El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha denunciado este martes ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto fraude en la gestión de los hospitales madrileños en régimen de concesión inaugurados por la expresidenta regional Esperanza Aguirre por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, estimando que los madrileños tendrán que pagar entre 1.200 y 3.000 millones de sobrecoste hasta el año 2035 a consecuencia de unos contratos hechos para "beneficiar" a las concesionarias.
La presidenta del grupo parlamentario de Podemos, Mónica García, y el diputado autonómico José Manuel López, acompañados por los parlamentarios Clara Serra y Eduardo Gutiérrez, han acudido a la sede de la Fiscalía para presentar la denuncia ante el registro tras detectar en las Comisiones sobre la Deuda y de Sanidad indicios de criminalidad respecto a los gestantes del plan de infraestructuras de los siete hospitales públicos que se construyeron durante el mandato de Aguirre.
Precisamente, la expresidenta regional figura en la denuncia como la supuesta autora intelectual de este presunto fraude relacionado con el plan de infraestructuras que se gestó para su construcción. También se dirige la denuncia contra el expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda –imputado en el caso Lezo–, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y contra otros altos cargos de la Consejería de Sanidad, entre otros.
A su llegada, Mónica García ha subrayado que la denuncia se interpone por las presuntas anomalías detectadas en los hospitales hipoteca que construyó Aguirre. "Todos estos años, nos han traído sobrecostes, mala gestión y despilfarro a la Sanidad madrileña. Hemos trabajado muchos meses en la Asamblea Y hemos investigado qué ha pasado con estos contratos, unos contratos absolutamente opacos de los que no se sabe cuánto estamos pagando", ha reseñado.
Sobrecoste de 3.000 millones
Al respecto, ha apuntado que se ha hecho una estimación de que hasta 2035 cuando los contratos concluyen los madrileños van a pagar unos sobrecostes de entre 1.200 y 3.000 millones de euros de más, un dinero que, a su juicio, se podría haber invertido en la Sanidad madrileña.
"Se eligió la forma –financiación– más gravosa y se ha ido incrementando para que tengan más beneficios estas empresas", ha asegurado la parlamentaria, quien ha destacado que entre las anomalías detectadas "hay cláusulas abusivas, unos contratos que van en contra del beneficio público y que son absolutamente desleales contra la Sanidad madrileña".
"La Sanidad ha sido recortada de manera espectacular mientras hay empresas, muchas en sumarios judiciales, que han estado teniendo beneficios en los peores años de la crisis de entre un 20 y un 40 por ciento como Sacyr, que era adjudicataria de dos de los hospitales y que vendió sus activos a fondos buitres. Son empresas que estaban han tenido beneficios desproporcionados mientras recortaban sanidad", ha aseverado.
Además, ha insistido en que estos hospitales tendrían que estar ya "amortizados", pero sin embargo se está pagando "el doble por unos servicios paupérrimos". "Durante todos los gobiernos, el canon que pagamos que es opaco se ha ido incrementando hasta llegar un 47 por ciento más que al principio en base de modificaciones y cláusulas que han ido incrementándose para darles mas dinero", ha dicho.
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"Los altos cargos sabían que había sobrecostes porque tenían al final que firmar unas facturas y sabían que, en comparación con hospitales públicos, era de dos veces más. Los servicios no sanitarios están sobredimensionados por cuestiones como limpieza, jardinería y mantenimiento. Obviamente, los altos cargos sabían que se hacía porque está hecho aposta, para que puedan especular y tener beneficios", ha concluido.
Fachada del hospital de Móstoles. | EFE
El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha denunciado este martes ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto fraude en la gestión de los hospitales madrileños en régimen de concesión inaugurados por la expresidenta regional Esperanza Aguirre por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, estimando que los madrileños tendrán que pagar entre 1.200 y 3.000 millones de sobrecoste hasta el año 2035 a consecuencia de unos contratos hechos para "beneficiar" a las concesionarias.