Un 56% de la carrera afiliada y colectivos que se reparten los altos cargos: radiografía del asociacionismo judicial
"Puede que seamos una de las profesiones con los niveles más altos de asociacionismo". Así de contundente se muestra al otro lado del teléfono Jorge Fernández Vaquero cuando se le pregunta por la carrera judicial. El magistrado habla con conocimiento de causa. Es portavoz de la segunda asociación más potente del sector: la Francisco de Vitoria (AJFV). Y se pronuncia con los datos en la mano. Hace justo un año, últimas cifras oficiales disponibles, más de la mitad de los jueces en activo en nuestro país pertenecían a alguno de los seis colectivos: además de los denominados vitorinos, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), Ágora y la Asociación Nacional de Jueces. Un porcentaje que se ha incrementado ligeramente durante los últimos años, en los que los denominados colectivos conservador y progresista se han repartido la mayoría de altos cargos.
El Consejo General del Poder Judicial ofrece datos sobre la actividad asociativa de los miembros de la carrera desde 2004. Entonces, de los 4.075 jueces que había en activo, 2.159 estaban asociados. Es decir, el 53%. Ahora, diecisiete años más tarde, los colectivos tienen ocho centenares de afiliados más. De 5.320, pertenecen a esta media docena de colectivos profesionales 2.983. Un 56,1%, tres puntos más. Es cierto que el crecimiento no ha sido, ni mucho menos, lineal. A partir de 2013, cuando el número de miembros de la carrera superó la barrera de los cinco millares, la proporción de jueces afiliados retrocedió casi un punto. Y en el ejercicio siguiente cayó otro más. Aunque la cifra global de asociados aumentaba entonces, no lo hacía al mismo ritmo que la plantilla. Como ejemplo, 2014: llegaron 183 nuevos jueces, pero entre los seis colectivos solo pudieron aumentar los asociados en 32.
Para Fernández Vaquero, el asociacionismo crece en la medida que los colectivos se muestran como "espacios útiles" en el día a día de los jueces. "Se percibe un mayor crecimiento coincidiendo con épocas en las que hay importantes movilizaciones conjuntas exigiendo mejoras profesionales", apunta el magistrado, que también considera un acicate aquellos momentos en los que los jueces se ven sometidos a "un intento" permanente de "deslegitimación". María Jesús del Barco tardó ocho años en integrarse en uno de los colectivos. Y ahora no concibe el hecho de "no estar asociada". "A través de las asociaciones puedes reivindicar mejoras y solucionar problemas que afectan a los compañeros en su día a día. Ya sea con los expedientes, con la sobrecarga en los juzgados...", dice la presidenta de la APM, la asociación mayoritaria de la carrera.
¿Y puede influir en la decisión de asociarse el interés de promocionar en el escalafón judicial? "Puede, ¿pero qué peso cuantitativo tiene ese factor?", desliza el portavoz de la Francisco de Vitoria. Ambos magistrados conceden que hay más gente asociada que no asociada en cargos discrecionales. "Pero no de forma abrumadora", apostilla Del Barco. En este sentido, pone el foco, por ejemplo, en el Tribunal Supremo. Y, en concreto, en las cuatro Salas que integran el mismo. "De los cinco presidentes, tres están asociados y dos no", asevera en conversación con infoLibre. Así, el de la Sala de lo Civil y sucesor de Carlos Lesmes si dimite al frente del CGPJ, Francisco Marín, pertenece a la Francisco de Vitoria. Y quienes se encuentran al frente de la Sala Tercera y Quinta, César Tolosa y Jacobo Barja, están vinculados a la APM y JJpD, respectivamente.
También los actuales altos mandos de la Audiencia Nacional están ligados a alguna asociación. El presidente, José Ramón Navarro, es de la AJFV, mientras que los responsables de la Sala Contencioso-Administrativa y Social son de la Asociación Profesional de la Magistratura y Juezas y Jueces para la Democracia, respectivamente. Y a la espera de renovación se encuentra aún la Sala de lo Penal después de que su anterior presidenta, Concepción Espejel, también afiliada a la APM, aterrizase en el Constitucional. Un asociacionismo que también puede verse en las cúspides de los tribunales superiores de justicia. Según las cifras recopiladas por este diario, al menos catorce de los diecisiete presidentes están o han estado vinculados a alguno de estos colectivos profesionales.
Siete de cada diez nombramientos discrecionales
Es una tendencia en la gran mayoría de nombramientos discrecionales. Los datos recopilados por elDiario.es de designaciones de este tipo realizadas entre 2013 y comienzos de diciembre de 2020, con el actual Consejo General del Poder Judicial, dan buena cuenta de ello. Siete de cada diez puestos fueron a parar a magistrados vinculados a las asociaciones, mientras que solo un 30% cayeron en manos de miembros de la judicatura no asociados –popularmente denominados independientes–, cifras que contrastan con el reparto 56%-44% de quienes pertenecen o no a un colectivo de este tipo. Nombramientos directos que lleva a cabo un CGPJ cuya docena de miembros relativa al cupo de jueces y magistrados está repartida entre la APM y Jueces para la Democracia.
Fernández Vaquero trata de dar algo de contexto a esos datos. Así, asevera que justamente la asociación a la que representa apenas se beneficia, que el pastel se lo reparten entre los considerados conservadores y progresistas. Algo que confirma el estudio de situación citado. La APM accedió al 37% de las designaciones, mientras que JJpD al 24%. La Francisco de Vitoria, sin embargo, se tuvo que conformar con un 8%, a pesar de ser el segundo colectivo con más músculo de la carrera. "El problema está en quién los hace y cómo. En primer lugar, se encarga el CGPJ, donde predominan la APM y JJpD, lo que ya vicia todo de principio. Y luego tenemos los baremos discrecionales en los nombramientos. Si estos se objetivasen, se rompería esa correa de transmisión automática de la que hablamos", dice Fernández Vaquero.
Del Barco, por su parte, cree que hay un poco de "leyenda" alrededor del uso que se pueda hacer de las asociaciones como trampolín en la judicatura. "La inmensa mayoría de los asociados van a lo suyo, están con sus juzgados, y no tienen aspiraciones de ese tipo", trata de explicar, al tiempo que recuerda, no obstante, que para hacer una buena valoración de este asunto es necesario conocer también previamente si los "asociados" se presentan más que los "no asociados" a estos procesos. Tampoco el presidente de la Francisco de Vitoria considera que las aspiraciones de llegar a lo más alto de la judicatura sean un factor "relevante" a la hora de que los magistrados decidan o no asociarse. Si fuera fundamental, dice, ninguna de las asociaciones que acceden en mayor proporción a estos puestos perdería potencia. Y eso no es lo que está ocurriendo.
La APM en cabeza, JJpD en caída
Pone el foco en Jueces para la Democracia. Esta asociación de corte progresista nació a comienzos de los ochenta como una corriente dentro de la Asociación Profesional de la Magistratura heredera de Justicia Democrática. En estos momentos, representa al 14,8% de los asociados y al 8,3% de toda la judicatura. Tradicionalmente fue el segundo colectivo más potente. Hasta 2007. Ese año le dio el sorpasso la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Desde entonces, ocupa la tercera posición. Y sus asociados no dejan de retroceder al tiempo que se incrementan los del resto. En los últimos seis años ha perdido casi un centenar: de los 530 que tenía en 2015 –pico alcanzado en los registros oficiales– ha pasado a los 441 actuales, 89 menos.
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Una parte de ellos decidieron abandonar el barco por la postura mantenida respecto a diferentes decisiones judiciales relativas al procés. De hecho, algunos de esos jueces descontentos con la asociación acabarían montando en 2018 Ágora Judicial. Este colectivo comenzó a funcionar con 22 asociados, si bien desde entonces no ha dejado de retroceder hasta situarse en los 13 que el CGPJ contabilizó en septiembre de 2021. Su representación es, en estos momentos, residual. Igual que lo es la Asociación Nacional de Jueces (ANJ). Fundada en 2002, lo cierto es que nunca llegó a tener músculo. Ni siquiera cuando se le intentó dar una nueva bocanada de aire a raíz de la huelga de jueces durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El mejor registro refleja una docena de asociados. El peor, cuatro, justo los que tiene ahora.
Algo por detrás de JJpD se encuentra Foro Judicial Independiente, que tiene 339 miembros y representa al 11,4% de los magistrados que pertenecen a alguno de estos colectivos. Y por delante, desde hace años, la Francisco de Vitoria. No hay año que esta asociación no aumente de tamaño. En la actualidad cuenta con 846 asociados, casi el doble que la progresista, lo que equivale al 28,4% de quienes están organizados. Para Fernández Vaquero, la clave del éxito puede estar en la "seriedad", el "carácter asambleario" y, sobre todo, la "independencia" total de los partidos políticos. "Eso es algo que los compañeros perciben", apunta el portavoz del colectivo, que reconoce que les ha costado "mucho esfuerzo" romper con el eje conservador-progresista y crear una "dinámica propia" que, según parece, está atrayendo a los más jóvenes: "La mayoría de nuevos asociados son de las últimas promociones".
Pero quien tiene el verdadero liderazgo dentro de la carrera es, de lejos, la Asociación Profesional de la Magistratura. En la actualidad cuenta con 1.340 miembros. Tiene entre sus filas a un cuarto de toda la judicatura. Y acumula a casi el 44,9% de todos los asociados. "Saben que nosotros vamos a responder por ellos", dice Del Barco. Además, cree que también influye en el crecimiento continuo el efecto arrastre que provoca ser la asociación con mayor músculo. "Si tienes dudas, probablemente te decidas por la mayoritaria, porque va a haber más gente de esa asociación cuando vayas a tu destino", apunta la presidenta de la APM, que trata de sacudirse la etiqueta de "conservadora" que desde hace décadas tiene colgada su asociación: "Nosotros lo que defendemos es el modelo constitucional de juez y el respeto a la Constitución. Cuando se etiqueta, lo que se intenta es desprestigiar el trabajo y se desprecia la independencia judicial".
