La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión para el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros, ha informado Europa Press.
Así consta en la calificación fiscal al Juzgado de Instrucción número 8 de València, que instruyó este caso en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana en la época de Zaplana, a través de una organización formada por un núcleo de personas cercanas al expresident.
Camps pide al tribunal de 'Gürtel' que no tenga en cuenta las confesiones de los arrepentidos para juzgarle
Este grupo, según señala la calificación a la que ha tenido acceso Europa Press, operaba a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico.
El pasado mes de junio el juzgado instructor dictó un auto por el que dio por concluida la fase de instrucción y emplazaba a la Fiscalía y las demás acusaciones a solicitar la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Junto a Zaplana, Fiscalía acusa a otros investigados en la causa como el considerado presunto testaferro del 'expresident', Miguel Barceló; el también 'expresident' de la Generalitat José Luis Olivas, y los empresarios Vicente y José Cotino, entre otros.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión para el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros, ha informado Europa Press.