La capacidad de Israel para ningunear a la Corte Penal dificulta la investigación de las atrocidades en Gaza
Un Estado, sea cual sea, tiene derecho a defenderse. Eso sí, dentro de unos límites perfectamente definidos en el Estatuto de Roma. Líneas rojas que, sin embargo, llevan dos semanas rebasándose en Oriente Próximo. Casi diariamente, en la guerra sin cuartel entre el grupo terrorista Hamás e Israel se registran hechos que podrían ser constitutivos de crímenes internacionales. Son los atentados más graves y atroces contra el género humano. Y la Corte Penal Internacional (CPI) está facultada para perseguirlos y castigarlos. Una tarea complejísima. Sobre todo en este caso, donde el Estado hebreo tiene margen para boicotear cualquier intento de investigar por parte del tribunal de La Haya. Al fin y al cabo, no ha ratificado el Estatuto de Roma. Y, por tanto, no está obligado a cooperar con la Corte.
La cadena de atrocidades no ha dejado de sumar eslabones desde el inicio del conflicto al otro lado del Mediterráneo. Primero fue el ataque terrorista de Hamás, que se saldó con varios cientos de civiles muertos y más de un centenar de secuestrados. Y luego, la respuesta por parte de Israel, con bombardeos indiscriminados contra población civil y cierre a cal y canto de la Franja de Gaza. Dos semanas de guerra en las que también se han producido ataques contra infraestructuras sanitarias, sobre las que el derecho internacional prohíbe situar el foco en una guerra. Entre ellas, el hospital Al Ahli, que amparaba a pacientes, personal sanitario y desplazados internos. Aún no se sabe ni la autoría ni el número de víctimas de la matanza. Las autoridades gazatíes hablan de 471.
Todos estos hechos tienen encaje dentro de la categoría de crímenes internacionales, que engloba los de guerra, genocidio, lesa humanidad o agresión. De hecho, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, tiene abierta desde 2021 una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos a partir de 2014 en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. "Este mandato está en curso y se aplica a los crímenes cometidos en el contexto actual", explican a infoLibre desde el tribunal, al tiempo que añaden que su Fiscalía, que en la actualidad encabeza el británico Karim Khan, "está recopilando continuamente información" para apoyar las pesquisas, que ponen la lupa tanto sobre las Fuerzas Armadas israelíes como sobre los grupos armados palestinos.
Este tipo de investigaciones son realmente complejas. "Las pruebas directas, en muchas ocasiones, son muy difíciles de encontrar", explica al otro lado del teléfono Concepción Escobar, quien durante años ocupó uno de los asientos de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. De ahí que, en muchos casos, se haya tenido que recurrir a otro tipo de material probatorio a partir de indicios. Un procedimiento laborioso que, además, puede alargarse durante años. El caso Darfur es solo un ejemplo. La investigación por los crímenes internacionales cometidos durante el conflicto en la región sudanesa a comienzos de siglo se abrió en 2005. Y aún, a día de hoy, siguen celebrándose juicios relacionados con estas pesquisas. "Esto se debe también a que es un tribunal muy garantista", explica una fiscal que se conoce al dedillo el funcionamiento de la Corte.
Investigadores sobre el terreno
Fuentes del órgano judicial explican, en relación al caso de Palestina, que hace un par de años se "estableció un equipo especializado" con "todos los recursos necesarios" para avanzar en la investigación. Unas pesquisas que lo habitual es que se desarrollen con investigadores de la propia Fiscalía de la Corte Penal sobre el terreno. "Se abren oficinas y se destaca personal allí para recopilar información que se va trasladando continuamente a La Haya", apunta Escobar. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, con el conflicto en Ucrania, donde además algunos Estados, como España, están colaborando con especialistas en las investigaciones sobre la comisión de posibles crímenes internacionales en el marco de la guerra con Rusia.
"Ahora bien, estos investigadores se pueden desplazar hasta allí si el país lo permite", resalta la fiscal consultada. Palestina, con total seguridad, no pondrá problema alguno. Al fin y al cabo, ha ratificado el Estatuto de Roma y, por tanto, está obligados a colaborar en las investigaciones. Y, además, fue la Autoridad Nacional Palestina la que solicitó en su día a La Haya la apertura de estas pesquisas. Ahora bien, con Israel la cosa cambia. El Estado hebreo nunca ha ratificado el Estatuto de Roma. Es decir, no reconoce la competencia de este tribunal. Y, por lo tanto, puede bloquear la entrada de investigadores de la Corte Penal a Palestina. "Ese es uno de los problemas. Si Israel no lo permite, no podrán investigar sobre el terreno", apunta Escobar al otro lado del teléfono.
Parece poco probable que el Estado hebreo colabore. Siempre ha sido extremadamente beligerante con la Corte Penal Internacional. Sobre todo, en lo que al conflicto con Palestina se refiere. En 2021, cuando el tribunal de La Haya decidió abrir su investigación, acusó al órgano judicial de "atacar a Israel". "La sesgada decisión es puro antisemitismo", tronó el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en un comunicado. Y algunos de sus ministros no han dudado en pedir el desmantelamiento del tribunal que persigue los crímenes más atroces. "[Israel] actuará en la esfera internacional para lograr el desmantelamiento de esta corte, que representa la hipocresía y da alas al terror", señaló en su día el que fuera ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman.
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Las expertas, no obstante, señalan que si los investigadores no pueden desplazarse a la zona, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional puede recopilar la información a través de otras fuentes. Por ejemplo, de las organizaciones de asistencia o ayuda humanitaria u ONG que se encuentren sobre el terreno. "Y las propias víctimas, que son muy importantes", explica la fiscal. Pero no solo eso. El tribunal de La Haya, además, cuenta con un buzón digital para que todo aquel que tenga pruebas, documentación o información relativa a la comisión de un determinado crimen internacional en el marco de una investigación abierta pueda aportarlas de forma anónima. "Al final, siempre llega mucho material de distintas fuentes", detalla la fiscal consultada.
La entrada de los investigadores en territorio palestino no es, sin embargo, el único problema que puede plantear Israel. El Estado hebreo también se puede negar a facilitar información si la Corte Penal se la solicita. Por ejemplo, sobre un determinado bombardeo contra población civil. Y, por supuesto, puede mirar para otro lado con las órdenes de detención que, llegado el momento, pueda acabar dictando el tribunal de La Haya contra algunos israelíes si les considera responsables de crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad. "De nuevo, al no ser Estado parte, no está obligado a entregar a sus ciudadanos", resalta Escobar. Israel, de hecho, ya dejó claro que protegería a sus ciudadanos cuando se abrió la investigación.
La Corte Penal, como recuerda la fiscal, no tiene "capacidad coercitiva para que se cumpla una orden de detención". Y eso es un problema, porque el tribunal de La Haya no juzga en ausencia. Por tanto, sin detención no podrá haber juicio. Y un ejemplo perfecto lo encontramos, de nuevo, en el caso de Sudán. Ha pasado ya más de una década desde que se dictaron las órdenes de detención contra el expresidente sudanés Omar al Bashir. Y aún se está a la espera de su entrega. Hasta que no ocurra, el juicio en su contra estará en situación de stand by. Sobre la mesa, crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Como los que han acabado normalizándose al otro lado del Mediterráneo.
