De la mano dura de Meloni a la de Mitsotákis: los países con políticas migratorias que Feijóo ensalza

Alberto Núñez Feijóo viaja este viernes Atenas para reunirse con el primer ministro, Kyriákos Mitsotákis. El líder del Partido Popular busca situar la inmigración como un asunto clave para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez tras un verano marcado por esta materia. Para el PP Mitsotákis es un ejemplo al que seguir en política migratoria junto a la italiana Giorgia Meloni.

"La política migratoria que están desarrollando Grecia e Italia, de acuerdo con la Unión Europea, está salvando vidas", aseguró este lunes el portavoz de la formación, Borja Sémper, en rueda de prensa desde la sede nacional de Génova 13. En esa línea afirmó que los "datos oficiales" que maneja su partido reflejan un "descenso significativo" de la inmigración irregular en ambos países. Una afirmación que también realizó recientemente el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, y el propio Feijóo lleva defendiendo desde hace meses.

Se trata de una premisa falsa en lo que respecta al caso griego, que es el país donde más ha crecido este año la inmigración irregular en Europa. Según los últimos datos del Ministerio de Migración y Asilo griego de enero a julio de 2024 llegaron al país 23.204 migrantes en situación irregular. Una cifra que, como documenta Newtral, supone un incremento del 99% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 11.672 llegadas. En comparación con España, en ese mismo periodo llegaron 29.031 personas, un 79,5% más que en los primeros siete meses de 2023. 

En el caso de Italia, este verano sí ha descendido el número de llegadas aunque la propia Meloni admitió a principios de año que no estaba "satisfecha" con la gestión de su Gobierno en materia migratoria, después de que en 2023 aumentaran los desembarcos más de un 50% y de que llegaran al país 157.000 migrantes, una cifra que no se veía desde 2016. Según los datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en los ocho primeros meses de 2024 las llegadas han disminuido respecto al mismo período de 2023 un 60%.

Más allá de los datos, el PP quiere emular las políticas que están llevando a cabo ambos países y que pasan por una marcada agenda anti inmigratoria. Tras rubricar un acuerdo con el presidente canario, Fernando Clavijo, para aunar criterios sobre cómo debería ejecutarse la derivación de menores migrantes entre comunidades, Feijóo busca dar un paso más en la estrategia de criminalización contra los migrantes en plena pugna con Vox por hacerse con esa bandera. En Génova aseguran que no el "carril derecho" a los de Santiago Abascal en determinadas materias como la inmigración que también "preocupan" a su electorado.

Grecia: del muro con Turquía a las negligencias tras el naufragio del Adriana

La migración fue uno de los temas centrales de las elecciones del pasado año en Grecia, en las que el conservador Kyriákos Mitsotákis se erigió como vencedor. Durante la legislatura pasada el Ejecutivo griego construyó un muro de 40 kilómetros en su frontera con Turquía e instaló un sistema de vigilancia para prevenir que los posibles solicitantes de asilo afganos llegaran a Europa después de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán. Un muro que Mitsotákis se comprometió a ampliar en campaña electoral como ejemplo de "seguridad y protección".

El partido de Mitsotákis, Nueva Democracia, aboga por endurecer la política migratoria a través de reformas legislativas que restringen el derecho de asilo y mediante la generalización de las devoluciones en caliente. Se trata de un país que ha encausado a trabajadores humanitarios por tráfico de personas por participar en rescates y que criminaliza a las ONG en las que trabajan.

El pasado año la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex acusó a Grecia de serias negligencias en el naufragio del Adriana en junio de 2023, en el que murieron más de 500 personas que intentaban alcanzar Europa. En un duro informe, denunciaron que el objetivo de las autoridades griegas no fue prevenir el naufragio y que las fuerzas de seguridad no movilizaron suficientes recursos para salvar sus vidas cuando aún podían hacerlo.

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En campaña electoral, la ultraderechista Giorgia Meloni prometió un bloqueo naval con buques del ejército para hacer frente a las llegadas de migrantes por mar —una propuesta que reclama Vox y que también lanzó el PP este verano, a través de su portavoz parlamentario— que nunca cumplió. Lo que sí rubricó fue un acuerdo con el Gobierno de Albania para la creación de centros cuyo cometido es deportar a migrantes hasta un máximo de 36.000 personas.

Tras la tragedia el verano pasado en Cutro (Calabria), que costó la vida al menos a 70 migrantes, Meloni endureció su política migratoria y aprobó cuatro decretos para dificultar el trabajo de los barcos de las ONG, eliminar la tutela denominada "protección especial", ampliar el tiempo de retención de los sentenciados a la expulsión al máximo permitido por la Unión Europea y facilitar la expulsión de menores no acompañados al acelerar las pruebas clínicas para verificar su edad.

Además, también ha puesto en marcha un programa de "cooperación" con los países de los que parten las embarcaciones (Túnez, Argelia y Libia) por valor de 5.500 millones de euros, casi el doble de todo lo que España dedica a cooperación en el mundo. Un dinero que Meloni da a cambio de que estos países impidan el tránsito de migrantes, en su mayoría originarios del Sahel, hacia sus costas.