El copago en farmacia hospitalaria –el abono de un 10% de su valor hasta un total de 4,20 euros por envase de los fármacos que se dispensan en hospitales a pacientes graves o crónicos para que los tomen en su casa– va camino de ser, por impopular incluso entre los suyos, una de las medidas que más quebraderos de cabeza da a la ministra Ana Mato.
Aunque la medida tendría que haber entrado en vigor el 1 de octubre, tal y como se publicó en el BOE, en una reunión de la Comisión de Farmacia celebrada ese mismo día el Gobierno accedió a dar un cierto margen a las autonomías. Entonces, la fecha límite se fijó para enero de 2014, si bien fue un acuerdo verbal difundido por algunas autonomías que el Ministerio de Sanidad no confirma de forma oficial. De hecho, en Ceuta y Melilla, donde este departamento tiene la competencia en materia sanitaria, la norma sí se puso en marcha el pasado octubre.
Sin embargo, con el año recién estrenado, son sólo dos las autonomías que han decidido poner en marcha este copago en los términos en los que lo definió el ministerio en su resolución. En Galicia, según aseguran a infoLibre fuentes de la Conselleria de Sanidade, se implantará "seguro" en enero, aunque no hay fecha definitiva. La otra comunidad que lo pondrá en marcha este mes será Aragón. Lo hará a finales de mes. Un portavoz de la Consejería de Sanidad señala que hay 1.100 afectados por esta medida y que este departamento ha analizado sus expedientes uno a uno para asegurarse de que pueden hacer frente a estos pagos. "Si alguno no puede asumirlo, será el Servicio Aragonés de Salud (SAS) el que lo haga", señalan.
En Extremadura, donde el PP gobierna en solitario con el apoyo de IU, también se aplicará, pero será el Ejecutivo regional el que asumirá el coste. Es decir, no lo hará en los términos en los que marcó el ministerio. "Lo pondremos en marcha porque somos una comunidad cumplidora, pero los extremeños no lo notarán", dicen desde la Consejería de Salud y Política Social. Otras autonomías gobernadas por el PP rehúsan aplicar la medida pero en ningún caso hablan de insumisión. Alegan razones jurídicas, técnicas o de infraestructura. La Rioja, Cantabria o Murcia dicen, por ejemplo, que no la aplicarán hasta que no haya consenso en todas las comunidades. "Es una medida de equidad y la aplicaremos cuando lo hagan el resto de autonomías", señalan desde la consejería cántabra. En el departamento de Sanidad de Murcia dicen tener preparada la fórmula a través de la que cobrarán a los pacientes por los fármacos, si bien no la aplicarán hasta que lo haga el resto.
En Baleares, por ejemplo, el conservador José Ramón Bauzá sopesa su aplicación en el futuro próximo. Lo mismo ocurre en Madrid, que asegura que "cumplirá" con la medida, aunque sin fecha a la vista porque Sanidad está por el momento "estudiando" su desarrollo.
Requerimientos contra su aplicación
Cospedal también se rebela contra Mato y se hará cargo del copago de medicinas en hospitales
Otras autonomías conservadoras se han mostrado más combativas. De hecho, Castilla y León presentó un recurso contra este copago ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, admitido a trámite el pasado 2 de enero. Esta comunidad argumentó que al afectar a los fármacos que se dispensan en los hospitales a enfermos graves o crónicos, no tendrá carácter disuasorio y tampoco supondrá un ahorro. En la Comunitat Valenciana, por su parte, señalan que "se tendrá que poner en marcha, porque se trata de aplicar una competencia que depende del Ministerio de Sanidad", si bien dicen que "no se considera prioritaria en cuanto a su contribución a la sostenibilidad del sistema". Asimismo, aseguran que a día de hoy es imposible su aplicación porque "técnicamente este cobro es un proceso complejo".
Las comunidades que no están gobernadas por los conservadores –Asturias, País Vasco, Navarra, Andalucía, Cataluña y Canarias– recibieron la medida con críticas más enérgicas. Y a día de hoy también rehúsan aplicarla. Aunque no hablan de insumisión, estas últimas sí se rebelan ante la medida aprobada por el departamento de Ana Mato. Además del castellanoleonés, al menos los Gobiernos asturiano, navarro, andaluz y catalán presentaron sendos requerimientos al ministerio contra su aplicación. En Navarra, la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento regional aprobaron el pasado 23 de septiembre con los votos a favor de todos los grupos, excepto el PP navarro, una declaración institucional contraria a este copago. Según las diferentes autonomías, el ministerio ha respondido de forma negativa a todas estas peticiones.
En Sanidad argumentan su negativa basándose en un informe que este departamento encargó a la Abogacía del Estado. En ese documento se señala que, de retirarse la medida, se provocaría una situación de inseguridad jurídica para los pacientes, pues estos medicamentos podrían dejar de tener la consideración de "fármacos de aportación reducida" y pasar a estar sujetos al mismo sistema que el resto de fármacos. Este es el mismo argumentó que ya dio Sanidad hace dos meses para justificar la medida. Además, este informe detalla que la resolución fue dictada por el órgano "competente" para el "desarrollo y ejecución de la política farmacéutica del Departamento y quien resuelve sobre las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional Salud".
El copago en farmacia hospitalaria –el abono de un 10% de su valor hasta un total de 4,20 euros por envase de los fármacos que se dispensan en hospitales a pacientes graves o crónicos para que los tomen en su casa– va camino de ser, por impopular incluso entre los suyos, una de las medidas que más quebraderos de cabeza da a la ministra Ana Mato.