El Partido Popular ya está en campaña, una de las más largas que se recuerdan. Y su argumentario, las ideas sobre las que construye el discurso su líder, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de ganar primero las municipales y autonómicas del 28 de mayo y después las generales de finales de año, son un calco de las que defendía hace doce meses Pablo Casado antes de que la revuelta de los barones decidiese poner fin abruptamente a su mandato.
Igual que su malogrado antecesor, el equipo de Feijóo repite la consigna de que “hay una pulsión de cambio” en nuestro país que se va a ver claramente el 28M. En esa “primera estación” del año electoral están seguros de que serán capaces de volver a ser la fuerza más votada, algo que el PP no consigue desde las elecciones generales de 2016.
El argumento es idéntico al que proclamaban Casado y su número dos, Teodoro García Egea, en el invierno de 2022: todas las encuestas otorgan una victoria electoral al Partido Popular. Excepto la del CIS, a la que otorgan cero credibilidad porque este organismo está dirigido por José Félix Tezanos, un sociólogo que antes de llegar al cargo por decisión del Gobierno formaba parte de la ejecutiva del PSOE. Otra cosa es lo abultada que sea esa victoria y que en todos los casos, sin excepción, la llegada de Feijóo a la Moncloa vaya a depender de la ultraderecha de Vox, también según todas las encuestas.
La estrategia de Feijóo descansa en gran medida sobre una segunda idea que Génova y sus medios afines repiten un día sí y otro también: el Gobierno actual no tiene legitimidad, por muchos presupuestos que aprueba —lleva tres consecutivos en tres años— y por más que haya salido de una investidura en el Congreso y conserve una mayoría holgada en la Cámara con la que saca adelante todas sus iniciativas.
La tesis del Gobierno ilegítimo es clave para el equipo actual de Génova, porque en ella se apoyan para exigir elecciones todos los días, pero viene de lejos. Casado ya la utilizó desde comienzos de 2020, igual que sus aliados de Vox, con los que el PP gobierna Castilla y León y gracias a los cuales logró conservar en 2018 y 2019 las comunidades de Madrid y Andalucía. El Gobierno es “ilegitimo”, según el PP, porque ha tomado decisiones que no estaban en el programa electoral del PSOE y algunas de ellas contradicen declaraciones realizadas por el presidente Pedro Sánchez antes de las elecciones, como el deseo de no gobernar con Unidas Podemos.
A partir de ahí, razonan en Génova para intentar desacreditar al Ejecutivo, cualquier decisión que tome el Gobierno tampoco tiene legitimidad, aunque lo haga con el respaldo del Congreso y del Senado. Porque, en opinión de los dirigentes del PP, ambas Cámaras ya no representan “a la mayoría social”, por mucho que estén en pleno ejercicio de sus facultades porque fueron elegidas para cuatro años. “Tenemos el peor Gobierno de la historia democrática en el momento más difícil”, acusan, y un presidente que “ha perdido la legitimidad en el ejercicio del poder porque está haciendo todo lo contrario a lo que prometió en campaña electoral”.
Sumisión al independentismo
En esa línea reprochan a Sánchez que el Gobierno haya decidido, sin desviarse una coma de lo que marca la ley, que la mayoría de los presos condenados por su pertenencia a ETA hayan sido trasladados a cárceles del País Vasco o próximas a esta comunidad, poniendo de hecho fin a la política de dispersión que fue una de las bases de la lucha antiterrorista cuando la banda terrorista estaba en activo —desapareció hace 11 años—. Una decisión que en todo caso palidece al lado de la que tomó en su día José María Aznar cuando ETA todavía asesinaba, secuestraba y chantajeaba.
Es un traslado que, además, no afecta al cumplimiento de las penas pero sí reduce las dificultades de los familiares de los condenados a la hora de visitarles en prisión y que no hace otra cosa que aplicar el artículo 12.1 de la Ley General Penitenciaria, que establece como objetivo “evitar el desarraigo social de los penados”.
Para plantar en el imaginario social la idea de un Gobierno sometido a Bildu, el PP no sólo sostiene que el fin de la dispersión es una concesión a la formación abertzale sino que proyectos como la Ley de Memoria Democrática o decisiones como la transferencia de las competencias de tráfico a Navarra han sido tomadas al dictado de los independentistas vascos.
La primera es una norma prometida a los electores que obtuvo en el Congreso el respaldo de una amplia mayoría (164 votos a favor). PP, Vox y Ciudadanos votaron ‘no‘ junto a la CUP y JxCat y ERC y el BNG se abstuvieron. La segunda es una demanda que su día abrazaron tanto UPN en Navarra como el PP de Feijóo en Galicia pero que Génova ha querido presentar como un ataque a la Guardia Civil y una cesión a los que consideran “herederos” de ETA. Bildu, ha llegado a decir Feijóo para escándalo de los socialistas, ha conseguido más en esta legislatura que ETA cuando mataba.
Es en ese contexto en el que el PP sitúa también la decisión de reformar los delitos de sedición y malversación, dos demandas de los independentistas catalanes. De haber estado en vigor cuando tuvo lugar el juicio del procés, hubiese obligado al Tribunal Supremo a condenar por delitos de desobediencia o de desórdenes públicos a los nueve dirigentes a los que encarceló por delitos de sedición. Y hubiese impedido el embargo de sus bienes para afrontar la malversación asociada a las decisiones ilegales adoptadas por la Generalitat y el Parlament. Es una modificación para beneficiar a personas “con nombre y apellido”, denuncia el PP, que en su día reformó también el Código Penal pensando en las mismas personas pero para reforzar los mismos delitos. El Gobierno no oculta que con esta medida quiere completar el proceso de normalización de la situación política catalana, en crisis desde el referéndum ilegal de 2017.
El PP sabe, porque sus dirigentes lo admiten en privado, que no habrá ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña por más que ERC mantenga el objetivo político de pactar su celebración con el Gobierno de España este mismo año. De hecho, la única vez que ocurrió algo parecido fue con el PP en el Gobierno y su presidente, Mariano Rajoy, fue incapaz de impedir su celebración. A pesar de ello, agitan constantemente la posibilidad de que Sánchez ceda y ese referéndum tenga lugar con el falso argumento de que la reforma del Código Penal ha despenalizado la secesión de una parte de España. Es el mismo “España se rompe” que proclamaba Casado antes de que sus propios compañeros le diesen el finiquito para entregar a Feijóo las llaves de Génova.
Feijóo hace caso omiso a Bruselas y lleva al Congreso su reforma del Poder Judicial sin desbloquearlo
El Ejecutivo se ha convertido en una “fábrica de independentistas”, llegó a decir este lunes el brazo derecho de Feijóo, el vicesecretario de Organización del partido, Miguel Tellado. En realidad, los partidarios de la independencia en Cataluña nunca fueron tantos como durante el último mandato de Rajoy ni tan pocos como en la actualidad.
Cuando presta atención a la economía, Génova sólo lo hace para cuestionar las medidas que se toman. Sus dirigentes niegan el crecimiento de la economía, el de 2022 y el previsto para 2023, ponen en entredicho la evolución positiva del empleo —sólo sacan pecho de las cifras en las comunidades con presidentes del PP— y se centran en los precios de la cesta de la compra para no tener que admitir la evidencia de que la inflación española es desde hace meses la más baja de la zona euro. El último paquete anticrisis del Gobierno, que de nuevo incluye medidas reclamadas por el PP, otra vez les parece insuficiente.
Los dirigentes del PP prefieren poner el acento en los efectos indeseados de la ley del sólo sí es sí, cuya redistribución de penas algunos jueces están interpretando a favor de los condenados por delitos graves de abuso sexual y violación. Y en tratar de retratar a Pedro Sánchez como un presidente “ausente de la realidad el país”. Hace un año, exactamente, Pablo Casado decía lo mismo: y acusaba al jefe del Ejecutivo de actuar con “arrogancia”, “incompetencia” e “insensibilidad” y de “mentir a todo el mundo”.
El Partido Popular ya está en campaña, una de las más largas que se recuerdan. Y su argumentario, las ideas sobre las que construye el discurso su líder, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de ganar primero las municipales y autonómicas del 28 de mayo y después las generales de finales de año, son un calco de las que defendía hace doce meses Pablo Casado antes de que la revuelta de los barones decidiese poner fin abruptamente a su mandato.