El fiscal Javier Zaragoza ha manifestado este martes que "lo que ocurrió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, pero sobre todo en el otoño de 2017, fue un golpe de Estado". "Eso pretendían los acusados. Eso es el procés'", ha afirmado.
En su opinión, el procés fue "un ataque al orden constitucional" en el que "la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional". "Por eso fue una rebelión y no puede ser una sedición", ha explicado.
"Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y sobre todo, en los meses de septiembre y octubre de 2017, es lo que en la terminología de Hans Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, es lo que se llama golpe de Estado", ha resaltado.
Así lo ha afirmado Zaragoza al inicio de su intervención para exponer el informe de conclusiones de la Fiscalía, en la que ha remarcado que "la única violación de derechos civiles que en este momento se produce en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución".
El fiscal ha hecho una introducción general en la que ha querido dejar bien claro que el juicio del procés que se ha celebrado los últimos cuatro meses en el Tribunal Supremo "nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política".
"No se persiguen ideas políticas ni tiene que ver con la represión de proyectos políticos. Los acusados, y todas sus terminales políticas y mediáticas, son conscientes de ello. La razón de este juicio es haber intentado liquidar la Constitución, atacado gravemente el orden constitucional mediante metodos ilegales, usando la violencia y métodos coactivos", ha resumido el fiscal.
Todo ello, ha añadido, "al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de normativa nacional e internacional". Y es que Zaragoza ha remarcado que no lo reconoce ni la Constitución Española y "ni siquiera la ley de transitoriedad jurídica" que aprobó el Parlamento catalán el 7 de septiembre de 2017.
Al hilo de este asunto, el fiscal ha recordado las palabras que pronunció el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras al inicio de este juicio, según las cuales el Estado "nunca tuvo la intención de dialogar" con la Generalitat. Según ha dicho, Junqueras fue quien "rompió y quebró gravemente la legalidad democrática, se colocó al margen de la ley y responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas". "Es un ejercicio de cinismo sin precedentes", ha subrayado.
En este sentido, Zaragoza ha negado tajantemente que los acusados en este juicio sean "presos políticos", como "tampoco hay detenciones arbitrarias", en referencia a las conclusiones del informe de un grupo de trabajo de la ONU publicado la semana pasada en la que se pedía la puesta en libertad de Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
El fiscal ha censurado que dicho grupo de trabajo de la ONU admitiera "todas las alegaciones de parte" y rechazara las presentadas por el Gobierno español. Si hubiera sido al revés, ha apuntado, "quizá el resultado del informe hubiera cambiado, teniendo en cuenta que no se perseguían ideas".
En su intervención, Zaragoza no ha querido pasar la oportunidad de mencionar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament en la que el expresidente Carles Puigdemont iba a valorar los resultados del referéndum del 1-O y, por tanto, proclamar la independencia de Cataluña.
Liderazgo de Junqueras
Zaragoza ha desgranado uno por uno el papel que, para la Fiscalía, protagonizaron todos y cada uno de los doce acusados, para lo que ha comenzado con Oriol Junqueras, al que ha definido como "motor de la rebelión" por el "liderazgo" que asumió en el desarrollo de todo el proceso.
Según ha resumido el fiscal, Junqueras estuvo en la presentación de la pregunta del referéndum ilegal del 1-O "junto a la plana mayor del independentismo"; la consejería que dirigía asumió "el control de los procesos electorales"; intervino en la aprobación del decreto de convocatoria de la consulta, y todo ello a pesar de que fue advertido por el Tribunal Constitucional "hasta en ocho ocasiones".
También ha destacado que sus manos derechas en la Consejería de Economía y Hacienda, Josep María Jové y Lluís Salvadó, eran los encargados de "toda la infraestructura del referéndum y de la creación de las estructuras de Estado" de la supuesta futura república catalana, por lo que "no es extraño" que en sus respectivos domicilios y despachos "se encontrara numerosa documentación sobre este tema".
Vox: "No ha habido persecución de ideas políticas"
Por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que ejerce como abogado de la formación en el juicio por el procés independentista ha afeado este martes a las defensas de los 12 acusados que hayan intentado hacer de esta vista oral un "juicio político". En esta línea, ha insistido en que este procedimiento "no ha habido una persecución por ideas políticas".
El turno de la acusación popular que ejerce el partido de Santiago Abascal será esta tarde, momento en que sus letrados explicarán al tribunal sus conclusiones por las que mantienen la petición de penas notablemente más altas que la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
"Vamos a trasladar la constancia de todas aquellas pruebas que dejan bien claro que ni ha existido un juicio político como han pretendido hacer o llevar a cabo las defensas de los golpistas, ni ha habido una persecución por ideas políticas", ha dicho 'número dos' de Vox. Ha agregado que "lo que hay es una serie de políticos presos por haber cometido graves delitos".
Asimismo, además de agradecer la labor de los jueces y órganos judiciales que han llevado a cabo la investigación contra el proceso independentista, Ortega Smith ha indicado que este juicio ha servido para "devolver la confianza de los ciudadanos en la Justicia" y que "el resto del mundo vea que España es una democracia consolidada, un Estado serio, donde sus instituciones saben defender los valores del ordenamiento de la Constitución, y su propia unidad como nación".
El juicio del 'procés' no disipa las dudas entre los juristas sobre los delitos cometidos
Por ello, tras recordar que Vox fue quien interpuso la querella contra los líderes independentista "hace dos años" en los juzgados de Barcelona, ha dicho que se siente "satisfecho del desarrollo y del resultado" de la causa.
Vox anunció la semana pasada que mantiene sus peticiones de cárcel por los presuntos delitos de rebelión, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos para los acusados, llegando a pedir la pena máxima, 74 años de cárcel, para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras.
Tan solo ha variado sus conclusiones respecto al exconsejero de Empresa Santiago Vila --el único miembro del gobierno de Carles Puigdemont que no firmó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017--. En vez de organización criminal y malversación, la acusación popular solicita la imposición de una condena por desobediencia, lo que sólo conlleva pena de multa.
El fiscal Javier Zaragoza ha manifestado este martes que "lo que ocurrió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, pero sobre todo en el otoño de 2017, fue un golpe de Estado". "Eso pretendían los acusados. Eso es el procés'", ha afirmado.