Micaela Núñez Feijóo trabaja en el grupo Eulen desde 2003 y desde 2016 es directora para el noroeste peninsular de ese conglomerado empresarial, presente en varios países con más de 75.000 empleados y 1.700 millones de euros de ventas en 2023.
Eolína Núñez Masid, médica de carrera, comenzó a ocupar cargos directivos en el Sergas en 1996 y en 2009 fue nombrada gerente del complejo hospitalario de Ourense, del que pasaría a gestionar el de Santiago hasta el pasado mes de mayo. La Xunta acaba de recolocarla como subdirectora general en la Consellería de Política Social.
Eva María de Cárdenas Botas fue directora de Zara Home hasta 2018, cuando dejó el cargo para dedicarse al sector inmobiliario y ser durante un año y medio, entre finales de 2020 y el verano de 2022, asesora del Grupo Sargadelos.
Las tres son profesionales con trayectoria previa a la llegada de su hermano, primo o pareja, Alberto Núñez Feijóo, en 2009 a la presidencia de la Xunta. Pero la decisión de Feijóo de poner el foco en la familia de Pedro Sánchez, con la mujer o el hermano del presidente del Gobierno de España como supuestos beneficiarios de tratos de favor por parte de administraciones controladas por los socialistas, viene a situar también a la propia familia del expresidente gallego en el centro de la polémica.
BNG y PSdeG reclaman investigar en el Parlamento de Galicia numerosos contratos públicos, diversas relaciones y adjudicaciones que hasta ahora habían sido obviadas o habían pasado sin mayor análisis político o mediático al ser vistas como justificadas por trayectorias profesionales y empresariales anteriores. Pero, con la vara de medir del propio Feijóo, entran en la categoría de sospechosas. Dudas que al margen de cifras concretas ya están asentadas en el debate político y mediático a nivel equivalente a las sospechas sobre una familia de Sánchez.
El umbral de la sospecha lo subió Feijóo asegurando sucesivamente que su familia nunca haría lo que él atribuye a la familia de Sánchez. Como cuando el pasado mes de abril, en una entrevista en Onda Cero, fue preguntado sobre si le pediría a su pareja que él dejara de trabajar si él llega a ser presidente del Gobierno de España. "No, evidentemente, ahora bien, lo que le voy a pedir es que si tiene sponsors para hacer su trabajo, y resulta que esos sponsors luego los otorga la Administración Pública, eso no lo voy a permitir", dijo Feijóo, para añadir que su pareja "nunca lo haría, es una diferencia fundamental".
Con esta rigurosidad tratan ahora PSOE y BNG, también en las Cortes Generales, las relaciones de diversos familiares de Feijóo con la Xunta que él presidía. Una nueva lupa con la que quieren analizar como contrataciones de la administración gallega con Eulen, más de 54 millones de euros desde 2009, según contabilizó el diario Público. Contrataciones entre las que habría expedientes planificados desde la gerencia sanitaria de Santiago durante una época de Eloína Núñez. O más de 1.300 contratos de adjudicación directa que suman 4,8 millones de euros, según O Salto Galicia. Y eso solo a empresas del grupo con la denominación Eulen en el nombre, sin contar otras con otras denominaciones.
En el ámbito sanitario, también ponen el foco en que la principal adjudicataria de los contratos de emergencia durante la pandemia, con más de 11 millones de euros, fue Soporte Universal, una empresa de telemarketing con la que el Gobierno gallego contrató durante meses los servicios de rastreo telefónico de contactos del covid-19. En esa empresa el director comercial es Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja de Feijóo. La segunda empresa con mayor contrato de emergencia, Mape Asesores, compró parte del material que importaba de China a una empresa catalana, FCS, que tenía como intermediaria la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En aquellas contrataciones por la pandemia, el Consello de Contas no detectó ningún indicio de delito pero sí numerosas irregularidades.
Por otra parte, la carrera profesional de Eva Cárdenas se desarrolló principalmente en Inditex , empresa que, por su importancia para la economía gallega, siempre ha sido bien tratada por los sucesivos gobiernos gallegos. Cuando dejó Zara Home, Eva Cárdenas fue asesora de Sargadelos durante un año y medio, tiempo durante el cual el Gobierno evitó especialmente tomar decisiones que pudieran interpretarse como una ayuda a esa empresa. De hecho, la misma Xunta que en octubre de 2020 decidió entrar en el patronato de la Fundación Sargadelos, vinculada a la empresa cerámica, con el argumento de que permitiría "reactivar el legado cultural de alto nivel de uno de los más simbólicos firmas del país", abandonaba la misma apenas dos meses después, coincidiendo con el ingreso de Cárdenas como asesora.
Durante el tiempo que Cárdenas fue asesora de Sargadelos la Xunta escapó de la empresa y de su fundación, pero sí aprobó inversiones en el entorno histórico que ocupa su fábrica en Cervo, lo que indirectamente benefició la imagen de la empresa allí asentada contribuyendo a atraer visitantes y clientes: una urbanización del entorno por 48.000 euros y una musealización por 35.000 euros en 2021 y otros 35.000 en 2022.
En este contexto, con el inicio de año político, el BNG y el PSdeG en el Parlamento de Galicia y el PSOE en el estatal quieren virar el foco que Feijóo lleva poniendo sobre ellos desde hace años. Tras no auditar en su momento los contratos de la Xunta con Marcial Dorado, perdiendo parte de ellos en una supuesta inundación, ahora afirman poder analizar los relacionados con los familiares de Feijóo.
Para ello tienen varias posibilidades. El BNG podría aprobar por sí solo una comisión política de investigación en el Parlamento, ya que tiene suficientes escaños para poder hacerlo solo. Pero en una única ocasión en toda la legislatura que acaba de empezar, lo que le lleva a ser prudente a la hora de utilizar esa bala de plata sobre la que, en cualquier caso, el PP mantendría el control, ya que una vez aprobada la comisión, cada decisión que tome depende de la aprobación de la mayoría absoluta de los conservadores. Además, nacionalistas y socialistas cuentan con los habituales mecanismos parlamentarios en forma de preguntas o solicitudes de documentación.
Sea como fuere, esta misma semana los populares ya han ofrecido muestras de cuál será su respuesta al respecto. Retando al BNG a que constituya una comisión de investigación sobre lo que considere porque, afirma su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, no encontrarán irregularidades. O descalificar al viceportavoz del Bloque por "machista" por criticar que, desde esta semana, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Xunta esté dirigida por María José Echevarría. Luís Bará censuró el nombramiento como "escandaloso" porque Echevarría es "la pareja del director de Ence para Galicia", lo que a su juicio demuestra la "connivencia" entre el Gobierno gallego y la empresa.
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Según el PP, se trata de "asquerosas declaraciones machistas" porque implican "pensar en la sumisión y debida obediencia de las mujeres a los hombres" y "menospreciar la competencia y el currículum profesional" de la alto cargo y, por tanto, "no tienen significado en la sociedad actual". El umbral de sospecha de Feijóo, de este modo, no operaría en este caso.
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Micaela Núñez Feijóo trabaja en el grupo Eulen desde 2003 y desde 2016 es directora para el noroeste peninsular de ese conglomerado empresarial, presente en varios países con más de 75.000 empleados y 1.700 millones de euros de ventas en 2023.