Memoria histórica
La Fundación Franco lleva quince años sin publicar sus cuentas de 2002
La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), creada tras la muerte del dictador con el expreso propósito, según sus propios estatutos, de "exaltar" y "enaltecer" su figura, sigue incumpliendo la ley. La organización, que hasta su muerte el pasado mes de enero presidía la hija del dictador, Carmen Franco Polo, lleva más de quince años sin presentar en el registro de fundaciones, que actualmente depende del Ministerio de Justicia, su contabilidad del año 2002, a pesar de estar obligada a ello, según de desprende de una respuesta del Gobierno al portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, fechada el pasado 15 de febrero.
Las fundaciones están reguladas en España por la Ley 50/2002. Esa norma establece en su artículo 25 que "deberán llevar una contabilidad ordenada" mediante "un libro diario y un libro de inventarios y cuentas anuales" y que el Protectorado de la fundación, "una vez examinadas [las cuentas] y comprobada su adecuación formal a la normativa vigente, procederá a depositarlas en el Registro de Fundaciones". Las contabilidad, además, deberá ser aprobada "en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio" y tiene que presentarse en el registro en los diez días hábiles siguientes a su aprobación.
El senador de Compromís había solicitado al Ejecutivo las cuentas de la Fundación Franco del periodo 2000-2015. Sin embargo, el Gobierno sólo ha entregado a Mulet las cuentas que, según dice, constan en el Ministerio de Justicia: las de los años 2000, 2001, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. El ejercicio 2002, se explica en la respuesta, "no fue presentado por la fundación". Tampoco se facilitó la contabilidad del año 2003: "El Protectorado de Fundaciones informa de que no dispone de las cuentas de 2003 por problemas técnicos con su archivo central", justifican.
Sin ninguna sanción
Así mismo, el Ejecutivo no ha proporcionado –y no explica por qué– los ejercicios comprendidos entre 2005 y 2010, ambos inclusive. Y eso que, según consta en otra respuesta parlamentaria a Mulet de julio de 2017, esas cuentas sí que han sido presentadas. En algunos casos, recuerda el senador de Compromís en un comunicado, con "más de cuatro años de retraso" y sin que se "haya adoptado ninguna medida". En su contestación del pasado mes de julio, el Gobierno se defendía diciendo que "la ley no establece ninguna medida de sanción" para las fundaciones que la incumplan.
"El Protectorado de Fundaciones, una vez transcurrido el plazo, remite un escrito a las fundaciones que no le han presentado sus cuentas anuales recordando la citada obligación y requiriéndolas para que las presenten", añadía el Ejecutivo, que aseguraba que dicho escrito se había enviado a la Fundación Nacional Francisco Franco "en todos los ejercicios en los que no se presentaron las cuentas en el plazo señalado por la ley". "No obstante, como ya se ha señalado anteriormente, la Ley 50/2002 no regula ninguna sanción para el incumplimiento de la citada obligación", sentenciaban.
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Ilegalización
Aunque para Mulet, "lo peor es que fundaciones como estas existan y reciban fondos públicos". La FNFF recibió miles de euros en subvenciones entre 2000 y 2003, durante la segunda legislatura de José María Aznar (PP). Fueron en total 146.811 euros distribuidos de la siguiente manera: 41.080 euros en el año 2000; 42.070 en 2001; 41.000 euros en 2002 y 26.690 euros en 2003. Esos fondos se entregaron en el marco de un programa de ayudas para "proyectos archivísticos". "Es como si la actual Alemania pagara dinero de todos a una legalizada fundación Adolf Hitler, algo inconcebible e imperdonable", señala el senador.
Por todo ello, el portavoz de Compromís en el Senado ha afirmado que hay que "ilegalizar" este tipo de organizaciones "que atentan contra la democracia, los derechos humanos y promueven el incumplimiento de las leyes". "En cualquier país democrático de nuestro entorno, una entidad de este tipo habría sido disuelta, condenada y apartada de las prerrogativas, beneficios e ingresos que permite la legislación", añade. El pasado mes de noviembre, el Congreso aprobó, con la abstención del PP, una proposición no de Ley de Unidos Podemos en la que se pedía, entre otras cosas, la ilegalización de la Fundación Franco.