La Fiscalía no ve indicios suficientes para imputar a Rajoy en 'Kitchen', el caso que atenaza a su núcleo duro

Los nuevos datos que han aflorado al levantarse el secreto sobre Kitchen, el operativo de espionaje a Luis Bárcenas y su mujer para robarles archivos que incriminasen al PP, no tendrán consecuencias para Mariano Rajoy. Al menos, de momento. Mientras la imputación del ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se vislumbra ya a la vuelta de la esquina y, aunque en menor grado, la amenaza se cierne también sobre la antigua número dos del partido, María Dolores de Cospedal, el antiguo jefe de ambos permanece a resguardo.

El escenario remite como una especie de déjà vu a lo ocurrido en Gürtel, aunque entonces gozaba de aforamiento ante el Tribunal Supremo por su condición de presidente del Gobierno y ahora no: Rajoy prestó declaración en el primer gran juicio de la trama pero en calidad de testigo. En lo que respecta a sus dos subordinados, Fernández Díaz y Cospedal, Anticorrupción ha pedido ya al juez Manuel García Castellón que los llame como investigados. La Fiscalía no ve por ahora indicios de delito contra Rajoy. Tampoco el juez, que previsiblemente hará pública la próxima semana su decisión sobre los dos exministros: el de Interior y la de Defensa. La tomará también, salvo retraso inopinado, sobre el último miembro de la tripleta de posibles nuevos imputados: el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro.

Fuentes consultadas por infoLibre sostienen que para la imputación del presidente no se desprenden motivos del informe policial que le atribuye "conocimiento" de la Operación Kitchen. Que Rajoy conociese la existencia de un dispositivo policial –remarcan las fuentes– no significa que estuviese al tanto de su ilegalidad. Tampoco –agregan las fuentes– ofrece indicios sólidos el relato que ante el comisario Villarejo trazó el chófer-espía de Bárcenas sobre las supuestas pruebas que aseguró haber visto. Pruebas de viajes en avión de Rajoy pagados por la trama Gürtel en 2004. Que hubiese pagado la principal empresa de Correa, Special Events, era lo que podía "joder 'al barbas". Se lo contó a Villarejo en octubre de 2013 el chófer Sergio Díaz. Pero que Díaz proclamase que los Bárcenas tenían prueba de aquello tampoco resulta suficiente, insisten quienes conocen el caso.

En lo que concierne a Fernández Díaz, Anticorrupción se muestra rotunda. Los indicios de la participación del entonces ministro del Interior para que se llevase a cabo la Operación Kitchen "y se financiara con cargo a los fondos reservados" son "muy numerosos y concluyentes". En lo que la Fiscalía considera un enjambre de datos que atrapan penalmente a Fernández Díaz figuran los mensajes que en julio de 2013 cruzó con el entonces secretario de Estado de su ministerio, Francisco Martínez, hasta ahora el único político imputado. Uno de esos mensajes, enviado por Fernández Díaz, resulta aparentemente esclarecedor. En una conversación sobre los documentos escondidos por Bárcenas, Martínez le pide lo que tiene todos los visos de referirse a un contacto con el CNI: el "contacto cecilio". Y le anuncia que tiene el teléfono activado aunque está de viaje. En ese momento, su superior le responde con tres frases. "Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info... "

El 18 de octubre de 2013, Fernández Díaz envió un mensaje a Francisco Martínez. Y decía esto: "La operación se hizo con éxito: se ha volcado todo ( 2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a traves de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda (...) Otra cosa es q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información ... veremos. Te informo".

Respecto a Cospedal, el informe de la Fiscalía subraya que su "primera vinculación" con Kitchen "estribaría en que tendría interés personal" en el éxito de la operación. Y por dos razones: "Directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma" E "indirecta, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo".

Pero eso no es todo. En su informe, Anticorrupción invoca una tercera "vinculación, si bien indirecta" con "la gestación de la Operación Kitchen". El informe de Anticorrupción desgrana de inmediato a qué se refiere: "Una grabación efectuada por el investigado José Manuel Villarejo en julio del año 2009". Villarejo asiste en la sede del PP en la madrileña calle Génova a una reunión con Cospedal y su marido. ¿El contenido de ese encuentro? "El ofrecimiento a Villarejo, con la aceptación por parte de este funcionario policial, de la ejecución de "encargos puntuales" que serían sufragados con fondos del Partido Popular, encargos que podrían ya entonces estar relacionados con la investigación policial y judicial de casos de corrupción que afectaran a miembros del Partido Popular, entre ellos, el denominado caso Gürtel".

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El informe de los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano desvela que un lote de documentos denominados Proyecto SMP y que hasta ahora habían permanecido en el más estricto secreto delata cómo el policía tuvo contactos con un abogado de miembros del PP investigados en el caso Gürtel. ¿El porqué y para qué de aquel acercamiento a quien, citando los papeles de Villarejo, el informe define como "Letrado Director"?  Básicamente, que la empresa de cabecera del grupo societario de Villarejo, Cenyt, desarrollaría un "proyecto de estrategia jurídica" con el "objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG", es decir, del "Sumario Gürtel", como remarca la Fiscalía en su informe.

Iniciada en 2013 cuando ya la contabilidad secreta del PP –los papeles de Bárcenas– estaba en manos del juez que instruía el caso de la trama de Francisco Corre, Kitchen implicó el uso de medios policiales y parapoliciales. Como objetivo oficial aparecía la localización del patrimonio oculto de Bárcenas. Pero todo indica, y así lo sostiene en su informe la Unidad de Asuntos Internos, que el verdadero fin era localizar papeles comprometedores para la cúpula del PP. Y, por supuesto, hacerse con ellos sin dar traslado al juez Pablo Ruz. Es decir, el que dentro del sumario Gürtel ya investigaba los manuscritos contables del extesorero.

El dispositivo de vigilancia comportó el gasto de al menos 53.000 euros de fondos reservados: esa es la cifra conocida hasta la fecha y salió del Ministerio del Interior. Hasta ahora no se sabe cuántos agentes participaron en los seguimientos a Bárcenas, su esposa y personas de su entorno. Pero sí ha trascendido que la unidad policial de que se valió la llamada policía patriótica disponía de 71 miembros en aquellas fechas.