La Fiscalía recurrirá la sentencia del Tribunal Militar Central que condenó a dos años de cárcel a dos tenientes coroneles por recibir dinero y regalos a cambio de información privilegiada sobre contratos de Defensa. Según han confirmado a infoLibre fuentes del acusador público, también presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo los dos oficiales, que no perderán su condición militar pero sí serán suspendidos de empleo.
En su momento, la Fiscalía pidió para cada uno de los tenientes coroneles una pena de tres años de prisión por un delito continuado contra el patrimonio militar, así como otros tres años por actividades prohibidas a funcionarios públicos. Los tres empresarios condenados por cohecho llegaron a un acuerdo con el fiscal que redujo su pena a multas de 600 euros cada uno. El Tribunal Militar Central lamenta en su sentencia las penas “extraordinariamente livianas” impuestas a los tres directivos, pero explica que la ley le impide aumentar las condenas solicitadas por el fiscal.
Además, el presidente de la sala formuló un voto particular en el que considera que los dos oficiales deberían ser condenados a tres años de cárcel, lo que implicaría su expulsión de las fuerzas armadas. El magistrado cree que ambos se merecen esa pena por el daño infligido a las fuerzas armadas con su comportamiento criminal y por la “paupérrima opinión” de los militares que generarán sus actividades. Los tenientes coroneles solicitaban cantidades en metálico y recibieron regalos e invitaciones a acontecimientos deportivos, además de conseguir empleos para sus hijos, a cambio de proporcionar a un puñado de empresas información sobre los contratos que licita el Ministerio de Defensa.
Finalmente, el departamento que dirige María Dolores de Cospedal está “estudiando las posibilidades de recurrir” la sentencia, apoyándose en “las posibles lesiones a los intereses del Estado que se hayan producido”, según ha indicado un portavoz del ministerio a este periódico.
Los tenientes coroneles Cruz Picazo y Epifanio Ramírez fueron suspendidos de empleo durante seis meses tras ser detenidos, en abril de 2015. Ahora, y mientras la sentencia no sea firme, volverán a la misma situación, explica el portavoz de Defensa. La suspensión de empleo implica su cese de destino y la prohibición de solicitar uno nuevo. Además, el tiempo que permanezcan suspensos no es computable como tiempo de servicio y no les servirá, por tanto, para ascender en el escalafón. En esta situación los militares sólo cobran el sueldo base y pierden los complementos –de empleo y específico–. El tiempo que pasen suspendidos tampoco les computará para cobrar trienios.
Defensa no aclara el traslado de Epifanio Picazo
Un año antes de que fueran arrestados Picazo y Ramírez, este último ya fue destituido como jefe de subunidad en la Unidad de Contratación del Ministerio de Defensa. El subdirector de Régimen Interno y el jefe de Seguridad del ministerio habían trasladado al superior de Epifanio Ramírez, el general de brigada de intendencia de la Armada Pedro Manuel Robles Gener, un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) donde se revelaba que, en una comida, el teniente coronel había pedido a unos empresarios un porcentaje por un contrato. Antes incluso de que se materializara la orden de cese de la Subsecretaría de Defensa, el general pidió a Epifanio Ramírez que abandonara su despacho.
Pero seis meses después y pese al informe del CNI, el teniente coronel se incorporó a un nuevo destino, como secretario de la Junta de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército (DIAE). Es decir, le dieron un puesto en el que seguía manejando información sobre contratos públicos, puesto que, al igual que en el anterior empleo, redactaba pliegos de condiciones y comprobaba la documentación de los concursos. Sólo tres meses después de llegar a su nuevo destino, el fiscal abrió la investigación sobre otra comida en la que Epifanio Ramírez –y Cruz Picazo– había pedido a un empresario una cantidad de dinero a cambio de facilitarles la adjudicación de un contrato.
A preguntas de infoLibre, Defensa no aclara por qué se trasladó al teniente coronel Ramírez Requeno a otro puesto similar a aquél donde había levantado sospechas. Tampoco si se le abrió expediente o se le sometió a vigilancia. Ni por qué mediaron seis meses entre su cese en la Unidad de Contratación del Ministerio de Defensa y su incorporación a la Junta de Contratación del Ejército de Tierra. “El ministerio ha seguido escrupulosamente lo que marca la ley y ha tomado las decisiones que le permitía la ley en cada momento”, indica el portavoz. Defensa, añade, no podía hacer otra cosa porque el teniente coronel es “un oficial de intendencia que tiene unos derechos en cuanto a destino” y el ministerio debía “evitar cualquier perjuicio por posibles demandas judiciales” del militar. “Defensa”, recalca, “es el primer interesado en investigar y corregir cualquier irregularidad de sus miembros, así como en limpiar cualquier actitud sospechosa”.
La condena de dos tenientes coroneles por corrupción destapa las anomalías de la justicia militar
Sin autorización para ejercer como asesor de empresas
Según relata la sentencia, el teniente coronel Epifanio Ramírez se presentaba ante los contratistas del ministerio como asesor profesional de empresas. Aunque cuidaba mucho de precisar que no trataba contratos de Defensa. Ante otros empresarios aseguró que estaba en la reserva. Sin embargo, el ministerio señala que el oficial condenado carecía de autorización para ejercer esa actividad profesional.
Los funcionarios públicos están obligados a solicitar la compatibilidad de su trabajo con cualquier actividad, pública o privada, por cuenta ajena o por cuenta propia, que pretendan simultanear. Porque, en principio, tienen prohibido ejercer “actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuvieran destinados”, tal y como establece la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. No así los militares en la reserva activa. De ahí el interés del teniente en coronel en destacar, por un lado, que no asesoraba a empresas interesadas en contratar con Defensa y, por otro, de asegurar que estaba en la reserva, lo que ocurre cuando los militares cumplen 61 años.
La Fiscalía recurrirá la sentencia del Tribunal Militar Central que condenó a dos años de cárcel a dos tenientes coroneles por recibir dinero y regalos a cambio de información privilegiada sobre contratos de Defensa. Según han confirmado a infoLibre fuentes del acusador público, también presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo los dos oficiales, que no perderán su condición militar pero sí serán suspendidos de empleo.