Las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos recibieron en 2020 casi dos millones y medio de euros en subvenciones públicas y 1,7 millones de euros en aportaciones privadas. Si bien un tercio de ellas están inactivas y la mitad mal inscritas en el Ministerio del Interior.
Así se recoge en el 'Informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2020', aprobado este jueves por el Pleno del Tribunal de Cuentas.
La institución que preside Enriqueta Chicano revela que ese año las 41 fundaciones políticas fiscalizadas percibieron un total de 2.472.202,85 euros en subvenciones públicas, procedentes en su mayoría de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y del de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Con carácter general, el fiscalizador concluye que los gastos subvencionados han sido "correctamente justificados".
Ahora bien, lamenta que de esas 41 fundaciones, únicamente 17 remitieron a tiempo sus cuentas anuales, 19 lo hicieron fuera del plazo establecido y cinco ni siquiera rindieron cuentas, por lo que no se ha podido fiscalizar su financiación. Se trata de las fundaciones Alfonso Perales (vinculada al PSOE), Horacio Fernández Inguanzo (PCE de Asturias), L'Institut d'Estudis Politics (EUPV) y Rey del Corral de Investigaciones Marxistas (PCE Aragón), y la Asociación Juventudes Navarras (UPN), según recoge el documento del tribunal, recogido por Europa Press.
Seis fundaciones con saldo negativo
El organismo fiscalizador también ha certificado que seis de las entidades fiscalizadas presentaron un balance negativo al cierre del ejercicio 2020, destacando por su importancia cuantitativa dos fundaciones relacionadas con el PSOE, la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso. Ambas acumulan saldos por importe de 2,25 millones de euros y más de 146.000 euros, respectivamente, y la vinculada a Vox, la Fundación Disenso, con un resultado negativo superior a los 78.000 euros.
Entre sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas aconseja fijar un umbral de ingresos mínimo para que las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos deban someterse obligatoriamente a auditoría externa. También insta al Gobierno a actualizar el Registro de Partidos Políticos --incorporando a todas las fundaciones y entidades vinculadas y dependientes-- y a exigir la inscripción obligatoria como requisito para recibir subvenciones públicas.
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Entre otras cuestiones, el informe del fiscalizador pone de manifiesto que 12 fundaciones y entidades no registraron actividad alguna durante el año 2020, habiendo procedido varias de ellas a acordar su disolución y extinción en los ejercicios posteriores. Y solo 20 de estas entidades se habían inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos, incumpliendo la obligación de hacerlo las 21 restantes.
Incumplimientos en las donaciones privadas
En cuanto a las aportaciones y donaciones privadas, la fiscalización recoge que las fundaciones políticas recibieron 1,7 millones de euros durante 2020, pero advierte de posibles incumplimientos, tales como donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no tener abiertas cuentas específicas al efecto; o donaciones procedentes de personas jurídicas sin aportar el acuerdo del órgano social competente.
Ante estos incumplimientos, el Tribunal de Cuentas informa de que comunicará a los organismos que concedieron cada una de esas subvenciones para que soliciten el correspondiente reintegro del dinero. En lo referente a las obligaciones de transparencia, un total de 16 fundaciones y 4 entidades políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales del ejercicio 2020, ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente.
Las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos recibieron en 2020 casi dos millones y medio de euros en subvenciones públicas y 1,7 millones de euros en aportaciones privadas. Si bien un tercio de ellas están inactivas y la mitad mal inscritas en el Ministerio del Interior.