La baronesa conservadora lo describe como una "inspección" tributaria "sacada de quicio". Pero el caso que afecta a la actual pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, va más allá. Primero, porque a Alberto González, con quien la líder del Ejecutivo regional mantiene una relación desde 2021, se le acusa de haber defraudado a la Hacienda Pública cantidades que superan notablemente el mínimo para ser consideradas delito. Y segundo, porque para ello se habría valido, siempre según el relato que hace en su denuncia el Ministerio Fiscal, de un compendio de facturas falsas. Una combinación de fraude y falsedad documental que ha sido letal a lo largo de los últimos años para algunos alcaldes, políticos o empresarios de distinto pelaje.
El escrito de la Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público acusa a la pareja de la presidenta regional de dos presuntos delitos fiscales relativos al Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021. El fiscal sostiene que la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL, administrada por González, se habría deducido "indebidamente" gastos "en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados" para "reducir" su tributación "ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado" la firma en plena pandemia. Según elDiario.es, la pareja de Ayuso habría cobrado dos millones de euros en comisiones por mediar en la compraventa de material sanitario en pandemia.
El Código Penal castiga con entre uno y cinco años de prisión el fraude fiscal que exceda de 120.000 euros. Y con entre seis meses y tres años de cárcel a quienes cometieren en documento público, oficial o mercantil, diferentes falsedades, entre ellas la alteración de un documento en "alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial" o la simulación del mismo "en todo o en parte". En el asunto que afecta a la actual pareja de la presidenta madrileña, el fiscal menciona hasta una quincena de facturas falsas, algunas de ellas emitidas por sociedades constituidas fuera de España. Un comportamiento que habría permitido defraudar a las arcas públicas 350.951 euros –155.000 euros en el primer ejercicio y 195.951,41 euros en el segundo–.
En los casos más mediáticos de fraude, la estrategia utilizada suele cimentarse sobre complejos entramados societarios y cesiones de derechos. Así ocurre, por ejemplo, con la causa que tiene abierta la cantante colombiana Shakira, donde la Fiscalía la acusa de haber defraudado presuntamente seis millones de euros a Hacienda a través de un "entramado societario" con el que habría simulado la cesión de derechos a empresas instrumentales. Éste es el segundo procedimiento que persigue a la artista. Al primero, se le puso punto y final con un acuerdo de conformidad, por el cual la cantante reconoció que defraudó 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 y que España debió ser su residencia fiscal durante todos esos años.
Un pacto que también han alcanzado en los últimos años algunos deportistas. Es el caso de Cristiano Ronaldo, que reconoció haber cometido cuatro delitos fiscales a través de una estructura societaria utilizada para ocultar al fisco las rentas generadas en nuestro país por los derechos de imagen. Unos derechos de imagen que también han perseguido a Lionel Messi, a quien se le impuso una condena de 21 meses de cárcel –ratificada luego por el Supremo–. Y que persiguen al actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, a quien el Ministerio Público acusa de dos delitos fiscales por no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una en Londres y otra en las Islas Vírgenes Británicas.
Pero en el de la pareja de Ayuso, al supuesto fraude fiscal se suma, además, un delito de falsedad documental. No son raras, sin embargo, las causas judiciales en las que se entremezclan facturas falsas y delitos contra la Hacienda Pública. Al fin y al cabo, las primeras son otro de los vehículos usados para evitar el pago de impuestos. Por eso, cuando se castiga el fraude en estos casos suele hacerse en concurso medial con la falsedad documental, al entenderse que ésta última es el medio para la comisión del primer delito. Esto implica que el tribunal deberá imponer "una pena superior a la que habría correspondido por la infracción más grave –el delito fiscal–" pero sin exceder de la suma de las penas que hubieran sido impuestas de forma separada.
Del alcalde de Portas al de Orihuela
La combinación de ambos tipos penales se ha visto en procedimientos que han afectado a políticos o empresarios en los últimos años. En 2012, el alcalde de la localidad pontevedresa Portas, Roberto Vázquez, alcanzó un acuerdo de conformidad con Fiscalía y Agencia Tributaria por el que asumió la responsabilidad de un delito fiscal y otro de falsedad en documento mercantil. El pacto incluyó la sustitución de la cárcel por una multa de más de 300.000 euros. Y el reconocimiento de que no había pagado el Impuesto de Sociedades de 2005 a través de la promotora Pazos Souto 2000 SL. Para justificarlo, declararon gastos de obras inexistentes. Con la conformidad, se admitió también la falsificación de pagos y facturas para disminuir la base imponible.
Ambos artículos del Código Penal persiguen, del mismo modo, al presidente del Villarreal CF, Fernando Roig. El Ministerio Público pide para él seis años de prisión por los mismos dos delitos en relación con la realización de unas obras en el estadio hace dos décadas. En su escrito, sostiene que Roig, en connivencia con todos los acusados, "fue asumiendo el pago de las facturas que iban emitiendo, cuyo contenido material no se ajustaba a la realidad, o bien de forma parcial o bien totalmente". La Abogacía, por su parte, señala que con "la finalidad de eludir el pago de impuestos", el presidente del club "recibió facturación falseada" tanto por "obras inexistentes" como por "importes desmesurados de determinadas partidas".
Estos dos delitos también cercan, en estos momento, al alcalde conservador de Orihuela, José Vergara, para el que el Ministerio Público, con quien se ha negado a alcanzar una conformidad a fin de defender hasta el final su inocencia, pide siete años de cárcel por haber orquestado junto a otros tres acusados "un ilícito plan con tal de, a través de la formalización de un contrato de compraventa de agendas publicitarias y la expedición de diferentes facturas, crear gastos deducibles”. En total, la Fiscalía calcula que Hacienda dejó de percibir por las "maniobras y deducciones defraudatorias y fraudulentas" usadas en la gestión de las ITV de la Vega Baja más de 900.000 euros en concepto de Sociedades e IVA en el ejercicio de 2005.
Las facturas falsas de la 'trama del oro'
Dicha combinación también está presente en la sentencia que la Audiencia Nacional impuso el pasado mes de diciembre en la llamada trama del oro. El tribunal consideró probado que entre 2010 y 2012 una serie de personas dedicadas a la compraventa de oro y sociedades, con la "finalidad de eludir el pago de las obligaciones fiscales derivadas de las ganancias obtenidas de sus actividades de comercio", se concertaron con otros individuos para que éstos "simularan facturas de venta de género con las que justificar tanto su adquisición como un importe superior al real y de esta manera ocultar su verdadero margen de beneficio eludiendo así el abono debido y adecuado de sus obligaciones fiscales, en relación con el impuesto de sociedades".
El principal empresario de la trama fue condenado por fraude fiscal en concurso medial con falsedad en documento mercantil. Pero los encargados de elaborar las facturas falsas resultaron absueltos del delito contra la Hacienda Pública. Meses antes, en otro juicio, ambos se libraron también de este mismo delito al entender el tribunal que desconocían que las facturas falsas iban a ser empleadas para defraudar al fisco. Algo que puede ser determinante también en el caso de la pareja de Ayuso. Porque además de a él, la Fiscalía denuncia a otras cuatro personas vinculadas a las empresas que emitieron las facturas que, según el relato del Ministerio Público, se habría deducido "indebidamente" la sociedad controlada por el novio de la presidenta madrileña.
La baronesa conservadora lo describe como una "inspección" tributaria "sacada de quicio". Pero el caso que afecta a la actual pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, va más allá. Primero, porque a Alberto González, con quien la líder del Ejecutivo regional mantiene una relación desde 2021, se le acusa de haber defraudado a la Hacienda Pública cantidades que superan notablemente el mínimo para ser consideradas delito. Y segundo, porque para ello se habría valido, siempre según el relato que hace en su denuncia el Ministerio Fiscal, de un compendio de facturas falsas. Una combinación de fraude y falsedad documental que ha sido letal a lo largo de los últimos años para algunos alcaldes, políticos o empresarios de distinto pelaje.