El Tribunal Supremo y la Fiscalía han emitido sendos informes contrarios a la concesión del indulto que el expresidente del Govern Jaume Matas había solicitado al Gobierno para evitar su ingreso en prisión después de que la Audiencia Provincial de Baleares denegara sustituir por multa la pena de nueve meses de cárcel a los que el Tribunal Supremo (TS) redujo su condena en julio del pasado año por el primer juicio del caso Palma Arena, el denominado caso Alemany, por tráfico de influencias.
En su informe, el Supremo se opone a la medida de gracia "dada la proporcionalidad entre la pena impuesta y los hechos a los que ha sido condenado, y ante la ausencia de razones de equidad o justicia que aconsejen la concesión del indulto. Este criterio es acorde con el emitido por la Fiscalía.
De este modo, la Sala sigue el mismo criterio del Ministerio Público, que en su informe contrario al indulto destacó el rechazo social que causan los delitos calificables como corrupción política como el cometido por Matas.
El delito de tráfico de influencias fue el único ilícito penal que el Supremo mantuvo contra Matas, tras haberle absuelto de los delitos de fraude a la Administración, continuado de falsedad en documento oficial, de falsedad en documento mercantil y de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, por los que la Audiencia le condenó a un total de seis años de cárcel.
En su petición al Ejecutivo central, el expresidente balerar alegaba entre otras cuestiones la "escasa peligrosidad" de su patrocinado, rebatiendo de este modo los argumentos esgrimidos por la Audiencia de Baleares en el sentido de que esa peligrosidad existe desde la perspectiva de la entidad de los hechos por los que fue condenado –al influir en que el periodista que redactaba sus discursos, Antonio Alemany, obtuviera beneficios económicos irregulares del Govern–, sus circunstancias personales y su conducta.
El exmandatario autonómico no es el único condenado de esta causa que también ha reclamado el indulto, puesto que también procedió de este modo el propio Antonio Alemany, quien está condenado a dos años y tres meses de cárcel. También el articulista solicitó que se paralizase la ejecución de su pena a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre su petición.
En su día, la Audiencia de Baleares consideró "inasumible" para la sociedad que "el titular de uno de los poderes del Estado en la fecha de los hechos [durante la legislatura 2003-2007] cometa un delito de tráfico de influencias", lo que a juicio de la Sala constituye "un delito contra el Estado de Derecho por parte de quien ha sido presidente de la Comunidad Autónoma balear, a quien, precisamente por ostentar ese cargo, ha de exigírsele mayor imparcialidad, objetividad y probidad".
Después de eludir la cárcel, Matas pide ahora no pasar por el juzgado
En este sentido, el tribunal afirmó que el delito cometido por Matas "es un atentado frontal al artículo 1 de la Constitución [relativo al Estado social y democrático de Derecho], siendo el interés social y jurídico prevalente".
En su resolución, el tribunal balear aludía asimismo a causas en las que Matas continúa estando investigado, como los casos Nóos, Over –ramificación de la trama Gürtel en Baleares– y Ópera –que investiga el contrato por el que el Govern encargó al arquitecto Santiago Calatrava un anteproyecto para ejecutar un teatro de la ópera en Palma–, todos ellos enmarcados en el caso Palma Arena.
También recordaba que un jurado popular había considerado posteriormente culpable a Matas de exigir la contratación ficticia de su mujer para cobrar 42.000 euros de un hotelero mallorquín.
El Tribunal Supremo y la Fiscalía han emitido sendos informes contrarios a la concesión del indulto que el expresidente del Govern Jaume Matas había solicitado al Gobierno para evitar su ingreso en prisión después de que la Audiencia Provincial de Baleares denegara sustituir por multa la pena de nueve meses de cárcel a los que el Tribunal Supremo (TS) redujo su condena en julio del pasado año por el primer juicio del caso Palma Arena, el denominado caso Alemany, por tráfico de influencias.