Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha asegurado que el catedrático Pablo Chico le pidió que cambiara las calificaciones y que estaba autorizada para ese cometido en contra de lo manifestado por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y el entonces responsable de estudios de postgrado, como informa Europa Press.
La Audiencia de Madrid ha retomado este lunes el juicio contra la exlíder madrileña, quien se sienta en el banquillo por un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de cárcel. En la sesión de este lunes, comparecerán doce testigos clave en la acusación.
En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC. Además, manifestó que actuó de "buena fe" cuando exhibió el acta del tribunal al afirmar que no sabía que estaba falsificada, responsabilizando a la universidad de las irregularidades.
En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.
En cuanto a su trabajo, ha explicado que se encargaba de matricular a los alumnos y ha dicho que tenía facultades para cambiar las notas. Al respecto, ha explicado que el entonces responsable de Postgrado y Títulos Propios José Antonio Lobato no se hacía cargo de másteres anteriores a su nombramiento, por lo que protestó ante el vicerrector José María Álvarez Mozoncillo.
"Entiendo que me dio de alta para poder hacer cambios de notas en los másteres antiguos anteriores a que se cree la escuela de másteres", ha narrado. Así, ha señalado que con ese acceso modificó las calificaciones de "muchísimos alumnos" ya que había casi 10.000 alumnos en el Campus de Móstoles.
"¿Modificó usted las notas de Cifuentes de no presentada a 7,5 y también le puso 7,5 en la asignatura del TFM?. ¿Quién se lo dijo?", ha preguntado el letrado de la URJC. "Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas", ha contado.
A preguntas sobre si la habilitaron para modificar las notas, ha replicado que ese extremo no es automático y que ella ya estaba autorizada. "Fue por orden del vicerrector, quien es quien tiene la competencia para ello. Yo me he enterado después, en un juzgado", ha dicho.
Calonge ha apuntado que ella no tenía competencia para pedir explicaciones de esas rectificaciones y ha dicho que los catedráticos funcionaban "así" al ser preguntada sobre si no le extrañó la petición de Pablo Chico a pesar de que las asignaturas no eran suyas. "Yo no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático de la universidad", ha dicho.
La funcionaria estuvo presente en una de las reuniones después de que saltara la polémica con la noticia de eldiario.es, en la que el director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde —fallecido— dijo que tenía el trabajo de Cifuentes y que lo podía tener en su casa y en su despacho. "Varias personas le dijimos que fuera a buscarlo, entre ellas yo", ha dicho.
Además, ha indicado que vio el acta encima de la mesa y que la enviaron al Rectorado por correo electrónico. "Vi el actilla que salió en la prensa y que parece ser que estaba falsificado. Lo vi antes de la rueda de prensa".
También ha contado una conversación con la exasesora de Educación María Teresa Feito, ya que fue la profesora que había ido con Cifuentes en 2017 a recoger el título del máster. "Feito entró en el despacho del rector y el vicerrector de Comunicación Carles Marín, que estaba preparando la rueda de prensa, la echó", ha recordado.
No estaba autorizada
El primero en comparecer ha sido José Antonio Lobato, quien ha relatado que el rector Javier Ramos le solicitó al saltar la polémica el 21 de marzo de 2018 que recopilara las actas, sin que constara el acta del TFM de Cifuentes.
Sobre el máster que cursó Cifuentes, ha indicado que era presencial y que a partir de 2007 era obligatoria la defensa del trabajo final. "En la normativa decía que se tenía que defender y daba unos requisitos. Hay un decreto de 2007 en el que se establecen las directrices de los másteres y la normativa aplicada a este decreto", ha detallado.
El departamento de Lobato se encargaba de la rectificación de notas si había algún error, indicando que la funcionaria Amalia Calonge no pertenecía a su servicio, por lo que no estaba autorizada a realizar modificaciones.
"El profesor si ve alguna rectificación desde 2011 hay una cuenta de correo tiene que mandar un correo y solicitar la rectificación del acta. También puede darse el caso que se acercaran al servicio solicitando la rectificación. La hacía el departamento y no el profesor", ha comentado.
Presiones de la Comunidad de Madrid
El catedrático y profesor Pablo Chico, que impartió una de las asignaturas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha afirmado en el juicio que no instó a la funcionaria Amalia Calonge a modificar las calificaciones de la exlíder madrileña, aseverando que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid. "Esta señora faltó a la verdad", ha subrayado el testigo en el juicio que se sigue contra Cifuentes y en el que ha manifestado que el interés de la exasesora de Educación María Teresa Feito en recabar información tras publicarse la información era porque "había una rueda de prensa que tenía que dar la presidenta y necesitaba tener esa aclaración".
"El señor rector -Javier Ramos-, no recuerdo si me hablaba de la presidenta pero sí expresamente de la Comunidad de Madrid, me dijo que me iba a llamar Feito para esclarecer el tema. Yo tenía claro que si había una modificación había un fundamento académico", ha relatado el testigo. "Lo que tengo claro es que ella tenía que resolver este problema para la Comunidad de Madrid, con total seguridad. Eso me quedó meridianamente claro", ha aseverado a preguntas insistentes de la fiscal Pilar santos sobre en nombre de quién actuaba la exasesora.
En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC. En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.
El exconsejero Educación reconoce "reiteradas" llamadas al rector
El exconsejero de Educación Rafael Van Grieken ha reconocido en el juicio que se celebra contra Cristina Cifuentes por el caso Máster que realizó "reiteradas" llamadas al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al tratarse de "algo que afectaba al Gobierno regional" y entraba dentro de sus competencias. Van Grieken, que actualmente ejerce como catedrático en la URJC, ha comparecido como testigo en la vista oral en la que la expresidenta regional se sienta en el banquillo de los acusados por un delito de falsedad del acta sobre la defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Lo hace después de que el pasado viernes Javier Ramos manifestara que el exconsejero le pidió el acta de defensa del TFM, cuya defensa Cifuentes reconoció que no realizó.
Así, ha relatado que la noche del 20 de marzo de 2018 recibió un mensaje del rector y le comentó que hablarían por la mañana al no ser horas. "Lo que hice es llamarle esa mañana, como habíamos quedado. Me comentó que había hablado con los profesores, que había recabado información y que todo era normal. Me quedé tranquilo", ha señalado en relación a la información publicada en elDiario.es y que destapó la polémica.
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El testigo ha señalado que llamó al rector tras la rueda de prensa ofrecida para pedirle la documentación en la que se habían basado para realizar las diferentes manifestaciones que realizaron en la comparecencia para dar explicaciones a los medios. "Era un tema importante y había que hacer acopia de esa información en la que se basaron esas afirmaciones. No tenía duda de que disponían de esa información. Las llamadas al rector eran proporcionales a la tardanza en mandar la documentación", ha dicho apuntando que se remitió la información tres horas después.
Además, ha comentado que le llamó la jefa del gabinete, Marisa González, y le trasladó que querían asesoramiento acerca de la situación. "Yo solicito de forma reiterada la documentación en general", ha subrayado y ha dicho a preguntas de la fiscal, que sus gestiones estaban dentro de sus competencias al ser su Consejería la interlocutora con las universidades madrileñas. "Era algo que afectaba al Gobierno regional y se ponía en entredicho el comportamiento de una universidad pública", ha agregado.
Finalmente, ha recalcado que para él era "lógico" que el propio rector hubiera buscado el acta, dado que ningún profesor guarda este tipo de documentos. "Confié en la legitimidad y le daba totalmente credibilidad al rector. No tenía ninguna duda de que se había comprobado de que era la verdad", ha apostillado.
Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha asegurado que el catedrático Pablo Chico le pidió que cambiara las calificaciones y que estaba autorizada para ese cometido en contra de lo manifestado por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y el entonces responsable de estudios de postgrado, como informa Europa Press.