La Fiscalía General del Estado, a través de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, ha comunicado este jueves a Equo el resultado de sus diligencias de investigación sobre la proliferación de incendios en plantas de reciclaje en los últimos años en España. Por un lado, el Ministerio Público no advierte “que exista coincidencia ni relación entre propietarios, titulares o gestores de las plantas que han sufrido estos siniestros (…). No consta que obedezcan a una actuación organizada o coordinada”. Sin embargo, la Fiscalía sí ha considerado conveniente tomar una serie de medidas para intentar atajar una situación que el partido verde considera, como mínimo, sospechosa. Y paradigmática, a su juicio, de las carencias del modelo de reciclaje en España.
El informe de la Guardia Civil, solicitado por la Fiscalía, cifra en 262 los incidentes de este tipo en España desde 2012 a 2017. “Es una auténtica burrada”, lo califica el coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde. Según la denuncia del partido verde, las plantas que ardieron en 2017 fueron 53, “un incremento importante respecto a la cifra de 2016 que fue de 32, y 5 veces más respecto a 2012”. Equo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público en diciembre de 2017. Por entonces, la formación ya aseguraba que era muy difícil que fuera una casualidad. No solo por el incremento: también por el extraordinario número de incendios, sin compararlos año a año.
La propia Fiscalía reconoce que se trata de un número “desmedido” de incendios en plantas, instalaciones o depósitos de residuos, y no se descarta que los hechos “encajen en un tipo penal” debido a las consecuencias medioambientales y para la salud de los fuegos. Por ello, el Ministerio Público exigirá que “todos los sucesos de estas características den lugar de modo indefectible a actuaciones de carácter policial y a la elaboración de un atestado”. Hasta ahora, la mayoría de los incidentes se han cerrado atribuyendo el origen de las llamas a un descuido o un accidente. Posteriormente, los fiscales de Medio Ambiente de todo el país deberán pedir a los agentes dichos atestados, para comprobar que las averiguaciones se han realizado correctamente.
Pese a que no se ha podido descubrir, por el momento, ninguna trama, Equo considera que la comunicación de la Fiscalía trae muy buenas noticias: se van a empezar a investigar sucesos sospechosos que, hasta ahora, no se investigaban. Aún falta para que exista una verdad judicial sobre el tema. Pero López de Uralde apunta a algunas circunstancias que alimentan la certeza del partido de que no se trata de una casualidad, además del número excesivo.
“Está claro que hay un cuello de botella”, afirma el diputado. La materia prima secundaria que se genera tras el proceso de reciclado de algunos plásticos es de baja calidad, por lo que no se le encuentra salida. Otros plásticos, directamente, no pueden reciclarse, por entrar en el contenedor demasiado contaminados o contener materiales incompatibles. Los residuos, por tanto, se van acumulando, lo que convierte en peligrosos e inflamables los lugares donde se acumulan.
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A ello se le suma la decisión de China de dejar de importar materia prima secundaria a principios de 2018, lo que agrava la acumulación. Hasta entonces, todo el material que salía del proceso de reciclaje se vendía directamente a empresas del gigante asiático, pero se cerró el grifo. Sin embargo, los datos de 2017 no están influenciados por esa circunstancia.
López de Uralde apunta a los llamados “gestores piratas” de residuos como posibles responsables de la ola de incendios. Cobran por la recepción de la basura y de los materiales a reciclar y, al prender fuego o desprenderse de lo acumulado, se evitan el gasto de gestionarlo correctamente. “Y eso sin contar el dinero que pueden recibir si tienen contratado algún seguro”, apunta el diputado. Es parecido a lo que pasó en el incendio de 2016 de la planta de Chiloeches, en Guadalajara. El juez determinó que una “mafia” de empresarios y políticos había montado una trama para recibir residuos tóxicos cobrando por su gestión y dejarlos en vertederos de residuos no tóxicos, una opción mucho más barata que la legal y adecuada.
El coportavoz de Equo celebra que las nuevas normativas que vendrán en los próximos meses de la Unión Europea prohibirán el uso de determinados plásticos imposibles de reciclar, camino a la tan deseada economía circular. Otras voces llaman a la prohibición de los plásticos de un solo uso como medida drástica, pero eficaz, para evitar la acumulación de residuos. Sean cual sean las decisiones a tomar, todo apunta a que el modelo futuro debe basarse en consumir menos y no en reciclar más: al menos con un sistema que, en ciertos aspectos, demuestra su ineficiencia.
La Fiscalía General del Estado, a través de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, ha comunicado este jueves a Equo el resultado de sus diligencias de investigación sobre la proliferación de incendios en plantas de reciclaje en los últimos años en España. Por un lado, el Ministerio Público no advierte “que exista coincidencia ni relación entre propietarios, titulares o gestores de las plantas que han sufrido estos siniestros (…). No consta que obedezcan a una actuación organizada o coordinada”. Sin embargo, la Fiscalía sí ha considerado conveniente tomar una serie de medidas para intentar atajar una situación que el partido verde considera, como mínimo, sospechosa. Y paradigmática, a su juicio, de las carencias del modelo de reciclaje en España.