Carmen Martínez-Bordiú ya es duquesa de Franco. El Boletín Oficial del Estado hizo pública esta semana la orden del Ministerio de Justicia por la que se expide la Real Carta de Sucesión que permite a la nieta del dictador heredar de su madre, Carmen Franco Polo, el título nobiliario con Grandeza de España. De nada sirvieron, finalmente, los pronunciamientos de PSOE, Podemos e IU exigiendo la supresión del ducado. El Gobierno de Mariano Rajoy salió de Moncloa dejando atada y bien atada la vigencia de esta distinción. Y una prueba de ello ha quedado plasmada en la resolución que el BOE publicó el pasado miércoles. La orden que permite la continuidad del ducado que lleva el nombre del dictador fue firmada por el ex ministro de Justicia Rafael Catalá tan sólo veinticuatro horas antes de que prosperara en el Congreso de los Diputados la moción de censura socialista que desalojó de la Presidencia del Ejecutivo a Mariano Rajoy.
La polémica en torno a este título nobiliario, que se concedió a Carmen Polo el 26 de noviembre de 1975 (cinco días después de la muerte del dictador), comenzó a finales de 2017, cuando Martínez-Bordiú cursó una solicitud para heredarlo tras la muerte de su madre. Y se recrudeció el pasado mes de marzo, cuando el BOE anunció el inicio de la tramitación. Tanto Izquierda Unida como el PSOE exigieron de inmediato la supresión del ducado porque contraviene la Ley de Memoria Histórica al ir ligado “a una rebelión militar con resultado de guerra civil, a una represión posterior a la guerra y a una dictadura que se prolongó durante cuatro décadas”. El caso, incluso, fue llevado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ante la Fiscalía, que en sólo un párrafo decidió dar carpetazo al asunto. El Ejecutivo de Rajoy, por su parte, se limitó a decir que “ejerce sus funciones con pleno respeto a la Constitución y a las leyes”.
Ahora, con Pedro Sánchez en la Moncloa, el debate vuelve a reabrirse. El pasado miércoles, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, aseveró que volverán a pedir al nuevo Gobierno que actúe “de forma inmediata” para que esto “sea corregido”: “No tiene ningún sentido que sigan existiendo este tipo de símbolos producto de la dictadura”. Y el Ejecutivo socialista, cuyo partido ya pidió cuando lideraba la oposición al rey –al igual que Izquierda Unida– la eliminación del ducado, parece que está por la labor. En declaraciones a los medios, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, trasladó la “intención” del Gobierno de Sánchez de “estudiar” una posible reforma del Real Decreto de 1912, la normativa que regula los títulos nobiliarios, para incluir un procedimiento de revocación y, de esta manera, poder retirar legalmente el tan criticado ducado de Franco. Para ello, esgrimirán la Ley de Memoria Histórica.
Una modificación de este Real Decreto, además, abriría la puerta a la retirada de otros tantos. Sobre todo, de aquellos que se crearon y se otorgaron durante la dictadura franquista. Actualmente, en España hay concedidos más de 2.800 títulos nobiliarios, según consta en la base de datos del Consejo de la Grandeza de España, la elitista institución a la que sólo pueden pertenecer "los Grandes y Títulos del Reino". De ellos, 37 fueron concedidos por Franco durante las cuatro décadas de dictadura. De hecho, fue el mismo dictador el que se encargó de recuperarlos tras el golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil. Durante la II República, dichas menciones estaban abolidas en virtud del artículo 25 de la Constitución de 1931.
Los Grandes de España
El restablecimiento de los títulos nobiliarios se produjo en 1948. Ese año, el generalísmo otorgó hasta cuatro distinciones con Grandeza de España. Tres de ellas se concedieron el 18 de julio, en recuerdo al “glorioso alzamiento nacional”, a título póstumo. La primera, el Ducado de Calvo Sotelo, se otorgó a José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera y “protomártir de la Cruzada”, en palabras del propio Franco. Ese día, el caudillo también concedió el Ducado de Mola y el Ducado de Primo de Rivera. El primero fue para Emilio Mola Vidal, otro de los militares fuertes del golpe de Estado de 1936. El segundo se concedió a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Actualmente, las dos primeras distinciones están en manos de sus nietos –José Calvo Sotelo Olry de Labry y Emilio Mola Pérez de Laborda– mientras que la última la ostenta el sobrino del político falangista –Miguel Primo de Rivera y Urquijo–.
Un mes después, Franco creó la cuarta, el Condado del Alcázar de Toledo, un claro guiño a la simbólica batalla de comienzos de la Guerra Civil. Y se lo concedió a José Moscardó e Ituarte, el militar que encabezó las fuerzas golpistas en Toledo y dirigió la defensa de la fortaleza durante el asedio de las fuerzas gubernamentales de la II República. En 1973, casi dos décadas después de la muerte del que durante la dictadura fuera jefe de la Casa Militar de Franco, el título nobiliario pasó a manos de José Luis Moscardó y Morales-Vara del Rey, nieto del general. Durante los últimos años, el ya retirado coronel del Ejército ha defendido fervientemente el mantenimiento de la madrileña calle General Moscardó y ha cargado con dureza contra la Ley de Memoria Histórica, una normativa que, según él, lleva impregnado un aire de “revanchismo” y “odio”.
Desde entonces, y hasta su muerte, el dictador otorgó otras tres distinciones de nobleza con Grandeza de España. El 18 de julio de 1951, creó el Marquesado de Dávila y se lo concedió a Fidel Dávila Arrondo, comandante en jefe del Ejército del Norte tras la muerte de Mola y ministro del Ejército durante la dictadura franquista –actualmente el título lo ostenta su sobrino nieto, Ramón Ignacio Dávila–. A la lista se sumaría en 1967 el Ducado de Badajoz, concedido por el dictador a María Pilar de Borbón y Borbón, tía de Felipe de Borbón. Finalmente, en diciembre de 1973, Franco concedió su última distinción de nobleza con Grandeza de España: el Ducado de Carrero Blanco, que fue otorgado a título póstumo al jerarca franquista un día después de que fuera asesinado. Desde 1975, lo ostenta su hijo mayor, Luis Carrero Blanco Pichot.
El resto de títulos nobiliarios concedidos las tres últimas décadas del franquismo fueron a parar a manos de personalidades cercanas al régimen dictatorial. La mayor parte de los premiados fueron militares: Francisco Moreno y Fernández, Juan Cervera y Valderrama, Alfredo Kindelán y Duany, Joaquín García Pallasar, Gonzalo Queipo de Llano, Andrés Saliquet, Juan Yagüe, Juan Antonio Suanzes o José Enrique Varela, entre otros. Pero también fueron agasajados con estas distinciones de nobleza varios políticos franquistas –Onésimo Redondo o Esteban Bilbao–, empresarios –Patricio Echeverría o Julio Arteche, expresidente del Banco Bilbao–, científicos –Ramón y Cajal o Hermenegildo Arruga–, reconocidos falangistas –Pilar Primo de Rivera, la que fuera delegada nacional de la Sección Femenina– e, incluso, un alto cargo eclesiástico –Giovanni Battista Tedeschini, sobrino de un cardenal de Pío XII–.
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Retirada inmediata
Todas estos títulos son, para las asociaciones memorialistas, una anomalía democrática. Ya en 2009, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), al igual que IU, presionaron para que se retiraran todas estas distinciones de nobleza concedidas durante la dictadura. En la actualidad, su posición no ha cambiado. Emilio Silva, presidente de la ARMH, insiste en conversación con infoLibre en que todos estos ducados, marquesados y condados hay que “eliminarlos” porque ejemplifican a la perfección “la victoria sostenida de la dictadura”. En este sentido, la Ley de Memoria Histórica es clara: “Las Administraciones públicas, (…) tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.
El hecho de estar en posesión hoy día de un título nobiliario no comporta ningún privilegio destacado más allá del derecho a ser tratado como Excelentísimo Señor –en el caso de los Grandes de España– o Ilustrísimo Señor –en el caso de duques, marqueses, condes, vizcondes, barones o señores que no sean Grandes de España–. Por tanto, el único valor que tienen las 362 distinciones de nobleza que concedió Carlos II durante su reinado, o las más de 250 otorgadas por Felipe IV, es exclusivamente simbólico. La última prebenda con la que contaban los nobles con Grandeza de España, el derecho a poseer pasaporte diplomático, fue abolida en los años 80.
Carmen Martínez-Bordiú ya es duquesa de Franco. El Boletín Oficial del Estado hizo pública esta semana la orden del Ministerio de Justicia por la que se expide la Real Carta de Sucesión que permite a la nieta del dictador heredar de su madre, Carmen Franco Polo, el título nobiliario con Grandeza de España. De nada sirvieron, finalmente, los pronunciamientos de PSOE, Podemos e IU exigiendo la supresión del ducado. El Gobierno de Mariano Rajoy salió de Moncloa dejando atada y bien atada la vigencia de esta distinción. Y una prueba de ello ha quedado plasmada en la resolución que el BOE publicó el pasado miércoles. La orden que permite la continuidad del ducado que lleva el nombre del dictador fue firmada por el ex ministro de Justicia Rafael Catalá tan sólo veinticuatro horas antes de que prosperara en el Congreso de los Diputados la moción de censura socialista que desalojó de la Presidencia del Ejecutivo a Mariano Rajoy.