La siniestralidad laboral se disparó en 2022, arrojando un saldo de 826 fallecidos y un 10% más de bajas. Una realidad que permanece invisible a ojos de la sociedad, según denuncia el nuevo fiscal de sala coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Muñoz, que reclama una reforma legal para mejorar la vida de las víctimas y sus familias, que pueden tardar hasta 9 años en cobrar la indemnización que les corresponde.
"No sé si hay algún motivo sociológico que se nos escapa", dice Muñoz, en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado sobre el repunte de los accidentes de trabajo, asegurando que "no ha cambiado nada" en materia de prevención que explique ese "acelerón tremendo" de la siniestralidad laboral, más teniendo en cuenta que la serie histórica ha ido bajando desde 2006, llegando a desplomarse en 2020 y 2021 a causa de la pandemia de coronavirus.
En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y en vísperas del 1 de mayo, Muñoz, que tomó posesión del cargo el pasado marzo pero lleva más de una década dedicado a combatir la siniestralidad laboral, recalca que, sean cuales sean los motivos de ese pico de accidentes, detrás de las cifras hay personas con un largo recorrido por delante hasta conseguir Justicia.
"Creo que todo el mundo debería escuchar el relato de una víctima para saber qué viene después (...) Evidentemente, ya no ves a tu ser querido o es un lesionado importante. Y ¿qué viene ahora económicamente?", interroga, enfatizando que en no pocas ocasiones la persona que sufre el accidente es la principal fuente de ingresos de la casa.
Muñoz precisa que, de media, la víctimas y sus familias tardan 5 años y 7 meses en cobrar las indemnizaciones, que cuando hay heridos graves pueden alcanzar hasta el millón de euros. En el escenario más optimista, ese tiempo se reduce a 2 o 3 años, pero en el peor puede dilatarse hasta los 8 o los 9 años. En todo ese tiempo, "¿qué hace esa familia?, ¿de qué viven esos niños?", incide.
Para ponerle remedio, el fiscal propone una reforma legal que permita adelantar el cobro de indemnizaciones. Una posibilidad, lanza, es que "el consorcio de compensación de seguros se pudiese hacer cargo provisionalmente hasta que hubiese sentencia y luego abonase quien tenga que abonar". "A una víctima que le puedes adelantar su indemnización le solucionas un problema muy importante", afirma.
También "ayudaría a reducir los plazos" que se crearan juzgados y unidades de policía judicial especializados en siniestralidad laboral, si bien reconoce que hay un problema de falta de medios tanto en la Fiscalía, que interviene cuando ya se ha producido el accidente, como en la Inspección de Trabajo, que actúa en la fase anterior para evitarlo.
"Hay compañeros que tienen tanto trabajo que están desbordados. Nos gustaría poder acudir a todas las declaraciones y a todas las actuaciones de instrucción pero no se puede porque se están celebrando juicios. Nos falta personal", detalla en relación con el Ministerio Público.
Nuevos riesgos laborales
Con todo, el nuevo jefe de esta unidad especializada de la Fiscalía General del Estado demanda una reforma mucho más ambiciosa para actualizar la ley de prevención de riesgos laborales del 95, que "fue buenísima, fue un salto cualitativo tremendo en España", pero "se ha quedado un poquito anticuada".
Entre otras cosas, porque "hay riesgos nuevos". "Se habla mucho de ampliar la edad de jubilación pero hay que ver qué riesgos puede tener en determinados sectores. Por ejemplo, en la construcción. ¿Está igual de cualificada una persona para trabajar en altura con 50 que con 65 o 66 años? Eso habrá que evaluarlo", plantea.
Muñoz también identifica como puntos negros en materia preventiva "la falta de formación de los trabajadores" y de los pequeños empresarios responsables de mitigar los riesgos laborales, así como la ausencia de procedimientos adecuados.
Sobre esto último, recuerda un caso de "hace muchos años" en el que "había que cargar unos palés en un camión". Los palés solían tener el mismo tamaño, por lo que "el procedimiento estaba perfectamente dinamizado, pero un día vino un palé que era más grande, con lo cual los trabajadores tuvieron que improvisar". Al final, "un trabajador se tuvo que meter dentro de la caja para tirar y acabó aplastado", cuenta.
En cualquier caso, hace hincapié en que un accidente de trabajo no se produce por un solo motivo, sino que son "un montón de motivos que confluyen" y dan lugar al siniestro, de ahí que abogue directamente por "una ley integral de defensa de la seguridad y la salud de los trabajadores".
"En este país no tenemos cultura preventiva"
Muñoz menciona como principal problema el hecho de que "en este país no tenemos cultura preventiva". Como muestra, dos accidentes laborales que se repiten "sistemáticamente": la caída de operarios que acuden a reparar cubiertas de naves industriales y las amputaciones de manos y brazos por un mal uso de la maquinaria. "¿Si sabemos que va a pasar, por qué sigue pasando?", cuestiona.
Considera que debería seguirse el camino trazado en seguridad vial. "Hoy en día todo el mundo tiene cultura de seguridad vial, haremos o no haremos caso, pero todo el mundo lo sabe (...) Los niños saben que hasta que el semáforo no está en verde no se cruza", apunta. A su juicio, "esa cultura preventiva se asimila en los colegios", porque los alumnos serán los futuros empresarios y trabajadores.
Así, da un paso más y pide directamente "un pacto de Estado por la seguridad y la salud en el trabajo", a imagen y semejanza de lo que se hizo en su día con la seguridad vial y contra la violencia de género.
"No vemos" a las víctimas
Muñoz cree que serviría para dar a conocer la realidad de las víctimas de siniestros laborales, que en estos momentos "están escondidas". "Empezamos a contactar nosotros con ellas hace dos años y estaban totalmente desperdigadas por el territorio nacional, había tres o cuatro asociaciones, muy pequeñitas, casi individuales, y hoy se están intentando unir para tener fuerza y, sobre todo, para que las escuchen", expone.
Sostiene que "las víctimas se sienten solas" porque "no las vemos", "les falta asesoramiento jurídico" y "no saben a quién dirigirse" cuando ocurre el accidente. "Yo creo que no saben ni que hay una Fiscalía a la que pueden preguntar" y que "siempre está abierta" para ellas, asume.
De entre las víctimas, el fiscal señala un colectivo especialmente vulnerable, las personas que sufren precariedad laboral y, además, se encuentran de forma ilegal en España.
Los accidentes laborales mortales se disparan un 18,6% hasta noviembre, con 770 fallecidos
"Están mucho más desprotegidas porque no denuncian" y no lo hacen "porque tienen miedo a las consecuencias administrativas que pueden venirles", por lo que "hay una bolsa oculta de situaciones de riesgo en materia preventiva que no aflora", alerta.
Desde la Fiscalía, Muñoz indica que se han puesto en contacto con "algún sindicato" dedicado a ayudar a este tipo de trabajadores para insistir en la importancia de que denuncien. Si no lo hacen "no podemos hacer absolutamente nada" porque "si no conocemos la situación no podemos actuar", subraya.
Frente a todo ello, se ha propuesto que, en esta nueva etapa, la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga "una función proactiva". "Es decir, que podamos actuar antes de que ocurra el delito", para lograr que "ese riesgo desaparezca o sea el mínimo posible", y generar la conciencia colectiva de que "cualquier víctima que haya en un accidente de trabajo es un fracaso de la sociedad", concluye.
La siniestralidad laboral se disparó en 2022, arrojando un saldo de 826 fallecidos y un 10% más de bajas. Una realidad que permanece invisible a ojos de la sociedad, según denuncia el nuevo fiscal de sala coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Muñoz, que reclama una reforma legal para mejorar la vida de las víctimas y sus familias, que pueden tardar hasta 9 años en cobrar la indemnización que les corresponde.