Al menos tres de los 13 funcionarios interrogados como detenidos bajo la sospecha de que pudieron participar en el presunto amaño del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar han denunciado a la Policía, confirmaron este jueves a infoLibre fuentes conocedoras del caso.
Las denuncias se han presentado a título privado, es decir, sin la participación de los servicios jurídicos del Gobierno andaluz. Las fuentes consultadas no han precisado qué acusación concreta las sustenta. Pero su existencia ha trascendido coincidiendo con el envío a la jueza del caso de un informe donde la directora general de Minas, María José Asensio, sostiene lo siguiente: que las consideraciones de dicho informe se hacen “en un contexto de instrucción penal en la que los funcionarios públicos están explicando sus criterios técnicos profesionales e independientes bajo la coacción objetiva implícita en cualquier detención policial”, como adelantó este jueves el diario El Mundo.
En ese mismo informe, Asensio “ruega” a la jueza que “las solicitudes de aclaración de los criterios técnicos emitidos (…) no se produzcan mediante una detención policial, por considerarse contrario a sus derechos [los de los funcionarios] como ciudadanos”.
“Como delincuentes”
Fuentes relacionadas con el caso han expresado privadamente sus quejas por el hecho de que la Policía no solo tomara las huellas a los funcionarios “como si fueran delincuentes” sino que “los aislara para que no pudieran comunicarse entre sí”.
Las actas de sus declaraciones constatan que los 13 declararon, en distintas tandas y en distintas fechas, bajo sospecha de haber incurrido efectivamente en dos delitos: prevaricación (adoptar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son) y fraude (concertarse, por ejemplo, con un empresario para que gane un concurso), este último penado con cárcel.
Aunque estas no fueron detenciones al uso –los funcionarios llegaron a comisaría en distintas fechas, por su propio pie–, lo habitual es que no se permita a los detenidos comunicarse entre sí. El objetivo es evitar que los sospechosos de delito pacten una versión única de los hechos o se informen unos a otros de lo que cada cual ha ido declarando.
Incorporadas a la causa, las actas de los interrogatorios indican que los 13 funcionarios declararon con asistencia letrada. No consta que ninguno solicitara ser reconocido por el médico forense ni instase el procedimiento de habeas corpus. O, lo que es lo mismo, que reclamase ser puesto de inmediato a disposición de la juez que investiga el caso.
La única persona relacionada con la tramitación del concurso y que hasta la fecha ha declarado ante la Policía en calidad de testigo y no de sospechosa es la analista de inversiones Pilar Trujillano. Empleada de la sociedad pública Invercaria, Trujillano desmontó la versión oficial de la Junta de Andalucía al negar de modo categórico que fuese ella quien examinó la documentación financiera aportada por el tándem Minorbis-Grupo México. La jueza ha citado a Trujillano como testigo para el próximo martes.
Las quejas de la Junta andaluza, las denuncias de los funcionarios y la decisión de los ganadores del concurso de emprender acciones judiciales contra los rivales activaron la investigación judicial indican que la guerra ha entrado en una fase de consecuencias todavía imprevisibles.
Los ganadores son el tándem formado por una pequeña compañía de capital cordobés creada ex profeso para el concurso, Minorbis, y por el gigante azteca Grupo México, recientemente multado por el Gobierno de su país tras provocar hace un año un vertido tóxico en el río Sonora. Su rival, cuya oferta resultó perdedora, es Emerita Resources España SL, de capital canadiense.
Tanto el dúo Minorbis-Grupo México como el Gobierno andaluz defienden con uñas y dientes la limpieza de la adjudicación. Emerita, en cambio, mantiene que el procedimiento estuvo amañado en favor de Minorbis, a cuyos propietarios define como “conseguidores”. La Policía cree lo mismo. El Gobierno andaluz cree que la Policía trabaja a favor de obra –o sea, del PP. Y Minorbis, para que la que trabajaba un exalto cargo de la Junta de Andalucía, se declara víctima de una campaña de “difamaciones”.
La tesis de Emerita se resume así: que, bajo el argumento de que tenían “la llave del concurso”, los propietarios de Minorbis presionaron a la compañía canadiense para acudir de forma conjunta a la licitación; y que solo cuando Emerita se negó, Minorbis buscó a Grupo México y se hizo con la adjudicación.
Los dueños de Minorbis son los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, conocidos en Andalucía por dirigir una constelación de pequeñas sociedades que giran en torno a la tecnológica Magtel. La piedra angular de los argumentos de los López Magdaleno podría condensarse del siguiente modo: que la oferta de Emerita era mucho peor que la suya y que su denuncia de supuestas ilegalidades es solo juego sucio.
Este miércoles, Magtel anunció su personación en la causa de Aznalcóllar para defenderse de “difamaciones”. Y anunció también que emprenderá acciones contra la empresa que perdió el concurso de Aznalcóllar y activó con su denuncia la investigación judicial, Emerita Resources España SL.
Las fuentes consultadas aseguran que las denuncias de los tres funcionarios fueron interpuestas antes de que Magtel hiciera pública las dos decisiones antes descritas, pero infoLibre no lo ha podido verificar.
La Junta dice que la investigación sobre Aznalcóllar “se reduce ya a un presunto delito de prevaricación”
Adjudicación lograda por una y aceptada por otra
La acusación de la directora general de Minas sobre las “coacciones” policiales a los funcionarios que intervinieron en la adjudicación a Minorbis figura en un texto, el entregado a la jueza Patricia Fernández, donde la Junta reconoce que no tiene aún una posición fijada sobre uno de los hechos más controvertidos del caso: el de que la adjudicación fuese otorgada a una empresa (Minorbis-Grupo México) pero fuese luego aceptada por una firma distinta, la sociedad limitada Minera Los Frailes.
Según la Junta, la oferta ganadora fue presentada única y exclusivamente por Minorbis aunque la “solvencia” le venía dada por el respaldo de Grupo México. No obstante, la Administración andaluza reconoció semanas atrás a este diario que Minorbis solo posee un 2% en Minera Los Frailes, mientras que el 98% restante está en manos de Grupo México.
Al menos tres de los 13 funcionarios interrogados como detenidos bajo la sospecha de que pudieron participar en el presunto amaño del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar han denunciado a la Policía, confirmaron este jueves a infoLibre fuentes conocedoras del caso.