En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Juan Calparsoro ha explicado que, tras la sentencia del TEDH contraria a la doctrina Parot la Audiencia Nacional y las provinciales tendrán que examinar el cumplimiento de esta sentencia que, aunque la haya dictado "un tribunal extranjero, forma parte del derecho interno", dado que el convenio europeo ha sido ratificado por España. Por ello, ha insistido, "obliga a todos los poderes" del Estado.
Calparsoro ha dudado "mucho" de que, ante las peticiones de revisión planteadas por numerosos presos, "puedan plantearse" eventuales recursos de la Fiscalía, que "está sujeta al principio de legalidad", y ha añadido que, "en ningún caso, suspende una resolución de puesta en libertad".
"Personalmente opino que va a ser un plazo muy breve cuando se cumplan las previsiones que establece esta sentencia. En el hipotético caso de que un fiscal presentara un recurso, la resolución judicial es de cumplimiento inmediato", ha indicado.
El fiscal vasco ha reconocido que "hace falta cierta pedagogía" ante el rechazo que ha suscitado la resolución del TEDH. En cualquier caso, ha señalado que "siempre hay que evitar el dolor" de las víctimas.
Tras insistir en que no existe "en ningún caso impunidad", ha indicado que Del Río –a la que "en este momento me resisto a llamarle terrorista o asesina" porque "es una persona que, sin duda, lo fue y ya no lo es"– ha cumplido "26 años de cumplimiento efectivo, no ha salido ni un día de prisión, con un regimen de cumplimiento más estricto que el que se sigue con el resto de penados y a una distancia muy alejada de su lugar de residencia habitual".
"Esa persona ha cumplido ya con la sociedad y de una manera muy dura. Se podrá entender que los asesinatos por los que ha sido condenada han sido terribles, pero también hay que valorar y que la sociedad conozca que ha cumplido de manera mucho más rigurosa de lo que puede cumplir otros penados, y en un periodo temporal muy amplio para lo que se aplica en España y en otros países. Ni mucho menos ha salido con un periodo corto de cumplimiento", ha asegurado.
El fiscal ha indicado que la prisión permanente revisable "puede dar la impresión de que se pierde el objetivo final" de resocialización, que "establece la Constitución". No obstante, ha matizado que, en caso de que se apruebe esta medida, "a los 25 años se revisa", de manera que "también puede haber personas que critiquen esa revisión".
También se ha referido a la protesta convocada tras la decisión del Tribunal de Estrasburgo para este fin de semana por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a la que han anunciado que asistirán representantes del PP. Calparsoro, que ha reiterado que el TEDH es "un tribunal que goza de un prestigio muy reconocido en toda Europa", ha subrayado que "uno de los valores del Estado de derecho" es la división de poderes y la sujeción al principio de legalidad.
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"Eso es algo básico", ha indicado Calparsoro, que ha insistido en que el Convenio Europeo supone "la garantía para nuestras libertades y para nuestra igualdad y seguridad".
Por ello, ha planteado que los responsables públicos "tienen derecho, por supuesto, a manifestarse como cualquier ciudadano", pero también "hay que poner en valor que vivimos en un estado de derecho en el que prima, con carácter nuclear, la protección de los derechos humanos".
Preguntado por la conveniencia de que el Tribunal Supremo fije una lectura, ha considerado que, aunque la competencia es de las audiencias que juzgaron en primera instancia, "no estaría mal que el Supremo fijara un criterio" que, "en ningún caso, se puede apartar" de lo establecido por el TEDH. "Viene bien como criterio un poco general", ha apuntado.
En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Juan Calparsoro ha explicado que, tras la sentencia del TEDH contraria a la doctrina Parot la Audiencia Nacional y las provinciales tendrán que examinar el cumplimiento de esta sentencia que, aunque la haya dictado "un tribunal extranjero, forma parte del derecho interno", dado que el convenio europeo ha sido ratificado por España. Por ello, ha insistido, "obliga a todos los poderes" del Estado.