La Fiscalía europea cierra la investigación del contrato de mascarillas que benefició al hermano de Ayuso

La Fiscalía Europea da carpetazo a la investigación abierta por el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas del que se benefició económicamente Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El procedimiento, resaltan en un comunicado, se ha archivado "por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito". Así, sostienen que no se ha acreditado que el precio abonado "fuera desproporcionado" ni que se hubiera producido un "incremento indebido" por la intervención de personas ajenas a la empresa que resultó adjudicataria: Priviet Sportive SL, la firma de un amigo de la familia que consiguió hacerse con la licitación del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de la Comunidad de Madrid.

Anticorrupción confirma que el hermano de Ayuso obtuvo 234.000 euros de “comisión comercial” pero no ve “ilegalidad alguna”

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Este organismo comunitario era el único que en estos momentos mantenía abierta una investigación alrededor de la adjudicación, centrada en un posible delito de malversación de fondos europeos. Anticorrupción dio carpetazo a sus pesquisas el pasado verano al entender que el "análisis" del caso no permitía "concretar ilegalidad alguna". En su decreto de archivo, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, resaltó que no constaba "intervención directa o indirecta" de la presidenta regional en el expediente de contratación ni tampoco "de la mediación en su nombre" de Tomás Díaz Ayuso "ante funcionario o autoridad alguna". No obstante, aquellas pesquisas pusieron de manifiesto que el hermano de la presidenta obtuvo 234.000 euros de "comisión comercial" y que las mascarillas se vendieron por el triple del coste.

Durante meses, los fiscales europeos delegados han tomado declaraciones, han analizado la documentación aportada, han comprobado la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas, han requerido información a distintas entidades –Agencia Tributaria, Sermas o Asociación Española de Normalización y Certificación–, han recabado informes de la Guardia Civil y han nombrado hasta un perito para examinar la documentación. Y, de todo ello, han concluido que no hay indicios suficientes sobre la comisión de un delito.

En este sentido, resaltan que no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendiendo a la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera "sufrido un incremento indebido" derivado de la "intervención de personas ajenas a la empresa". Además, resaltan, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la adjudicataria y no por el Gobierno madrileño. Y señalan que la propuesta de archivar el caso "ha sido valorada y confirmada" por tres fiscales europeos de distintos Estados miembro.