La Fiscalía quiere identificar cinco años después a los "autores intelectuales" del 'Protocolo de la Vergüenza'
Cinco años después de la aprobación del Protocolo de la Vergüenza, la Fiscalía Provincial de Madrid pide investigar a quien lo elaboró y a quien lo firmó. El documento supuso un bloqueo del traslado a los hospitales de los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo —tuvieran o no covid— y fue una orden que nunca antes había existido y cuyos efectos cesaron cuando se superó lo peor de la crisis sanitaria. Además, "fueron muy pocas" las comunidades que aprobaron "este tipo de protocolos". Y en ningún caso fueron igual de restrictivos que en Madrid. Por eso hay que investigarlo. Y por eso hay que poner el foco, sobre todo, en los que fueron los "autores intelectuales" de la Administración y quienes, además, lo firmaron.
Así lo defiende el Ministerio Público casi cinco meses después de que las organizaciones de familiares de víctimas Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia presentaran una denuncia en la Fiscalía de Madrid por un presunto delito de denegación de la asistencia sanitaria por discriminación contenido en el artículo 511 del Código Penal. Lo hacían en nombre de 109 personas que representaban a 115 residentes, 111 de los cuales habían fallecido durante los peores meses de la pandemia. Y lo hacían en concreto poniendo el foco sobre 29 personas, entre los que se encontraban los que fueran directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, los dos nombres sobre los que ahora pone el foco la Fiscalía solicitando a los juzgados su declaración como investigados. En cualquier caso, las organizaciones de familiares no descartan que la expresión "autores intelectuales" pueda ampliar la denuncia a cargos superiores.
Lo ha hecho por el momento en diez decretos emitidos por la Fiscalía Provincial, sobre la que recayeron 53 de esos 109 casos. El resto fueron a parar a otras fiscalías de área: 13 a la de Alcalá de Henares, 28 a la de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón y 15 a la de Getafe-Leganés. Ocurrió así un mes después de presentarse la macrodenuncia, cuando la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se declaró incompetente, una actuación que las organizaciones de familiares tachan de "criticable" porque se podía haber resuelto, subrayan, "en horas".
En cualquier caso, los familiares de esos 53 casos fueron escuchados entre los meses de enero y febrero y desde Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia aplauden "el trato humano y empático" que se les ofreció, así como "el enorme trabajo" realizado, que contrasta, dicen, con la "pasividad absoluta" mostrada por Lastra.
"Se dispensó un trato diferente"
De esos 53 casos que recayeron en la Fiscalía Provincial, cinco han sido objeto de una nueva denuncia ante los juzgados, mientras que los otros 48 ya contaban con querella previa. Hasta este lunes se habían recibido diez decretos relativos a estos últimos y en todos ellos se pedía lo mismo: la toma de declaración como investigados de los "autores intelectuales" que elaboraron y firmaron el Protocolo de la Vergüenza y que ya habían sido identificados en la macrodenuncia presentada en octubre. Es decir, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo.
La importancia en cualquier caso resulta de la argumentación utilizada para ello. En primer lugar, la Fiscalía explica que se cambió el método de las derivaciones hospitalarias de los residentes, que antes de la crisis sanitaria podían ser trasladados a los hospitales sin necesidad de una autorización de un geriatra del centro y sin tener que justificar la decisión al servicio de ambulancia. Durante la crisis del covid, sin embargo, se les dispensó "un trato diferente", puesto que "se denegó una hospitalización a muchos residentes a la que tenían derecho y de la que en situaciones anteriores habían disfrutado, cambiándose la pauta de actuación".
Tal y como desveló infoLibre, el Protocolo de la Vergüenza, cuya primera versión se aprobó el 18 de marzo de 2020, impedía que los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo pudieran ser trasladados a los hospitales, tuvieran o no covid. El decreto de la Fiscalía Provincial alude a ello. En concreto, el Ministerio Público señala que algunos de los informes hospitalarios presentados por los denunciantes mostraban que algunos fallecidos habían sido ingresados antes de la pandemia por causas como bronquitis, infecciones de orina o caídas.
La excepcionalidad de Madrid
La Fiscalía Provincial tampoco se queda ahí. Según explica y destacan las organizaciones de familiares, "fueron muy pocas las comunidades autónomas de nuestro país que dictaron este tipo de protocolos, significando especialmente a la Comunidad de Madrid". Contradice así el Ministerio Público a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a su equipo, que han defendido en numerosas ocasiones que lo sucedido en la región no fue excepcional, a pesar de que varios estudios y los datos demostraban lo que ahora acreditan los fiscales.
Como publicó este periódico, el Gobierno catalán también aplicó un protocolo, pero con un contenido menos restrictivo. En concreto, recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con covid, aunque los datos mostraron después que durante varias semanas muchos centros no pudieron derivar a los mayores que caían enfermos. Sin embargo, los datos hablan por sí solos.
En la Comunidad de Madrid fallecieron 7291 residentes sin traslado al hospital, el 77% del total de los 9470 usuarios de geriátricos que murieron entre los meses de marzo y abril de 2020. En Cataluña, en cambio, murieron 2797 ancianos. El 72%.
No ha habido reuniones con Lastra
Este lunes por la mañana, antes de que las organizaciones de familiares emitieran su comunicado conjunto, era la Fiscalía Superior de Madrid la que informaba de que había judicializado nueve casos de presunta discriminación. Según aseguró además el organismo, la propia Lastra se reunió en noviembre con las plataformas de víctimas, un extremo que ellas mismas desmienten llegando incluso a hablar de un "bulo" que debe ser rectificado de manera "inmediata". "Por noticias publicadas en prensa, parece ser que Lastra se reunió con otra asociación de familiares, que nada tiene que ver con nuestras dos entidades y que en ningún momento participó en nada relacionado con la denuncia colectiva", explican desde Marea de Residencias y Verdad y Justicia.
La reunión efectivamente tuvo lugar con la organización Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), nacida el pasado mes de mayo.
En cuanto al resto de las denuncias que recayeron en el resto de fiscalías de área, las organizaciones de familiares aseguran que sus datos no coinciden con los ofrecidos por la Fiscalía Superior de Madrid. Según las víctimas, la de Móstoles-Fuenlabrada ha denunciado cuatro casos de los 28 que le recayeron, mientras que la de Getafe-Leganés lo ha hecho con otras seis (de 15) y la de Alcalá de Henares con otras tres (de 13).
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Esta macrodenuncia supuso abrir una nueva vía en la estrategia que habían seguido hasta entonces en los tribunales. En su día denunciaron cuatro delitos —homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio— que de momento no han prosperado en los tribunales. En octubre del año pasado, aportaron nuevas pruebas para denunciar este otro delito y entre esa nueva documentación constaba, por ejemplo, que gran parte del personal sanitario que hacía falta en los geriátricos había sido enviado al "hospital milagro" de Ifema y que las derivaciones empezaron a limitarse antes incluso de la aprobación del Protocolo de la Vergüenza.
Ahora todo queda en manos de los jueces que han recibido estas denuncias, que tienen ahora un plazo de seis meses para dirigir la investigación e impedir así que estos delitos prescriban para siempre. Desde Mares de Residencias y Verdad y Justicia piden a los denunciados "que tiren de la manta y señalen quiénes fueron esos autores intelectuales del Protocolo" y a la comunidad de Madrid "que colabore con la Justicia y entregue en los juzgados toda la documentación que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido".
El Ejecutivo de Ayuso espera, por su parte, que todo se archive. "Entiendo que la Fiscalía hace una vez más de fiscalía de Sánchez, pone en conocimiento del juzgado estas denuncias y espero que los juzgados sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora, dar la razón, no a la Comunidad de Madrid, a todos y cada uno de los profesionales que durante la pandemia lo dieron absolutamente todo para salvar vidas", señaló este lunes su portavoz, Miguel Ángel García.
