El Ministerio Público no alargará durante más tiempo las pesquisas sobre la tragedia vivida el pasado verano en el paso fronterizo entre Nador y Melilla. Tras casi seis meses de investigación, la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, considera que ya no quedan más hilos de los que seguir tirando y que, por tanto, no tiene sentido alguno prorrogar otro medio año más la investigación sobre el fallecimiento el pasado mes de junio de varias decenas de migrantes cuando trataban de alcanzar suelo español a través del puesto del Barrio Chino. Así lo aseguran las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, que apuntan a que a finales de esta semana o principios de la siguiente se dará a conocer si el Ministerio Público judicializa el caso o lo archiva. Las principales organizaciones pro derechos humanos, con las que no se ha hablado durante la investigación, se esperan lo peor: "Al final se acabará archivando".
Los hechos sucedieron a primera hora de la mañana del 24 de junio. Aquel viernes, cientos de personas, la mayoría refugiados sudaneses, se dirigieron al puesto fronterizo con el objetivo de acceder a territorio español. Con mazas y hasta una radial, el grupo trató de atravesar la verja que separa ambos territorios mientras volaban piedras, palos y material antidisturbios –se emplearon aquella mañana 86 botes de gas lacrimógeno, 28 de humo, 41 aerosoles de gas pimienta o 65 pelotas de goma–. De pronto, las puertas cedieron y se produjo una avalancha humana que se saldó con una montaña de cuerpos apilados a uno y otro lado de la cancela pidiendo una asistencia sanitaria que nunca llegó. Las cifras oficiales hablaron entonces de 23 muertos, pero los colectivos de derechos humanos contabilizaron más de una treintena. Una tragedia que dio la vuelta al mundo.
Cuatro días después, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería solicitó la apertura de una investigación. La entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le dio luz verde ante la "trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos". A partir de ese momento, Sánchez tenía seis meses para indagar sobre la tragedia. Ese plazo, que cumple el próximo miércoles, no es cerrado. La fiscal puede solicitar, si así lo considera, prórrogas si aún le quedan comprobaciones por hacer o hilos de los que tirar. Pero en este caso, explican las fuentes jurídicas pulsadas, no lo hará. "Está ultimando el informe", resaltan esas mismas fuentes, que deslizan que a finales de esta semana o comienzos de la que viene se conocerá si el Ministerio Público judicializa el caso o si le da carpetazo definitivo.
Los principales colectivos en defensa de los derechos humanos no se muestran demasiado optimistas. "Si hasta noviembre no se exigieron al Ministerio del Interior todas las imágenes sobre lo sucedido, lo lógico sería haber prolongado la investigación", apuntan desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). "Nos da mala espina. Al final, la Fiscalía va a terminar archivando sin dirigir responsabilidad penal", vaticinan desde la Coordinadora de Barrios. Si finalmente se da carpetazo al asunto, los colectivos estudiarán qué pasos dar o si hay margen para judicializar el caso ellos por su cuenta. "Cuando llegue el momento, lo debatiremos en los órganos de decisión de la organización", resaltan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
"No hemos recibido respuesta ni se nos ha convocado a una reunión"
Tampoco Amnistía Internacional valora en estos momentos presentar una querella por su cuenta: "Lo hemos hecho en algunas ocasiones, como es la memoria histórica, pero no es nuestro modus operandi habitual. No contamos con los recursos necesarios para llevar a cabo un proceso judicial en todas las ocasiones que lo merecen". El colectivo, no obstante, señala que continuará con su "trabajo" de "presión pública" y de "diálogo con las autoridades" para que una situación como esta "no vuelva a repetirse nunca más". En este sentido, la organización hizo público un informe la pasada semana en el que se denunciaba el uso "generalizado de fuerza ilegítima" por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes y la falta de asistencia sanitaria a los migrantes a ambos lados de la frontera cuando se produjo la avalancha.
Desde Amnistía Internacional aseguran que remitieron aquel documento a la Fiscalía y otras autoridades "con anterioridad" y que el Ministerio Público "tuvo acceso a la información" que ellos mismos manejaron para elaborar el estudio. "De momento, no hemos recibido respuesta ni hemos sido convocados a ninguna reunión", apuntan. Tampoco la Fiscalía ha mantenido contacto durante la investigación con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Coordinadora de Barrios o el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). Una falta de comunicación a la que, no obstante, restan importancia algunos de los colectivos. "Tampoco podíamos aportar nada relevante", sostienen desde la delegación en Melilla del SJM.
Eso no quiere decir, sin embargo, que no se haya escuchado a todas las partes que vivieron de cerca la tragedia en el paso fronterizo. De hecho, lo primero que hizo la fiscal de Sala de Extranjería tras abrir diligencias fue viajar a la ciudad autónoma para entrevistarse con algunos de los más de un centenar de migrantes que consiguieron cruzar la frontera aquella mañana de verano. Aunque puede parecer obvio, no es algo que siempre se haga. En el caso del hacinamiento que se produjo en plena pandemia en Arguineguín (Mogán, Gran Canaria), cuyo archivo definitivo se decretó el pasado mes de enero tras un baile de fiscales, no se interrogó a ninguno de los más de dos millares de migrantes que llegaron a acumularse en aquel muelle, según informa el diario El País.
Declaraciones de agentes, vídeos y comunicaciones
La fiscal de Sala de Extranjería también se sentó a hablar en aquel viaje con los miembros de la Guardia Civil encargados de la vigilancia en la frontera. De hecho, buena parte de las pesquisas que se han hecho a lo largo de estos seis meses se han centrado justo en eso, en recabar toda la información posible del Instituto Armado. Así, ha tomado declaración a los agentes que participaron en aquella actuación, uno de los cuales, que resultó herido, afirmó que advirtió en aquella jornada una "beligerancia, hostilidad y violencia inusitada". Entre ellos, al jefe del operativo o a quienes controlaban el dron y el helicóptero aquella mañana. Además, la fiscal ha podido examinar las conversaciones entre la tripulación de la aeronave y el mando que se encontraba al frente del operativo.
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A la investigación también se han incorporado las grabaciones tomadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquella jornada, que pueden ser claves para determinar si los agentes eran consciente de la gravedad de lo sucedido y, a pesar de ello, decidieron no prestar auxilio. Estas imágenes fueron, de hecho, las que provocaron una pequeña fricción entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. A comienzos de noviembre, la Fiscalía pidió al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska la totalidad de los vídeos al haber detectado saltos temporales, algunos en momentos relevantes, en las grabaciones de las que disponía. Interior dijo que no había más imágenes. Y detalló en un escrito que esos saltos eran fruto de los límites de autonomía del dron y de que el helicóptero tuvo que parar a repostar.
Un punto negro en la gestión de Marlaska
Aquellas grabaciones estuvieron meses guardadas bajo llave. De hecho, hasta el pasado mes de noviembre solo tuvieron acceso a las mismas el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, que a mediados de octubre afeó al Gobierno que hubiera efectuado un rechazo en frontera de 470 personas "sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales" –Interior siempre habló de un centenar– y sostuvo que no resultaba "plausible" que los agentes que participaron en el operativo no tuvieran "conocimiento alguno de la situación de riesgo". Fue justamente después de que la BBC emitiese una investigación en la que apuntaba a la responsabilidad de España en la tragedia cuando Interior accedió a que un grupo de diputados pudiera tener acceso a parte de las imágenes durante una visita a Melilla. Dos semanas más tarde, 74 vídeos se visionaron en la Comisión de Interior del Congreso.
La tragedia de Melilla es uno de los puntos negros en la gestión de Grande-Marlaska. El ministro siempre ha mantenido que no hubo un solo muerto en territorio español porque donde se produjo el incidente es "tierra de nadie" o "zona operacional conjunta". Esto es algo que rechazan tanto los expertos como el Catastro o el Instituto Geográfico Nacional, que sitúan la explanada donde se produjo el embudo mortal en suelo nacional. Pero sus explicaciones nunca han convencido a la mayoría del Parlamento. A pesar de ello, en el Congreso de los Diputados no habrá, por el momento, una comisión de investigación sobre lo sucedido. PSOE, PP, Vox y Ciudadanos se encargaron de frenarla a mediados de noviembre. Ahora, todas las miradas se sitúan sobre la inminente decisión final de la Fiscalía.
El Ministerio Público no alargará durante más tiempo las pesquisas sobre la tragedia vivida el pasado verano en el paso fronterizo entre Nador y Melilla. Tras casi seis meses de investigación, la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, considera que ya no quedan más hilos de los que seguir tirando y que, por tanto, no tiene sentido alguno prorrogar otro medio año más la investigación sobre el fallecimiento el pasado mes de junio de varias decenas de migrantes cuando trataban de alcanzar suelo español a través del puesto del Barrio Chino. Así lo aseguran las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, que apuntan a que a finales de esta semana o principios de la siguiente se dará a conocer si el Ministerio Público judicializa el caso o lo archiva. Las principales organizaciones pro derechos humanos, con las que no se ha hablado durante la investigación, se esperan lo peor: "Al final se acabará archivando".