Los funcionarios 'toman' el Congreso: un 26% de diputados son empleados públicos

Los borradores de los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre las autorizaciones de compatibilidad para los parlamentarios desvelan que al menos 92 de sus señorías son funcionarios. La ley impide compaginar un escaño con el ejercicio de la función pública, por lo que estos diputados están en situación de servicios especiales y podrán solicitar la reincorporación a sus plazas una vez dejen la actividad política. Mientras tanto, tienen derecho a los llamados "trienios", el incremento salarial que les corresponde por cada tres años de servicio activo.

Por grupos parlamentarios, es el PP el que más funcionarios congrega: 37. Le sigue, a poca distancia, con 35, el Partido Socialista. En el Grupo de Unidos Podemos se contabilizan 9 funcionarios, 6 en Ciudadanos, 2 en el PNV, 2 en el Grupo Mixto y 1 en ERC. En porcentaje, representan el 26,2% de la Cámara.

En proporción, es el PSOE el que gana en este ranking: de sus 84 diputados, 35 son funcionarios, lo que supone el 41,6% del Grupo Parlamentario Socialista. El listado lo integran, entre otros, José María Barreda, que es profesor titular de Universidad, Pilar Cancela, Gregorio Cámara, Juan Luis Gordo, Miguel Ángel Heredia, Soraya Rodríguez o Margarita Robles. Esta última es, según el último dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, "magistrada, en situación de servicios especiales, percibiendo los correspondientes trienios".

Dentro del PP, los funcionarios se concentran en el Gobierno, empezando por el propio Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, registrador de la propiedad y abogada del Estado, respectivamente. En línea con la media del hemiciclo, el 27% de los diputados del PP son empleados públicos.

Entre los funcionarios del partido de Albert Rivera está Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado. O Marta Martín Llaguno, catedrática de universidad. Y entre los del grupo de Pablo Iglesias se sienta Sergio Pascual. Funcionario del Grupo A, es "ingeniero de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía" en situación de excedencia. 

Pese a que el colectivo de funcionarios es el más numeroso en la Cámara, no es esta la Legislatura en la que más trabajadores públicos se sientan en el hemiciclo. En la X Legislatura (2011-2015) hubo un momento en el que coincidieron 126 funcionarios.

El Pleno del Congreso de los Diputados tiene pendiente todavía dar luz verde a estos dictámenes en los que se autoriza a los diputados para el pluriempleo. Hace un par de semanas, este asunto fue incluido en el orden del día de la sesión plenaria pero una decisión de última hora de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor (PP), aplazó la votación. ¿El motivo? La oposición del PSOE a que los diputados tengan otras actividades remuneradas al margen del escaño. Se trata del cumplimiento de un compromiso de los socialistas en la etapa de Pedro Sánchez. Fue en octubre de 2014 cuando el principal partido de la oposición anunció una iniciativa para que sus señorías tuviesen dedicación exclusiva.

Un debate polémico

El debate de las actividades privadas de sus señorías es siempre polémico y no suele poner de acuerdo a los diferentes actores implicados independientemente de su orientación ideológica. Los enfrentamientos a veces surgen incluso dentro de los propios partidos. Sectores del Partido Popular, por ejemplo, llevan tiempo exhibiendo su malestar por el hecho de que iniciativas como la abanderada por Pedro Sánchez y algunas leyes que llevan la autoría del propio partido de Mariano Rajoy están conduciendo a que la política acabe siendo un coto privado para los funcionarios. "El salto de la vida privada a la política es complicado para aquellos a los que no nos reservan la plaza porque no somos funcionarios. Pero el camino de vuelta es peor porque se habla muy a la ligera de las puertas giratorias", mantiene un exdiputado del PP en conversación con infoLibre.

Al hilo del debate de las compatibilidades y las actividades privadas de los diputados, Víctor Lapuente, profesor de Ciencia Política, no niega que en España exista un problema de puertas giratorias. Pero subraya que también contamos con el problema "opuesto": "Que la política quede como una actividad profesional". A su juicio, "hay que establecer una delgada línea que requiere mucho consenso, una línea gris, ni blanca ni negra" que huya de "la permisividad absoluta tradicional" y también de "desconectar a los políticos de la sociedad". "Esto nos hace todavía más vulnerables. La política quedará sólo para aquellos que se puedan permitir dedicarse a ella", considera, al tiempo que cree necesario que la formación del Parlamento sea "representativa" de la sociedad. 

Altos cargos

El proceso de elaboración de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que lleva el sello del PP, fue vivido dentro de las filas conservadoras con no poca tensión. Las principales críticas recayeron en el artículo 2.6. Reza como sigue: "El nombramiento de los subsecretarios y secretarios generales técnicos que presten sus servicios en la Administración General del Estado deberá realizarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a Cuerpos clasificados en el subgrupo A1. Esta disposición es también de aplicación al nombramiento de los directores generales, salvo que el real decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional". Es decir que, a priori, el acceso a los puestos de director general están reservados para funcionarios de carrera.

La ley anterior que regulaba estas cuestiones, la ley 5/2006 de 10 de abril de 2006, no fijaba ningún tipo de restricción para el acceso a un puesto de director general.

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Para cerrar aún más el círculo, la ley deja por escrito, en el punto 3 del título preliminar, que "no tendrá la consideración de alto cargo quien sea nombrado por el Consejo de Ministros para el ejercicio temporal de alguna función o representación pública y no tenga en ese momento la condición de alto cargo".

"El Ejecutivo muestra síntomas de querer hacer de la Administración un coto privado al que sólo tengan acceso los funcionarios", se quejaban dirigentes conservadores en el momento de la redacción de la ley.

El Gobierno de Rajoy, registrador de la propiedad, está integrado por un alto número de altos funcionarios, encabezados por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, también es abogada del Estado. Además, son funcionarios Rafael Catalá, Íñigo Méndez de Vigo, Cristóbal Montoro, Alfonso Dastis, Luis de Guindos y Álvaro Nadal.