El fiscal de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación de ongi etorris -actos de homenaje- a presos de ETA ha recurrido la decisión del magistrado Manuel García Castellón de prorrogar la instrucción para ampliar la investigación a chats presuntamente administrados por Sortu en los que se impartirían directrices e instrucciones sobre cuestiones relacionadas con presos y fugados porque no encuentra delito en los mismos y son ajenos a la investigación. En once páginas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Carlos García Berro indica a la Sala de lo Penal que la decisión del juez "dista mucho de ser ajustada a derecho" y recuerda que el propio magistrado ya en octubre de 2023 consideró "finalizada la instrucción".
Dado que la decisión de prórroga fue adoptada por el juez en enero a raíz de un escrito de Dignidad y Justicia (DyJ), el fiscal se detiene en los argumentos de la asociación de víctimas y explica que los hechos a los que hace mención son "completamente ajenos a la instrucción" y que sólo se refiere como única diligencia de instrucción que restaba por practicar "al libramiento de mandamiento judicial a la compañía Telegram para que informara sobre la titularidad de canales así como la identificación de los administradores de los mismos".
El Ministerio Público acusa a DyJ de pretender realizar "una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen". Cabe recordar que García Berro pidió al juez que acordase el procesamiento de los etarras Antón López Ruiz, alias 'Kubati', Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio, 'Pipe', el de los dirigentes de Sortu Haimar Altuna y Oihana Garmendia, así como la miembro de 'Kalera Kalera' Oihana San Vicente.
Los chats de Sortu y Sare
La asociación de víctimas, sin embargo, pidió al magistrado que diese marcha atrás a su decisión de cerrar la investigación y siguiese adelante con la misma al considerarlo una decisión prematura. El magistrado, que coincide en este punto, señala que del análisis de los dispositivos informáticos de Eguilaz y San Epifanio se desprenden una serie de indicios. En uno de los chats administrados por Sortu, Eguilaz recibiría según el juez "abundante información sobre actos y movilizaciones y mensajes sobre la puesta en libertad de los presos de la organización terrorista ETA, que después eran difundidos por organizaciones como Etxerat o la revista Kalera.info".
"En dicho canal se publican directrices e instrucciones relativas a la actividad en determinados ámbitos, y la aplicación posterior de dichas directrices por parte de los medios de difusión de Sortu", sostenía el magistrado. El juez, además, también ponía el foco en un canal de Telegram, que estaría administrado por la red ciudadana Sare.
Fuera de plazo
El fiscal, que combate esta ampliación de la investigación, defiende que "en ningún caso podrán ser acordadas la práctica" de nuevas diligencias porque han sido solicitadas fuera del plazo, subraya que lo que se investiga son esos actos de homenaje a etarras a su regreso o por su fallecimiento, y fija que lo que se ha investigado es una "organización criminal de carácter no terrorista (...) que tiene por objeto la comisión de hechos constitutivos de un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento de los que han participado en actos terroristas".
Matiza que "descartado el delito de enaltecimiento del terrorismo, habría un delito de enaltecimiento del terrorista y de humillación a las víctimas (...), figuras más cercanas al delito de odio" por lo que se estaría "ante un supuesto de ausencia de potencialidad de generar un riesgo real dada la ausencia de terrorismo de ETA por disolución de la banda".
Los canales de Telegram
Una vez fijada su posición sobre lo que considera que debe abarcar la investigación, el fiscal analiza los chats de Telegram y el uso dado de los mismos por el investigado Sáez de Eguilaz. Resalta que de uno de ellos denominado sortu - herritmoa bizitu, del que el instructor considera necesario saber la identidad de los administradores, ya existe un informe de la Guardia Civil que aclara que lo administra Sortu y que "la información pretendida es perfectamente inútil" porque las noticias de excarcelaciones "afluían por muy distintos canales".
Destaca además, en contra del criterio de García Castellón, que en ese chat "ni se imparten directrices e instrucciones ni la actividad desplegada en dicho medio de comunicación social es constitutiva de actividad criminal de ningún género", por lo que apunta que en caso de ser investigado se estaría "incurriendo en una investigación prospectiva". Recuerda que esos canales de Telegram son unidireccionales y por tanto no permiten interacciones con los suscriptores, por lo que el hecho de que un suscriptor reciba un mensaje no presupone interacción alguna. E indica que es el caso de Sáez de Eguiluz que en septiembre de 2020 recibió un mensaje en el que se decía 'el preso vasco Rufino Arriaga natural de Ordizia en libertad tras 23 años en prisión'.
"¿Dónde se quiere ver aquí la impartición de una directriz o de una instrucción?, ¿qué actividad de apariencia delictiva se quiere ver en esta publicación?, ¿qué conexión se ansía ver en una publicación abierta con la organización criminal objeto de imputación?", se pregunta el fiscal. Tras esto, explica que en el canal de Telegram de Sare tampoco "se atisba indicio de criminalidad alguno ni tampoco se intuye qué relación pudiera existir, más allá del mero voluntarismo, con la organización criminal que es objeto de imputación".
Los chats de San Epifanio
Sobre los mensajes en el canal al que estaba suscrito San Epifanio, otro de los investigados, y en concreto el de BarneKorm -"Comité Interno" de Sortu- relativo a la detención de Josu Ternera, el fiscal recuerda que el objeto de la causa es la organización criminal Kalera Kalera, dirigida a la organización de los ongi etorris, es decir, los actos de homenaje a los presos de la banda terrorista ETA cuando salen de prisión, pero no cuando ingresan. El fiscal usa el mismo argumento para los mensajes relacionados con otras detenciones e insiste que "puede haber instrucciones y directrices, pero orientadas a concentraciones totalmente ajenas a los ongi etorris".
García Castellón reabre la causa sobre los 'ongi etorris' a presos etarras para investigar chats de Sortu
Tras esto, el fiscal ataca la petición de Dignidad y Justicia de que se tome declaración como imputados al parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, al exconsejero de Justicia vasco Joseba Azcárraga, al etarra Jorge García Sertucha y al abogado Txema Matanzas porque se piden en base a un informe que lleva unido a las actuaciones cerca de dos años. "Más que una cuestión referida al tiempo del estudio de lo instruido parece una cuestión referida a acompasar la instrucción a los tiempos", lamenta.
Instituciones penitenciarias
Por último, sobre el bloque de mensajes que comprenderían comunicaciones de alguno de ellos con responsables de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el fiscal recuerda que Dignidad y Justicia no explica qué delitos podrían encontrarse" en las mismas.
"No se aprecia atisbo alguno de prevaricación, es decir, de dictado de resoluciones arbitrarias a conciencia de su injusticia, toda vez que todas la cuestiones relacionadas con la política penitenciaria a las que se hacen referencia (progresiones en grado, permisos, excarcelaciones, etc) están sujetas al control del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria con intervención del Ministerio Fiscal", añade. Así, descarta la prevaricación y además también la revelación de secretos "puesto que no hay secreto alguno que revelar".
El fiscal de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación de ongi etorris -actos de homenaje- a presos de ETA ha recurrido la decisión del magistrado Manuel García Castellón de prorrogar la instrucción para ampliar la investigación a chats presuntamente administrados por Sortu en los que se impartirían directrices e instrucciones sobre cuestiones relacionadas con presos y fugados porque no encuentra delito en los mismos y son ajenos a la investigación. En once páginas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Carlos García Berro indica a la Sala de lo Penal que la decisión del juez "dista mucho de ser ajustada a derecho" y recuerda que el propio magistrado ya en octubre de 2023 consideró "finalizada la instrucción".