El fiscal anticorrupción Pedro Horrach aportó este lunes un nuevo informe que refuerza, según explicó, su tesis acerca de que no se puede trasladar al ámbito penal el papel de la infanta al frente de la mercantil Aizoon, a través de la cual, su marido, Iñaki Urdangarin, habría defraudado a Hacienda en 2007 y 2008.
Tal y como explicó, el informe, fechado el pasado 26 de diciembre y elaborado por la jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Gómez, avala el hecho de que "no se puede trasladar al ámbito penal lo que no supone una infracción administrativa".
Según Horrach, este nuevo informe de la Agencia Tributaria va en línea del escrito con el que el año pasado solicitó el archivo de la imputación de la infanta, y en el que apuntaba que, en el caso de la infanta en el marco del caso Nóos, se ha pasado de una "conducta inocua en el ámbito administrativo a conducta delictiva en el ámbito penal".
Horrach se refiere en el mismo sentido a Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Urdangarin, Diego Torres. Puesto que su petición de archivo para ambas no fue atendida –según dijo–, el fiscal solicitó un nuevo informe a Hacienda, que es el que ha entregado este lunes en la vista oral para que sea admitido como prueba, si bien el tribunal aún no se ha pronunciado al respecto.
Horrach recordaba en su escrito –ahora reafirmado por el nuevo informe– que la Agencia Tributaria "realiza cientos de inspecciones anuales en entidades mercantiles idénticas a Aizoon SL, esto es, coparticipadas por cónyuges en las que los ingresos proceden de la actividad profesional de uno de ellos y las mismas finalizan en sanciones administrativas exclusivamente para el cónyuge generador de los ingresos".
La Agencia Tributaria estima que no puede considerarse a la hermana del rey Felipe VI cooperadora o partícipe de un delito contra Hacienda "por el sólo hecho" de ser socia no administradora de Aizoon.
Reprimenda del tribunal al abogado de Diego Torres
La presidenta del tribunal de la Audiencia Provincial de Palma, Samantha Romero, abroncó durante el juicio al abogado de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, por abrumar a la sala con una ingente petición de pruebas y documentos sin facilitar adecuadamente su ubicación en el sumario, lo que hará "imposible" su ponderación.
La llamada de atención se produjo cuando, a la hora de exponer nuevas pruebas, el abogado Manuel González Peeters solicitó la aportación de determinados documentos, como las cuentas anuales de varias sociedades vinculadas a sus clientes –Torres y Ana María Tejieron– y su análisis conjunto con otros documentos ya incorporados a la causa instruida por el juez José Castro, que suma 100 tomos.
Seis razones para juzgar a la infanta y seis (presuntas) pruebas para condenarla
Al ver que González Peeters se extendía en sus peticiones, la magistrada Romero tomó la palabra para recordar al letrado que, en peticiones realizadas por escrito durante la fase intermedia del proceso no había facilitado "la ponderación de la sala de la prueba que propone" porque muchos de esos documentos eran aludidos sin especificar los folios que ocupan en el sumario. "Y esperaba el tribunal que en este acto que es para aclarar las cuestiones y que usted hiciera esas indicaciones", le espetó la juez.
González Peeters le contestó que se trababa sobre todo de determinados papeles y testimonios de testigos que vendrían a avalar la "bondad de las facturas" emitidas por el Instituto Nóos.
En este punto la juez Romero le recordó que ya fue un "trabajo ímprobo" para la Sala localizar los documentos que en su día propuso, y que de no concretarlos el análisis de estas pruebas por el tribunal será "imposible". "Lo tengo en la maleta esa, ¿La saco toda ya?", respondió el letrado antes de proceder a entregar sus peticiones por escrito y en hasta siete CDs.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach aportó este lunes un nuevo informe que refuerza, según explicó, su tesis acerca de que no se puede trasladar al ámbito penal el papel de la infanta al frente de la mercantil Aizoon, a través de la cual, su marido, Iñaki Urdangarin, habría defraudado a Hacienda en 2007 y 2008.