, fueron sus socios en el Congreso. Mientras los militantes del PP gritaban por la calle la consigna de "¡Puigdemont a prisión!", el presidente del PP declaraba su “respeto” por el expresidente catalán.
El responsable de ese diálogo, cuyas reuniones con dirigentes de Junts nunca fueron desmentidas, fue el vicesecretario de Política Institucional del partido, Esteban González Pons, que, para tratar de allanar el viaje de Feijóo hacia Waterloo, decía el pasado año: "Más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, [Junts] representa a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda". Por su parte, Feijóo declaraba: "El señor Puigdemont todo el mundo sabe lo que pide. En los contactos, no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido. Eso sí es un valor. No estoy de acuerdo en absoluto con sus planteamientos, pero eso no significa que, desde la discrepancia, pueda haber respeto".
El entorno de Feijóo acabó admitiendo esos contactos dos días después de que Carles Puigdemont, en una carta dirigida el jueves a todos los eurodiputados, amenazase con hacer públicos los detalles de los contactos que el PP mantuvo con Junts de cara a una eventual investidura de Feijóo. “Hay otra cosa de la que estoy completamente convencido. Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, estos espectáculos se habrían ahorrado”, señaló en referencia a las maniobras que están intentando torpedear la amnistía en el ámbito político y judicial.
Fiscalidad, economía y vivienda... lo que sí une a PP y Junts
Feijóo está convencido de que puede atraer a Junts en materia de "política fiscal, industrial, económica y de vivienda", donde la formación de Puigdemont está más cerca del PP que del PSOE según ha admitido el propio líder de la oposición en más de una ocasión. "Desde el punto de vista de las políticas económicas, hay mucha más coincidencia entre lo que defiende Junts y el PP", afirmó en un desayuno informativo hace unos meses.
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Hay unos cuantos ejemplos de esta sintonía. En septiembre los de Puigdemont tumbaron la admisión a trámite de una proposición de ley impulsada por Sumar para poner límites a los alquileres temporales de vivienda, unos meses antes votaron en contra, junto al PP, de la senda de déficit. También se aliaron con los de Feijóo en el Senado para reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, el rival de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela y para frenar la amnistía pese a que formaba parte de las exigencias de Junts.
Lo cierto es que si hay un rasgo que caracteriza a la formación de Puigdemont es su imprevisibilidad. No hay que dar por sentada una posición de antemano —eran muchos los analistas que afirmaban, contundentes, que nunca votarían a favor de la investidura de Pedro Sánchez—, porque su acción política está dominada por la reivindicación nacional y la rivalidad con ERC. No está instalado en el no a todo, pero las posibilidades de rechazo se multiplican cuando se cruza la variable nacional, es decir, cuando la política sobre la que se debe decidir puede ser interpretada como una invasión de las competencias autonómicas.
Aunque Feijóo sí está dispuesto a acercar posturas con Junts, no todos en su partido lo ven igual. "Con aquellos que desprecian a España no iría a ningún lado porque no son de fiar", afirmó recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un planteamiento compartido por el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que se opone firmemente a acordar nada con los de Puigdemont.
Unas horas después de que Carles Puigdemont lanzara su órdago sobre el PSOE para exigir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, su partido se alió con el Partido Popular en el Congreso para tumbar el impuesto sobre producción eléctrica. Lo hizo a través de una enmienda transaccional que entraría en vigor el 1 de enero de 2025 e implicaría pasar del 7% actual —un gravamen que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012— al 0% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.