En plena precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas, la Fiscalía continúa desgranando su relato final sobre la supuesta prevaricación y malversación con el dinero de los ERE. Según el Ministerio Público, el origen del caso está en las prisas del poder socialista andaluz por sofocar crisis laborales, mitigando el impacto de los despidos por los cierres de empresas con ayudas para los trabajadores. A partir de ese punto de partida –según el informe final de la acusación pública–, los acusados crearon, mantuvieron o permitieron un sistema ilegal que sirvió para repartir 680 millones de euros durante una década, supuestamente sin control suficiente.
Es un relato duro con la Junta, con el PSOE y con los expresidentes Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán(2009-2013), que se enfrentan a 10 años de inhabilitación y 6 de prisión, respectivamente. La Fiscalía Anticorrupción, en su informe final contra los 21 ex altos cargos, ha concluido que el reparto sin control de 680 millones de euros mediante "un sistema injusto y arbitrario" permitió "un enriquecimiento de empresas y terceros". El Ministerio Público cree que el sistema fue deliberadamente creado, mantenido y ocultado por más de una veintena de altos cargos a lo largo de una década para permitir el reparto discrecional de fondos. Y que las irregularidades cometidas con las ayudas sociolaborales no fueron accidentes del sistema gracias a los cuales se lucraron unos aprovechados, sino la finalidad del propio sistema. Todos los acusados niegan esta versión. La sentencia está prevista para finales de la primavera o principios del verano de 2019, aunque en este juicio todos los plazos y cálculos se están viendo superados por un transcurso de los hechos mucho más lento de lo previsto.
La Fiscalía, que desgranó su informe final en el juicio oral que se celebra en la Audiencia de Sevilla, afirmó que el Parlamento de Andalucía desconocía lo ocurrido, aunque aprobaba los presupuestos que daban cobertura a los fondos repartidos de forma supuestamente irregular. "Se busco deliberadamente por los encausados un sistema específico que permitiera el uso de los fondos sin control", según la Fiscalía, que precisa que los enjuiciados "usaron las transferencias de financiación en lugar de un expediente de gasto de subvenciones excepcionales, contraviniendo el texto articulado de los presupuestos". El Ministerio Público cree que los acusados actuaron "a sabiendas de su injusticia". Y no restringe el delito a la Consejería de Empleo, sino que lo eleva a otros departamentos e incluso al Consejo de Gobierno en su conjunto. Según la Fiscalía, todos recibieron la suficiente información para detener el reparto de fondos, cuya "opacidad" tiene origen en el convenio entre Empleo y el IFA de 2001, lo cual apunta directamente al exconsejero José Antonio Viera.
"Alejado del interés público"
"No cabe alegar por las defensas que desconocían el modo de gestión de los fondos por Empleo ni que los fondos se daban para asistencia a trabajadores en situación crítica", señala la Fiscalía, para quien "no existe duda de que el mecanismo usado permitió la movilización de fondos a IFA/IDEA [una agencia pública dependiente de Empleo que hacía de pagadora de las ayudas] para un uso alejado del interés público". Esta situación fue "conocida y buscada por los acusados de malversación", por lo que no se puede negar su conocimiento, sobre todo, por los receptores de un informe de Intervención alertando de la situación, entre los que cita a los exconsejeros Antonio Fernández (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), además del propio expresidente Griñán.
Los acusados de la Consejería de Empleo, según la Fiscalía, "podían destinar los fondos a su antojo y sin control".El ex director general de Trabajo Javier Guerrero declaró que para conceder las ayudas a empresas no se evaluaba la situación de la empresa, por lo que "se facilitaba adelgazar la plantilla sin coste para la misma", recuerda la Fiscalía. "Por qué no se hizo nada cuando la Agencia Tributaria pidió información sobre las ayudas a empresas del exchófer de Guerrero, o cuando se conoció que las ayudas las tramitaba personal externo", pregunta el fiscal, que señala que "sólo una vez empezada la causa penal se pusieron en marcha medidas para cambiar el sistema e iniciar procedimientos de reintegro". El Ministerio Público rebate así el insistente argumento del PSOE según el cual fue la Junta la que destapó el caso.
"Riesgo" de menoscabo
La Fiscalía niega que las ayudas se dieran al amparo de una orden estatal de 1995 y mantiene la tesis de que el problema no fueron sólo las ilegalidades cometidas gracias a los fallos del sistema, que se juzgarán más adelante, sino el sistema en sí, haciendo responsable a la Administración pública desde Chaves y Griñán para abajo. La Fiscalía cree que la Junta intentó evitar los controles de la Unión Europea. Y mantiene que el Gobierno andaluz orquestó desde su cúpula un sistema para dar ayudas sin control durante una década. El juicio que entra en su última fase es de la llamada pieza política del caso de los ERE, no de todo el caso. Lo que se dirime es si hubo un concierto "expreso o tácito" para permitir el reparto de ayudas sin control. Se enjuicia el sistema en sí, no cada una de los supuestos delitos cometidos aprovechándose del sistema. Se enjuicia el modelo, no los aprovechamientos delictivos al calor de sus agujeros. No se acusa a nadie de llevarse dinero al bolsillo, sino de saber que había un sistema que permitía a otros entregar dinero sin control y no evitarlo, o incluso promoverlo.
Los acusados se han opuesto a todo el montante repartido, aunque en su mayoría haya terminado en la cuenta corriente de trabajadores con derecho a percibir las ayudas, haya sido considerado dinero defraudado por ser supuestamente irregular el procedimiento de reparto. Estaba por ver cómo resolvía la Fiscalía la cuestión del dinero en el informe final. Y lo hizo cuantificando en 680 millones el dinero que "no debió salir de las arcas públicas". No lo cita como dinero malversado. Si lo hiciera, debería pedir su reintegro a los trabajadores, apuntan fuentes judiciales. Lo que hace la Fiscalía es apuntar a que el modelo sin control para su reparto –que permitió llevarse indebidamente dinero a próximos al poder socialista– generó un "evidente" riesgo de menoscabo.
Según la Fiscalía, el montante global de los fondos del programa 22E y 31L, el conocido como "fondo de reptiles", asciende a 680 millones entre los ejercicios, incluyendo el crédito consignado en los presupuestos y las modificaciones de las cuentas aprobadas después. En la lectura de sus conclusiones definitivas, la Fiscalía descartó contabilizar el ejercicio de 2010 pues la presupuestación de la encomienda de gestión como si fuera una transferencia de financiación no era atribuible a una decisión consciente de los acusados.
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Apagar fuegos laborales
La Fiscalía, en línea con la instrucción de Mercedes Alaya, sitúa el origen del procedimiento de reparto supuestamente irregular en la necesidad de apagar fuegos laborales. Es decir, en la urgencia por solventar billetera en mano conflictos laborales. Hubo "unas ansias de rapidez y agilidad que trastocaron el sistema legalmente establecido", según la Fiscalía. Por ello, añade, se creó un sistema de concesión de subvenciones excepcionales "totalmente opaco" y que "eliminó todos los mecanismos de control".
El fiscal Juan Enrique Egocheaga, que sustituyó este lunes en el uso de la palabra a su compañero Manuel Fernández, expuso este lunes que durante la década de los 90 del siglo pasado, y teniendo en cuenta la situación de crisis económica y empresarial que vivía Andalucía, el Gobierno autonómico estableció un sistema que empezó a ser cuestionado por la intervención delegada en la Consejería de Empleo en 2000, concretamente por las ayudas a siete trabajadores de la empresa Cárnicas Molina. El triste epílogo del asunto fue que unos trabajadores de esta empresa acabaron con el tiempo estafando a otros las ayudas concedidas.
En plena precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas, la Fiscalía continúa desgranando su relato final sobre la supuesta prevaricación y malversación con el dinero de los ERE. Según el Ministerio Público, el origen del caso está en las prisas del poder socialista andaluz por sofocar crisis laborales, mitigando el impacto de los despidos por los cierres de empresas con ayudas para los trabajadores. A partir de ese punto de partida –según el informe final de la acusación pública–, los acusados crearon, mantuvieron o permitieron un sistema ilegal que sirvió para repartir 680 millones de euros durante una década, supuestamente sin control suficiente.