La asociación de juristas que, como publicó este jueves infoLibre, preside una abogada que en Twitter declaró ser del PP se ha convertido en la gran beneficiaria de una de las últimas decisiones del juez Manuel García Castellón en Kitchen. Es decir, en la pieza del caso Villarejo donde se investiga el espionaje a Luis Bárcenas con el fin de evitar que conservara papeles incriminatorios para dirigentes del PP.
El 30 de septiembre, el magistrado que ahora ha pedido al Supremo que impute al vicepresidente Pablo Iglesias aceptó que Pro Lege se incorporase a la instrucción de Kitchen como acusación popular. Lo hizo con un auto que, en contra del criterio de la Fiscalía, permite a esta asociación ir por libre sin coordinarse con las otras acusaciones, lo cual incrementa su margen de maniobra para marcar estrategia jurídica sin compartirla antes de tiempo.
¿Cuál fue el argumento con el que García Castellón, que ha denunciado estar recibiendo amenazas de muerte tras pedir la imputación de Iglesias, situó a la asociación en una posición privilegiada? Que las otras acusaciones populares son ejercidas por dos partidos –Podemos y PSOE– mientras que la casi desconocida Pro Lege carece de "intereses políticos". La Fiscalía mantenía que aunque esa asociación "manifieste carecer de interés político" había pedido personarse para cumplir el mismo objetivo que las otras dos acusaciones: "Velar por la legalidad en defensa de las instituciones públicas frente a la corrupción". Y que, por tanto, todas debían coordinarse. El juez respondió que ese argumento "resulta insostenible".
Lo sucedido en Kitchen contrasta con un episodio datado hace dos semanas. Porque el 24 de septiembre el juzgado de García Castellón había ordenado por escrito que Vox fuese de la mano de esa misma asociación en la pieza Dina. Fuentes cercanas al juez aseguraron este jueves a infoLibre que aquel documento –lo que en el argot jurídico se denomina una diligencia de ordenación firmada por el secretario del juzgado– fue emitido por "error". Y agregan que, en realidad y tal como se desprende del auto por el que Vox y Prolege habían adquirido el rango de acusaciones populares el 31 de agosto, ambas partes actuarán cada una de forma independiente. No hubo respuesta a la pregunta de qué ocurrirá ahora que se conoce la conexión con el PP de Carolina Mata, presidenta de Pro Lege. Mata borró su cuenta de Twitter poco después de recibir varias preguntas de este periódico cuyo enunciado hacía referencia a un determinado tuit donde proclamaba lo siguiente: "Estoy muy orgullosa de mi partido. @populares".
En Púnica, el otro gran caso de corrupción instruido por García Castellón y que gira en torno al PP, hay cuatro acusaciones populares. O sea, complementarias de la que ejerce la Fiscalía y que no se corresponde con víctimas o perjudicados directos (esas son "particulares") sino con personas o entidades que, en casos como los de corrupción, invocan su voluntad de defender la legalidad. Las cuatro acusaciones de Púnica son una asociación de abogados –Adade– y tres partidos políticos: PSOE, IU y Podemos. Las cuatro marchan coordinadas por decisión expresa de García Castellón. Quien lleva el timón es Adade.
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En la línea de Púnica y de otros casos como Lezo o los papeles de Bárcenas, lo que prescribía la diligencia de ordenación que por "error" se envió a todas las partes con fecha de 24 de septiembre se resume así: que para impugnar un recurso planteado por Pablo Iglesias Vox debía presentarlo "conjuntamente bajo la dirección de la acusación popular Pro Lege, que dirige y coordina las distintas acusaciones populares en el procedimiento". La resolución por la que García Castellón había admitido a Vox y a Pro Lege como acusaciones del caso Dina no hacía mención expresa a si debían actuar o no de manera conjunta. Sí decía esto: que una vez cada una de las dos entidades abonasen la fianza exigida siempre a las acusaciones populares, "se entenderán las sucesivas diligencias a través de sus respectivos representantes procesales".
En Dina solo hay dos acusaciones populares: Vox y Pro LegeDina. La solicitud de imputación de Iglesias ha situado esa pieza en el centro del escenario y ha desplazado a Kitchen a dos semanas de que declaren como imputados por el espionaje a Bárcenas el antiguo número dos de Interior, Francisco Martínez, y luego quien era su jefe, el exministro Jorge Fernández Díaz. La solicitud de imputación de Iglesias –lo que se conoce como exposición razonada– se cimenta en la declaración judicial prestada como testigo por el antiguo abogado de Podemos José Manuel Calvente. El letrado sostiene que el líder de Podemos y varios miembros de la cúpula de Podemos urdieron un montaje con el robo del teléfono de su exasesora Dina Bousselham. Pero en ningún momento reveló quién le había transmitido supuestamente esa información.
Como publicó infoLibre este jueves, la decisión sobre si cabe imputar al vicepresidente y líder de Podemos ha quedado en manos de una sala del Tribunal Supremo controlada por los conservadores bajo la presidencia del magistrado Manuel Marchena.
La asociación de juristas que, como publicó este jueves infoLibre, preside una abogada que en Twitter declaró ser del PP se ha convertido en la gran beneficiaria de una de las últimas decisiones del juez Manuel García Castellón en Kitchen. Es decir, en la pieza del caso Villarejo donde se investiga el espionaje a Luis Bárcenas con el fin de evitar que conservara papeles incriminatorios para dirigentes del PP.