A Manuel García-Castellón apenas le quedan ocho meses de servicio activo. En octubre, el magistrado cumplirá los 72 años. La edad máxima para jubilarse. Pero el ocaso de su carrera está siendo de todo menos tranquilo. Sus resoluciones judiciales en el marco del llamado caso Tsunami, en el que se investigan las protestas impulsadas desde esta plataforma al calor de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, han terminado por convertir al titular del Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional en uno de los grandes protagonistas alrededor de la futura ley de amnistía. Pero su pertinaz intento por atribuir a los investigados delitos de terrorismo ha comenzado a desmoronarse. Sus tesis no encuentran respaldo entre los fiscales que se han encargado de analizar el asunto. Ni en la Audiencia Nacional ni tampoco en el Supremo.
El hecho de que se pongan sobre la mesa estos tipos penales tiene una importancia que trasciende el ámbito meramente jurídico. La imputación de un delito de terrorismo es lo que determina, en primer lugar, que el caso Tsunami siga siendo investigado en la Audiencia Nacional –si no, tendría que enviarse a los juzgados de Cataluña–. Y por otro lado, lo que puede complicar la aplicación de la ley de olvido jurídico que aún se está cocinando en el Congreso de los Diputados a los investigados en este procedimiento: desde el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hasta la secretaria general del ERC, Marta Rovira, o el diputado en el Parlament Rubén Wagensberg. Al fin y al cabo, la actual redacción de la norma excluye el terrorismo del ámbito de aplicación de la amnistía.
Pero la tesis del terrorismo no ha encontrado, por el momento, apoyo del Ministerio Público. La pasada semana, el fiscal del caso Tsunami en la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo señaló en uno de sus escritos que resultaba "significativa" la falta de "argumentos" para la "imputación de hechos de matiz terrorista" a la docena de personas investigadas en la causa. Una opinión que expresa también ahora el fiscal del Supremo Álvaro Redondo en el borrador de informe que ha redactado para dar respuesta a la exposición razonada que García-Castellón elevó al Alto Tribunal para que asumiera el caso dado el aforamiento de dos de los investigados –Puigdemont y Wagensberg–. Ambos fiscales forman parte de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales.
Redondo considera en su escrito que por ahora no concurren "indicios racionales de criminalidad" que justifiquen la elevación de la causa al Supremo. "Los indicios tenidos en cuenta por el instructor resultan demasiado abiertos", resalta el fiscal. Y tras un resumen exhaustivo de los hechos, rechaza la calificación que plantea García-Castellón: "No concurre el tipo penal de terrorismo". Algo que lleva rechazando desde hace casi tres meses el fiscal del caso Tsunami. "Lo actuado en este tiempo no ha arrojado elementos indiciarios que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista", apuntaba Carballo en su recurso contra el auto del magistrado de la Audiencia Nacional que puso por vez primera este delito sobre la mesa.
En su exposición razonada ante el Supremo, García-Castellón apuntaba al encierro de los controladores del aeropuerto de El Prat y al bloqueo de pasajeros en el aeródromo el 14 de octubre de 2019 como posibles actos terroristas. Redondo señala que dichas actuaciones "sin duda afectan" al derecho humano de la libertad y a la integridad moral. Ahora bien, no cree que puedan ser consideradas como constitutivas de una detención ilegal. Como mucho, se podría hablar de un delito de coacciones. "Siendo ello así, la condición de este último tipo penal como la propia de un delito menos grave no permite su incardinación en el tipo de terrorismo, al exigir éste la comisión de un delito grave contra la libertad", argumenta en su informe.
El fiscal Carballo ya consideró "insuficiente" la argumentación de García-Castellón para sostener que los hechos pueden tener encaje en los delitos de terrorismo. "No fundamenta tal aseveración más allá de exponer el contenido de los instrumentos internacionales que definen el terrorismo", decía el pasado mes de noviembre. Lo hizo en un escrito en el que también rechazaba que hubiese un solo dato que permitiese hablar de la existencia de una organización criminal alrededor de Tsunami Democràtic: "En los presentes hechos no se han acreditado ni jerarquías, ni distribución de funciones entre los investigados, ni la existencia de un órgano directivo, ni tampoco la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos".
Ambos fiscales, tanto el del Supremo como el de la Audiencia Nacional, coinciden en que, como mucho, se podría hablar en este caso de un delito de desórdenes públicos. Y rechazan que se pueda imputar al expresident Puigdemont las lesiones causadas en el contexto del bloqueo de El Prat o de las manifestaciones al calor de la sentencia del procés. Como tampoco consideran que pueda atribuirse el fallecimiento de un ciudadano francés en el aeródromo barcelonés. "La muerte por paro cardíaco aparece vinculada a una enfermedad cardíaca crónica. En el supuesto de que tal conexión pudiera establecerse, a partir de futuras investigaciones, parece evidente que dicho suceso no puede imputarse a la concreta actuación de los señores aforados", sostiene Redondo.
Mientras tanto, el caso Tsunami sigue avanzando en la Audiencia Nacional. Este lunes, el instructor ha dictado un auto en el que acuerda varias diligencias más en la causa. En primer lugar, pide que la Guardia Civil localice a Wagensberg, que se habría trasladado a Suiza. Además, ha solicitado recabar de la Agencia Española de Seguridad Aérea información sobre el bloqueo de El Prat e informar sobre dichos acontecimientos a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que acredite si ha realizado alguna actuación al respecto.
Una tensa junta de fiscales
La posición de la Fiscalía del Supremo, sin embargo, puede dar un vuelco en las próximas horas. La Junta de Fiscales de lo Penal del Alto Tribunal, compuesta por una quincena de representantes del Ministerio Público, estudiará este martes el informe elaborado por Redondo. Y decidirá si le da o no el visto bueno. Este tipo de reuniones en el Palacio de Fontalba, sede de la Fiscalía General del Estado, para estudiar los distintos asuntos y establecer criterio sobre los mismos son habituales. Tanto, que se celebran semanalmente. Los encuentros, según las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, suelen ser "pacíficos".
Pero todo parece indicar que en este caso la Junta será tensa. "La reunión de mañana va a ser incendiaria", conceden las fuentes consultadas, que no descartan que el informe de Redondo no reciba el aval necesario. Si la mayoría tumba el documento, deberá redactarse uno nuevo que recoja la posición mayoritaria, algo de lo que se puede encargar el mismo fiscal que ha llevado hasta ahora el caso o se le puede encomendar a otro de sus compañeros. Ahora bien, otras fuentes señalan que podrían incidir otros factores, como por ejemplo la posición que adopten "los jefes" si la votación es ajustada. "En ese caso, en este tema tan importante y con una mayoría escueta, yo creo que los jefes prevalecerían", desliza una de ellas.
Algunas fuentes señalan que, por lo general, en estas reuniones se da luz verde sin muchas complicaciones a los informes que cada fiscal pone sobre la mesa. De ahí que digan que un pronunciamiento en contra del documento este martes sería "muy excepcional". Sin embargo, otras fuentes pulsadas sostienen que no es tan "infrecuente" que la Junta tire un informe para atrás. "Lo que pasa es que nunca tienen la importancia del asunto que llevamos mañana", apuntan. "Yo te diría que cada dos Juntas el ponente se vuelve con una votación en contra", completan.
Entre la quincena de miembros que integran esta Junta, según las mismas fuentes pulsadas, se encuentran el fiscal jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez-Covisa, o los tres miembros del Ministerio Público que llevaron la acusación del procés –Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal–. También forma parte de la misma Salvador Viada –quien fuera presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–, Justino Zapatero, José Martínez, Olga Sánchez, Juan Carlos López Coig o Manuel Jesús Dolz, quien fuera secretario de Estado de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Pase lo que pase en el cónclave de este martes, el informe que finalmente emita el Ministerio Público no es vinculante para el Supremo. Diga lo que diga la Fiscalía, la última palabra sobre el futuro del caso Tsunami la tiene el Alto Tribunal, que ya ha designado al magistrado Juan Ramón Berdugo como ponente para este asunto. Más allá de la batalla en el Palacio de las Salesas, también se está a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el recurso interpuesto por Carballo contra el primer auto de García-Castellón que puso el terrorismo encima de la mesa. En este caso, es la Sala de lo Penal del tribunal la que debe emitir una opinión. Por el momento, señalan fuentes jurídicas, no hay previsiones de cuándo puede llegar dicho pronunciamiento.
El PP utiliza el caso para cargar contra el fiscal general
El borrador de informe elaborado por Redondo para el caso Tsunami ha marcado parte de la jornada política. Y ha sido utilizado por el PP para poner en cuestión la labor de la Fiscalía General del Estado. Así, ante las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación que apuntaban a un cambio de criterio del fiscal tras una reunión mantenida con el fiscal general del Estado, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, que aclare en el Congreso de los Diputados si presionó a Redondo. "Ante la gravedad y la inmediatez, ésto debiera resolverse en este mismo día. Creo que las explicaciones no deben esperar y tienen que producirse públicamente y de manera transparente", ha señalado Gamarra.
Poco después, el fiscal general del Estado ha negado "tajantemente" dichas informaciones. Algo que ha rechazado también el propio Redondo. En un comunicado, ha asegurado que en aquel encuentro no recibió siquiera una "mínima sugerencia" por parte de García. También ha afirmado que su "borrador de ponencia" lo elaboró, y así consta en su sistema informático, "varios días antes de ser recibido en breve audiencia" por el fiscal general del Estado. Y que el primer documento del que se habla no es más que "borrador interno" de trabajo que escribió al día siguiente de que se le encargase el caso. Luego, tras un "profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos", redactó la ponencia final. La misma que este martes marcará la reunión de la Junta de Fiscales de Sala.
A Manuel García-Castellón apenas le quedan ocho meses de servicio activo. En octubre, el magistrado cumplirá los 72 años. La edad máxima para jubilarse. Pero el ocaso de su carrera está siendo de todo menos tranquilo. Sus resoluciones judiciales en el marco del llamado caso Tsunami, en el que se investigan las protestas impulsadas desde esta plataforma al calor de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, han terminado por convertir al titular del Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional en uno de los grandes protagonistas alrededor de la futura ley de amnistía. Pero su pertinaz intento por atribuir a los investigados delitos de terrorismo ha comenzado a desmoronarse. Sus tesis no encuentran respaldo entre los fiscales que se han encargado de analizar el asunto. Ni en la Audiencia Nacional ni tampoco en el Supremo.