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Los Franco piden 13 años de cárcel para los 19 activistas que ocuparon el inmueble en una protesta pacífica

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La familia Franco y la Fundación Franco han denunciado al grupo de 19 militantes del BNG que en agosto del año pasado "ocuparon" simbólicamente durante unas horas el Pazo de Meirás por los delitos de odio, contra el honor, daños y violación de morada.

Así lo ha anunciado este jueves el dirigente nacionalista Néstor Rego, que ha comparecido acompañado de otros de los participantes en aquella acción de denuncia para informar de que han sido denunciados tanto por la familia Franco como por la fundación que lleva el nombre del dictador a causa de estos hechos. Ante los medios, Rego ha recordado que en agosto de 2017 un grupo de militantes del BNG hicieron una "acción pacífica" desplegando dos pancartas en el Pazo de Meirás, Bien de Interés Cultural en manos de la familia Franco, para pedir su "reintegración" en el patrimonio gallego.

 

La acción, ha recordado, coincidió con un día de visita pública de la instalación, duró dos horas y "todos los paticipantes abandonaron el pazo ante la Guardia Civil y de forma pacífica". Esta actuación, ha apuntado el nacionalista, "reactivó el debate social y político sobre el pazo" y su "devolución al pueblo gallego", por lo que se ha mostrado "orgulloso" de haber participado en la iniciativa.

Hace menos de dos semanas, los 19 integrantes de esta acción comenzaron a recibir notificación de la denuncia presentada ante los Juzgados de Betanzos y por la que tendrán que ir a declarar a finales del mes de septiembre.

En la denuncia, se les atribuye un delito de violación de morada con agravante de violencia, penado con de uno a cuatro años de cárcel; y de daños en modalidad agravada, penado con entre uno a tres años de prisión.

Además, los consideran autores de un delito de odio, penado con entre uno y cuatro años de prisión y de otro contra el honor con publicidad, al que corresponden entre seis meses y dos años de cárcel.

Con ello, ha destacado Néstor Rego, la familia y la Fundación Franco piden para los integrantes de esta "acción pacífica" penas de cárcel que van desde los tres años y medio a los 13 años de prisión, así como multas económicas. Entre los firmantes de la denuncia están la hija del dictador, Carmen Franco, y su nieto Cristóbal Martínez-Bordiú.

Los militantes han considerado esta acusación una "barbaridad desde el punto de vista jurídico" y "lacerante para las víctimas del franquismo", al tiempo que creen que "carecen de fundamento".

En este sentido, han recordado que se realizó en un día de apertura pública del pazo, por lo que "no hay violación de morada", y de forma "pacífica". Además, han calificado de "irónico" que "una fundación que hace apología del fascismo" les denuncie "por atentado contra el honor y por un delito de odio". "Es el mundo al revés", ha dicho Néstor Rego.

Para Néstor Rego, acciones como esta demuestran que la española es "una democracia de muy baja calidad" en la que "persisten las estructuras del fascismo" y en la que "se siguen persiguiendo a personas por sus ideas políticas".

"Esta actuación judicial y su resultado dirá mucho de la salud democrática del país", ha dicho Rego, que ha reclamado al nuevo Ejecutivo nacional la "derogación inmediata" de leyes que "coartan las libertades públicas", especialmente la conocida como Ley Mordaza, y la "puesta en libertad de las personas encarceladas por motivos políticos".

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Tras conocer la noticia, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha expresado su apoyo a las 19 personas denunciadas y ha calificado de "inadmisible" que, "además de hacer uso de un inmueble usurpado al pueblo gallego", la familia Franco "solicite penas de prisión para estas personas".

"Que sea una fundación que realiza apología del fascismo y su familia la que presenta estos cargos es intolerable en un estado democrático", ha dicho Miranda, que ha garantizado que el BNG "no dejará de reclamar que las propiedades que usurpó el dictador pasen a manos públicas".

 

La familia Franco y la Fundación Franco han denunciado al grupo de 19 militantes del BNG que en agosto del año pasado "ocuparon" simbólicamente durante unas horas el Pazo de Meirás por los delitos de odio, contra el honor, daños y violación de morada.

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