La empresa Belfast Link, investigada por la Agencia Tributaria por posible blanqueo en España de 458 millones de euros, fue creada el 13 de agosto de 1998 por los ciudadanos uruguayos Marcelo Pereira Darriulat y Fernando Juan Castagno Schickendantz, según consta en un informe de 1 de junio sobre la Operación Arganda del Rey elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, que ha sido remitido al juez que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, José de la Mata.
Y según la documentación aportada por el diario argentino La Nación, estos dos empresarios están detrás de la empresa Dusbel, clave en el caso de corrupción por el que está procesado el actual vicepresidente del Gobierno argentino, Amado Boudou.
El documento de Hacienda explica sobre Castagno Schickendantz: "Al ser preguntado por la participación de una empresa creada por él en un presunto caso de lavado de dinero (artículo publicado en La Nación el 24/03/2012), manifestó: "No tengo relación jamás con el cliente". En la misma entrevista dice: "Armamos sociedades y las vendemos sin movimientos".
La firma Dusbel fue la que inyectó una parte del dinero utilizado por el ciudadano argentino Alejandro Vandenbroele, considerado el presunto testaferro del vicepresidente, en la Compañía de Valores Sudamericana (que antes se llamaba Ciccone), y que se encargaba de imprimir los billetes de 100 pesos argentinos.
Procesado en Argentina
En Argentina, Vandenbroele está procesado junto a Boudou por el conocido como caso Ciccone, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Argentina. De hecho, Boudou se ha convertido en el primer vicepresidente de la historia de este país sudamericano en ser encausado estando en funciones.
El número dos de Cristina Fernández de Kirchner está imputado por los delitos de sobornos y tráficos de influencias, por lo que afronta una posible condena de hasta seis años de cárcel.
Tal y como publicaron los medios de comunicación argentinos, la justicia de este país considera que hay indicios suficientes de que Boudou, en 2010, cuando era ministro de Economía, se apropió del 70% de las acciones de una empresa que iba a la quiebra, la imprenta Ciccone Calcográfica.
La familia Ciccone era la concesionaria del monopolio de la impresión de moneda, matrículas y bonos para el Estado. Y ante la quiebra acudieron al Ministerio de Economía en busca de ayuda.
Boudou, según el juez, aceptó reunirse y delegó las negociaciones en su amigo y socio, José María Núñez Carmona. La instrucción ha determinado que a cambio de dádivas, los Ciccone debían ceder la empresa a Boudou y poner al frente a un testaferro del vicepresidente, que según el magistrado sería Vandenbroele.
Beneficio de 30 millones
Fue entonces cuando las empresas The Old Found y Dusbel arrendaron la imprenta. Y el testaferro Vandenbroele se hizo con las riendas de la misma. La Casa de la Moneda argentina, por instrucciones del ministro Boudou, según el juez, contrató a la empresa Ciccone controlada por The Old Found la impresión de los billetes de 100 pesos, un negocio que según el diario El Mundo le pudo haber reportado un beneficio de alrededor de 30 millones.
La exmujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, explicó al juez que su marido le confesó en 2009 que había empezado a trabajar con Boudou: "Me dijo que estaba haciendo cosas fraudulentas con él, que se iba a quedar con dinero que no era de él". "Mi esposo –destapó– es testaferro de Boudou, él trabaja directamente para el Gobierno".
El diario La Nación explica que Marcelo Pereira Darriulat y Fernando Juan Castagno Schickendantz, los empresarios que ahora aparecen en Gürtel en relación con Belfast Link, figuran vinculados a una veintena de sociedades anónimas que operan o se registraron durante los últimos veinte años en Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. Y en el caso de Castagno Schickendantz, a ocho empresas identificadas en un informe sobre lavado de activos que difundieron en 2001 los diputados nacionales argentinos Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y José Vitar.
infoLibre ha tratado de ponerse en contacto con ambos ciudadanos uruguayos sin éxito. Ambos se publicitan en internet como los responsables de la asesoría Pereira y Castagno, un estudio contable dedicado, desde 1997, a la constitución, venta, reforma y disolución de sociedades anónimas.
Un millón desde Suiza
Además, tal y como publicó este diario tras contactar de forma telefónica con el abogado argentino Jorge Vitale, otra de las vinculaciones entre el caso del corrupción del vicepresidente argentino y la trama de Bárcenas sería la empresa P.T. Bex Bursátil, que según un informe de la Policía Judicial española del 19 de febrero recibió un millón desde una de las cuentas suizas del extesorero del PP Luis Bárcenas en las que llegó a tener 48 millones.
La transferencia de este dinero de Bárcenas se produjo el 12 de marzo de 2009, un mes después de que el juez Baltasar Garzón ordenara la detención del presunto cerebro de la red, Francisco Correa. Pero el dinero fue devuelto, explica la Policía, que constata que los fondos acabaron en una cuenta de la sociedad Brixco en Estados Unidos. Esta última firma es propiedad del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís, que también está imputado en el caso Gürtel.
Pero infoLibre ha tenido acceso a las transferencias realizadas desde España hasta Sudamérica de las cuentas de la firma Belfast Link. Y según las mismas, 12,2 millones de dólares fueron enviados con destino a P.T. Bex Bursátil, que no han sido bloqueados.
Precisamente, esta redacción informó de que el caso Gürtel había logrado destapar un sistema de envío masivo de dinero desde España a Argentina que burlaba la conversión obligatoria de las divisas extranjeras en Argentina, vigente hasta 2011. Esta forma de enviar el dinero a Buenos Aires utilizaba como intermediarias la empresas de los mencionados testaferros uruguayos, Belfast Link, y la agencia de viajes Eves, que según sostiene la Agencia Tributaria en un primer informe de 18 de julio de 2013, podrían estar blanqueando dinero en España: "La utilización de estas cuentas puede encubrir la existencia de delitos fiscales o de blanqueo, debiendo también tenerse en cuenta los altísimos importes [458 millones de euros] de los movimientos de las cuentas a que antes se ha hecho referencia”, especifica Hacienda.
El modus operandi descubierto por infoLibre se iniciaba en España con la transferencia de dinero a una de las cuentas de la firma uruguaya Belfast Link en el Banco Pastor (hoy Banco Popular) de A Coruña u Oviedo. Unas horas después los clientes ya podían recoger en la agencia de viajes Eves, en Buenos Aires, el dinero en dólares. De forma habitual la compañía no emitía comprobantes de estas operacionesno emitía comprobantes, en las que ha puesto el foco la Hacienda española. Fuentes del Ministerio de Exteriores confirmaron a infoLibre esta forma de actuar, de la que también se beneficiaron otras instituciones oficiales españolas en Argentina.
En concreto, el 24 de junio de 2008 la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) utilizó los servicios de Belfast Link porque según estas fuentes no disponía de cuentas en Argentina, sino en Uruguay. Y no tenía una cuenta en Argentina por la excesiva regulación del mercado cambiario de este país. Este es el motivo por el que las transferencias se hacían directamente a través de compañías financieras como Belfast Link y no de un banco. Pero esta forma de enviar el dinero, que era más rápida que la vía bancaria, tenía un problema: las compañías no emitían comprobantes.
Problemas judiciales en la empresa Eves
Pero no solo los creadores de Belfast Link han tenido problemas con la justicia. Según el informe de la Agencia Tributaria, la otra firma vinculada al millonario fraude, EVES S.A, ha visto como su presidente hasta noviembre de 2012, Manuel Roel, cesó de su puesto tras ser procesado por justicia de Argentina por una presunta estafa millonaria tras captar fondos de particulares con la promesa de inversiones en el extranjero con altos rendimientos.
Según publicó la prensa argentina, Roel supuestamente utilizó la empresa que dirigía para enviar dinero al exterior. También se dice que fue sustituido en su puesto por Walter Hernández, quien hasta entonces había sido vicepresidente de la compañía.
El propio informe especifica que el 1 de noviembre de 2012 se publicó en la página web www.gaceta mercantil.com que la Sala VI de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal resolvió procesar al presidente de la empresa de turismo EVES, Manuel Roel, por su presunta participación en una estafa por una suma millonaria. Según dicha publicación, actuaba en connivencia con dos integrantes de una "empresa fantasma" captando fondos de particulares para invertir en el exterior con la promesa de altos rendimientos.
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La presidenta argentina
Este miércoles infoLibre publicó una información en la que apuntaba que entre los destinatarios de las transferencias de Belfast Link aparecían nombres que coinciden con personalidades de la vida pública citadas en informaciones periodísticas en internet. Como por ejemplo es el caso de Francisco Macri, Víctor Composto, Vanesa Garimaldi, José Carlos Amil López, Adolfo Pittaluga Shaw, Pablo Medrano y Florencio Aldrey Iglesias. Ante la falta de parte de la documentación reclamada por el juez Pablo Ruz, como por ejemplo el NIF de los beneficiarios, es posible determinar si se trata de las personas que aparecen en los medios de comunicación argentinos y uruguayos.
De confirmarse la coincidencia, se trataría de empresarios y familiares relacionados con el actual alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri; y con la presidencia de Argentina, como por ejemplo es el caso de José Carlos Amil López, que el diario Clarín relaciona con el caso Hotesur sobre la venta de un hotel a la familia de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
La empresa Belfast Link, investigada por la Agencia Tributaria por posible blanqueo en España de 458 millones de euros, fue creada el 13 de agosto de 1998 por los ciudadanos uruguayos Marcelo Pereira Darriulat y Fernando Juan Castagno Schickendantz, según consta en un informe de 1 de junio sobre la Operación Arganda del Rey elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, que ha sido remitido al juez que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, José de la Mata.