La Fiscalía alerta de una "deficiente" respuesta a los abusos en la Iglesia y pide investigar casos del pasado

La Fiscalía General del Estado ha alertado de una "deficiente" respuesta al problema de los abusos en la Iglesia católica en España y ha propuesto investigar los casos del pasado, como han hecho en otros países como Australia, Holanda o Austria.

Así lo plantea la Fiscalía en un informe remitido al Ministerio de Justicia – realizado a petición de este– sobre el fenómeno de las agresiones o abusos sexuales a menores en congregaciones, centros de enseñanza e instituciones religiosas.

"Ciertamente, es una realidad compleja, pues se trata de entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad donde la detección de los casos presenta dificultades por diversos motivos", precisa la Fiscalía en el escrito, adelantado este lunes 24 de junio por El País y al que ha tenido acceso Europa Press.

El problema, según precisa, no sólo es una cuestión de "respuesta penal" al hecho delictivo que ha sido denunciado y acreditado sino que también considera que son necesarias iniciativas que permitan detectar los casos que se han podido producir. "Solo de esta manera se puede articular una respuesta penal eficaz, reparar en lo posible a las víctimas y desplegar mecanismos de prevención de estas conductas", puntualiza.

Así, pone el ejemplo de diversas iniciativas de otros países como la Real Comisión creada en el año 2012 en Australia, la Comisión Deetman en Holanda o la Comisión de investigación dependiente de la Conferencia Episcopal en Austria.

El Ministerio Fiscal asegura que colaborará y se implicará en las iniciativas que de esta misma naturaleza pudieran desarrollarse en España "para obtener un conocimiento histórico y extraer las consecuencias del mismo".

Al mismo tiempo, desde la Fiscalía General del Estado se está llevando a cabo un seguimiento de las actuaciones que están llevando a cabo los centros de enseñanza católicos (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza), diócesis de España (como las de Burgos, Sigüenza y Astorga) y la propia Conferencia Episcopal Española, para atajar los abusos.

En todo caso, reconoce que el panorama es "deficiente" y se propone de forma "inmediata" iniciar los contactos con las instituciones y entidades implicadas a fin de establecer cauces de comunicación y colaboración para profundizar en esta línea.

"Es claro que el panorama es deficiente y está necesitado de un mayor impulso y de nuevas iniciativas en relación al establecimiento de mecanismos eficaces para la adecuada prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas en centros e instituciones religiosas, que impliquen a otras instituciones y perfeccionen los mecanismos de actuación", indica.

Evitar filtros internos de verificación 

La Fiscalía también insiste en su informe en la necesidad de que las entidades religiosas donde se sospeche de un abuso sexual a menores lo comuniquen a las autoridades competentes y a la Fiscalía de forma directa y sin pasar por filtros previos. En este sentido, pide una "revisión, actualización y profundo perfeccionamiento de los protocolos".

"Habría de realizarse de forma directa por quien haya recibido la noticia o disponga del conocimiento directo de la sospecha del abuso sexual. Se deben evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información del caso a las autoridades competentes por parte de la Institución en cuyo seno se ha detectado el caso, y ello sin perjuicio, por supuesto, de las medidas que ésta deba o pueda adoptar para evitar reiteraciones de hechos similares en el ámbito de sus competencias", señala.

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En este contexto, la Fiscalía apunta que el Ministerio de Justicia puede desempeñar un "papel fundamental, impulsando y coordinando a nivel estatal los protocolos a elaborar, y asegurando la participación en todas estas iniciativas de las administraciones e instituciones con competencias en materia de menores".

El informe también recoge algunos datos de abusos y agresiones a menores, pero precisa que no disponen de cifras desagregadas por la naturaleza de la institución en la que se han cometido dichos delitos.

Según estos datos, en 2018, el Ministerio Fiscal formuló 761 escritos de acusación por abuso sexual a menores de 16 años, 92 más que en 2017; y 137 por agresión sexual a menores de 16 años, 55 más que el año anterior. Además, se dictaron 514 sentencias penales por abuso, 124 más que en 2017; y 65 por agresión sexual, 23 más que en 2017.