Alberto Ruiz-Gallardón no ha salido aún vivo de la enorme controversia generada por la Ley del Aborto y ya está con los pies en otro lodazal: la "privatización" –eso dicen la mayoría de operadores jurídicos– del Registro Civil, por su presumible nueva asignación a los registradores de la propiedad, funcionarios públicos pero con despacho privado. Otro charco que se suma a una pesada mochila de polémicas, cargada, por ejemplo, con la Ley de Tasas.
La noticia estalló el pasado jueves, 13 de febrero. Trascendió una carta del decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera [consultar aquí en PDF], a sus afiliados, firmada la víspera. En ella, comunicaba a los colegiados de toda España la "decisión" del Gobierno de traspasar el control y gestión del Registro Civil a los registradores. Esa "decisión" fue trasladada por el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, durante una reunión mantenida el lunes, 10 de febrero, en la sede ministerial. 24 horas después, se iniciaron las conversaciones "y negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia que tendremos los registradores", concluyó.
La filtración de la misiva soliviantó enseguida a jueces, sindicatos y secretarios judiciales. Todos ellos denunciaron la "inminente privatización" del Registro Civil, por cuanto se trasvasa un servicio público, hoy en día totalmente gratuito para los ciudadanos, a funcionarios públicos, sí, pero que trabajan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio.
Ni Justicia ni el Colegio de Registradores, contactados ambos por infoLibre, señalan que la reasignación del Registro Civil esté cerrada, pese a la contundencia de la carta de Aguilera. "Se está trabajando aún. Se han mantenido reuniones con los secretarios judiciales y con los registradores y no se ha decidido quién se quedará con el Registro. En cualquier caso, al margen de la decisión que se adopte finalmente, garantizamos que los servicios seguirán siendo gratuitos para el ciudadano, tal y como lo son ahora", según informaban ayer viernes fuentes oficiales del departamento de Gallardón. Ello implicaría que seguirán teniendo coste cero tanto las inscripciones como los certificados.
Sin embargo, parte de los operadores jurídicos no comulga con esa versión feliz del Ejecutivo. Básicamente, porque los registradores de la propiedad sólo pueden ingresar los aranceles que cobran y que fija el Gobierno. Los colegiados disponen de oficinas en las que emplean a trabajadores a los que pueden despedir libremente, pues no son funcionarios. "Lo que está claro es que los registradores nunca se han distinguido por su altruismo", sentencia con sorna un juez que prefiere guarecerse en el anonimato.
¿Rajoy beneficia a sus compañeros?
La entrega a los registradores de la propiedad podría conllevar despidos de los interinos asignados al Registro Civil, según advierten las asociaciones judiciales contrarias al nuevo borrador y los sindicatos. El Ejecutivo subraya que los empleos de los funcionarios están asegurados. UGT calcula que se podrían perder 3.500 puestos de trabajo. Esta central y CSI-F han anunciado medidas de presión para intentar desactivar el preacuerdo existente entre Justicia y "el lobby" de los registradores de la propiedad. "Ahora todos los ciudadanos tendremos que pagar desde nuestro nacimiento hasta la defunción", consideró el sindicato STAJ, informa Efe. También anunciaron movilizaciones la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), quienes no daban crédito al giro inesperado dado por el Gobierno, cuando Gallardón les comunicó en enero "que se estaba viendo con buenos ojos" que este colectivo fuese el encargado de los registros. Un "tremendo error" para los secretarios, que expresaron también su preocupación por que el Registro Civil esté siendo objeto de "pública subasta y privatización encubierta", informa Europa Press.
Nadie pierde de vista quién podría ser el colectivo beneficiado y su "cercanía con el poder". Mariano Rajoy, recuerdan los colectivos afectados, es registrador de la propiedad. Y su Gobierno ya ha dado evidentes muestras de querer beneficiar a sus compañeros: sirviéndoles en bandeja los ingresos derivados de la Ley de Emprendedores, liberándoles de trabajar los sábados, atribuyéndoles competencias que hasta ahora tenían los jueces... y lo siguiente podría ser el bocado suculento del Registro Civil. "No es casual, no lo es –alega Marcelino Sexmero, portavoz de la moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV)–. Detrás de esto están motivaciones políticas e ideológicas, en línea con la voluntad de privatizar servicios y de compensar a los registradores por la caída de la facturación tras el estallido de la burbuja inmobiliaria". "Estamos totalmente en contra. Esto es impresentable y una canallada", subraya. Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), sostiene la mima tesis: se mima a un grupo profesional "hacia el que el poder ha demostrado su proximidad en perjuicio de los intereses generales".
El cambio a la base única
Gallardón está pensando en una profunda reforma cuando aún ni está vigente la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, aprobada en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero con el consenso de PSOE y PP. Una norma que, por sí misma, supone una transformación a fondo del sistema registral español, vigente desde 1957. Los grupos acordaron entonces que la ley no entrara en vigor hasta tres años después. O sea, julio de 2014.
El modelo diseñado entonces implanta un modelo electrónico, totalmente informatizado, con una base de datos única para toda España y con varias oficinas en cada comunidad autónoma. Permite la inscripción telemática con independencia del lugar donde se produzca el hecho a registrar. Es decir, cada ciudadano tendría una hoja registral individual en la que figurarían todos los hechos y cambios relativos a su vida civil (nacimiento, matrimonio, hijos, defunción...), reemplazando así al Libro de Familia. Además, serían los centros hospitalarios los que tendrían que comunicar los partos y decesos, ahorrando así al ciudadano el desplazamiento a una oficina física. Quienes participaron en el dibujo de esta base de datos única alertan de que hacer descansar el registro en los registradores de la propiedad supone una involución, pues se volverá a la dependencia a la oficina más próxima a donde se haya producido el hecho inscribible. Y se teme que se despilfarre la enorme inversión pública en informatización y digitalización del Registro Civil o se vayan a aprovechar unos privados sin que estos compensen al Estado.
La desjudicialización de la ley de 2011
Pero la ley preveía la desjudicialización del Registro Civil, el cambio más profundo. Hoy en día, los registros dependen de la Administración de Justicia: cada oficina está asignada a un juez (y secretario judicial) y una plantilla de funcionarios. Hay una decena de registros exclusivos –con sólo esa función– en las grandes ciudadanos, una cuarentena que comparten funciones jurisdiccionales, más de 400 registros distribuidos por toda España y cerca de 8.000 registros delegados. Con la nueva distribución de la norma de 2011, los jueces y secretarios judiciales podrían concurrir a las plazas de registrador, pero en ese caso cambiarían de cuerpo de la Administración. Es decir, no podrían compatibilizar funciones jurisdiccionales con tareas registrales. En conjunto, se buscaba agilizar y modernizar el funcionamiento, y también desatascarlo, pues en los últimos años había aumentado su carga de trabajo por los expedientes de nacionalidad.
Fuentes conocedoras de la negociación en aquel año insisten en que la principal característica del Registro Civil, en España y fuera de ella, es que es "gratuito a todos los efectos", porque la inscripción de los hechos que acontecen en la vida de un ciudadano es obligatoria. Y porque todos los ciudadanos pasan necesariamente por el registro, al menos en el nacimiento y en la muerte. No sucede lo mismo con el Registro de la Propiedad, al que sólo se acude para inscribir todo tipo de bienes inmuebles.
Los registradores renuncian al concurso del Registro Civil digital porque consideran “obsoleto” el proyecto de Justicia
Gallardón ya intentó hace un año ceder el Registro Civil a los registradores de la propiedad. Pero entonces se levantó una fortísima polémica que ahora ha vuelto a arreciar. Justicia intenta ahora aplacar los ánimos garantizando que no se cobrará. Pero no dice si se compensará de alguna forma a los registradores de la propiedad por la asunción de nuevas tareas. "Tendría que aclararse necesariamente cuáles son las prestaciones por las que se tendrá que pagar, pues resulta inverosímil que el cuerpo de Registradores de la Propiedad asuma la gestión privada de estos registros sin importantes contraprestaciones económicas", asegura Bosch. "No es creíble que les traspase el negocio gratis", apuntala Sexmero. Pablo Llarena, jefe de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es el que menos pegas pone a los cambios: cree "plenamente capacitados" a los registradores y considera que los dos modelos, que la llevanza de los asuntos registrales recaiga en estos o en los secretarios judiciales "es asumible", puras "opciones legislativas" que no tienen por qué dañar el servicio ni costar dinero a los ciudadanos.
Aún quedan muchas dudas por despejar. Si finalmente Justicia se decanta por los registradores, habrá que saber si desaparecen o no los recursos administrativos ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) –que ha estudiado, por ejemplo, la inscripción de hijos de madres de alquiler– o hay que acudir directamente a los tribunales, previo pago de la correspondiente tasa. O qué papel tendrán los fiscales, que ahora informan sobre ciertas cuestiones, como los menores. O si hay "peligro", como teme JpD de que la privacidad de los individuos, porque de eso trata el Registro Civil, deje de estar bajo el escrutinio de la Administración Pública. Justicia dice que no tiene por qué haber cambios, "en principio". De cualquier modo, el nuevo frente de Gallardón sigue vivo.
Alberto Ruiz-Gallardón no ha salido aún vivo de la enorme controversia generada por la Ley del Aborto y ya está con los pies en otro lodazal: la "privatización" –eso dicen la mayoría de operadores jurídicos– del Registro Civil, por su presumible nueva asignación a los registradores de la propiedad, funcionarios públicos pero con despacho privado. Otro charco que se suma a una pesada mochila de polémicas, cargada, por ejemplo, con la Ley de Tasas.