División en el Ministerio Público por la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. La renuncia del hasta ahora número uno de los fiscales españoles ha provocado reacciones contrapuestas entre las asociaciones que agrupan a estos funcionarios: mientras la Asociación de Fiscales (AF), de corte conservador, asegura que Torres-Dulce "ha sido un gran fiscal general", la Unión Progresista de Fiscales (UPF) afirma que la situación que deja "es peor que hace tres años".
Este jueves, Torres-Dulce presentó de forma sorpresiva su dimisión como fiscal general del Estado y anunció que quería volver a su antiguo puesto en el Tribunal Constitucional, después de haber levantado todas las sospechas el miércoles por la tarde al retirar dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal. La renuncia de Torres-Dulce se debió, oficialmente, a "motivos personales", si bien dentro de la carrera fiscal era conocida desde hace tiempo la falta de sintonía entre el jurista y el equipo del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
No obstante, los desencuentros no son flor de un día, sino que vienen de lejos. Asuntos como la querella contra Artur Mas por la consulta del 9 de noviembre en Cataluña –donde el Gobierno buscaba una actuación más rápida de la que al final se produjo– o la petición de prisión para el extesorero del PP Luis Bárcenas en el marco del caso Gürtel han sido losas que han lastrado la relación de Torres-Dulce con el Ejecutivo, a pesar de que en la mayoría de decisiones importantes sí que ha habido acuerdo entre Fiscalía y Ejecutivo. Pero estas diferencias no son las únicas: los tres años de gestión del ya ex fiscal general provocan una fuerte controversia entre sus propios colegas, que están totalmente divididos a la hora de valorar su trabajo.
Las discrepancias afectan a todos y cada uno de los puntos clave del mandato de Torres-Dulce, y llegan incluso a la misma dimisión. La conservadora AF ha mostrado en un comunicado su "consternación y preocupación" por la noticia, y ha asegurado que la renuncia supone una "pérdida" para la carrera fiscal. En este sentido su portavoz, Emilio Frías, asegura que Torres-Dulce "ha sido un gran fiscal general del Estado, que ha profundizado en la independencia de la institución". Su opinión es radicalmente contraria a la de Álvaro García, presidente de la UPF, que afirma que "institucionalmente, como carrera fiscal, pero también en cuestión de medios materiales o garantías de independencia, estamos peor que antes".
Quien da un punto de vista más moderado es Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es tajante al aseverar que, a su juicio, el Ministerio Público se encuentra "exactamente igual que antes". "La gestión de Torres-Dulce tiene cosas buenas y también cosas malas, pero a nivel interno ha sido continuista", asegura el funcionario, que insiste en que "no ha habido grandes cambios en el seno de la Fiscalía, a pesar de que debe haberlos". "Torres-Dulce no la ha despolitizado [la Fiscalía], ni la ha dotado de transparencia", abunda Viada, que a este respecto pone como ejemplo que "no hay más que ver que la jerarquía de la carrera está formada por miembros de la AF y la UPF". "El nivel de independencia no ha variado, simplemente la influencia política del PP ha crecido con respecto a la del PSOE", remacha.
"Un fiscal general no debe dimitir"
La actuación que más critica Viada de los tres años como fiscal general de Torres-Dulce es, precisamente, su decisión de presentar la dimisión. "Un fiscal general del Estado no debe dimitir, tiene un plazo de cuatro años que se instituyó en su día, tras pelearlo los fiscales y los jueces, para darle independencia al cargo, para que no estuviera al albur de la opinión de los gobiernos", denuncia el presidente de APIF, que señala que "ahora la sensación que se da es la de que, si hay un pulso, lo va a ganar el Gobierno".
Su opinión la comparte Álvaro García, que sostiene que "alegar motivos personales para dimitir es como no decir nada". "Si no se dicen los motivos reales se da pábulo a otras teorías", explica el presidente de la UPF, que asegura que "si se va por presiones del Gobierno, muy mal por ambos: el Gobierno por interferir en el trabajo del fiscal general del Estado y Torres-Dulce porque debe estar blindado y debe hacer su trabajo con independencia de las presiones que reciba". Viada, en este sentido, se muestra igualmente muy taxativo: "El fiscal general del Estado debe aguantar y luchar".
En este sentido, varios fiscales de la Fiscalía Anticorrupción consultados por infoLibre señalan que con Torres-Dulce al frente del Ministerio Público se han sentido "muy protegidos" a la hora de realizar su trabajo. Por ello, estas fuentes también señalan que, a su juicio, su dimisión ha podido tener que ver con la investigación de varios casos de corrupción relacionados con el PP. Y es que, durante su última comparecencia en el Congreso el 26 de noviembre, Torres-Dulce rechazo ser proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como ejemplos que fue él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos Bolinaga y Matas.
La ausencia de medios
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También chocó el ex fiscal general con el Ejecutivo cuando, en septiembre de este año, pidió públicamente al Ministerio de Justicia que destinase más medios a la lucha contra la corrupción ya que la respuesta judicial es "en exceso lenta y a veces desigual". El entonces ministro Gallardón hizo caso omiso de estas peticiones y el asunto no volvió a aflorar. Pero las asociaciones, que coinciden en lamentar que los medios con los que cuentan los fiscales son escasos para realizar su trabajo, tienen puntos de vista muy diferentes sobre la actuación de Torres-Dulce.
Emilio Frías, de la AF, alaba que el exnúmero uno de los fiscales "pusiera de relieve la necesidad de destinar más recursos" a esta partida, si bien matiza que "la situación económica no permite" un mayor dispendio. No se muestran tan condescendientes García y Viada: el primero asegura que la UPF "pedía una evolución hacia los estándares europeos" que no ha conseguido, mientras el segundo sí le reconoce a Torres-Dulce que "llevaba tiempo pidiendo medios y no se los daban", pero denuncia que, a su juicio, "eso no es un motivo para dimitir".
Es en el tema de la querella contra el president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por la consulta soberanista celebrada el pasado 9 de noviembre en el que los fiscales se muestran más de acuerdo, aunque cada uno de ellos ofrece sus propios matices. Frías, García y Viada coinciden en que la decisión fue legalmente impecable. Sus diferencias son relativas a las manera de presentar esta querella. Y es que, mientras para el portavoz de la AF la gestión de Torres-Dulce en este tema fue "ejemplar", el presidente de la UPF la califica "nefasta". "Se consiguió que pareciera que había dos fiscalías, una en Cataluña y otra en Madrid", afirma García.
División en el Ministerio Público por la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. La renuncia del hasta ahora número uno de los fiscales españoles ha provocado reacciones contrapuestas entre las asociaciones que agrupan a estos funcionarios: mientras la Asociación de Fiscales (AF), de corte conservador, asegura que Torres-Dulce "ha sido un gran fiscal general", la Unión Progresista de Fiscales (UPF) afirma que la situación que deja "es peor que hace tres años".