La Fiscalía se opone a retransmitir el juicio por los ordenadores de Bárcenas, aunque pide que se facilite el acceso a la prensa

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 31 en el que se opone a que se retransmita en directo el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas aunque insta a que se graben las sesiones y que se permita acceso a los medios de comunicación, es decir, que se celebre audiencia pública.

En un escrito de dos párrafos remitido la semana pasada al juzgado y difundido este martes, el Ministerio Público se opone a la retransmisión "en aras a garantizar el derecho de defensa", para evitar "que los testigos que hayan de declarar en el juicio oral puedan tener conocimiento de lo que hubiesen declarado otros testigos o, incluso, los propios acusados" y proteger "la identidad e intimidad de aquellos testigos anónimos que han sido llamados a declarar".

El juez accede a la petición del PP y prohibirá la emisión en directo del juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

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La Fiscalía añade, no obstante, que su postura "en ningún caso supone que, dado el interés relevante y público de la causa, se adopten las medidas oportunas para permitir la grabación o puesta a disposición de los medios necesarios para que los medios de comunicación acreditados puedan tener acceso a la citada Vista Oral y de lo que allí suceda".

El escrito se produce tras la petición del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había solicitado permiso al juzgado para proporcionar señal en directo de las sesiones a la prensa en "aras de la transparencia judicial" y dado "el interés social" del procedimiento en el que el PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán se sientan en el banquillo por la destrucción "a conciencia" de los ordenadores que Bárcenas usaba en la sede del partido.

Las defensas de los procesados, incluido el Partido Popular, han remitido escritos al juzgado oponiéndose a la emisión al entender que no existe ese interés social, puesto que las personas que comparecerán como acusadas, especialmente la que representa a la formación política y que ha sido designada para tal fin, son anónimas y quieren seguir siéndolo. Creen que el objetivo es un juicio paralelo y que perjudicaría, además del honor, el derecho de defensa.