El juez que acaba de imputar a Puigdemont sugirió hace un mes que la amnistía no cabe en la Constitución
El juez Manuel García Castellón, que este lunes y en la fase final de la negociación para la investidura entre PSOE y Junts ha imputado al expresident Carles Puigdemont y a la número 2 de ERC, Marta Rovira, en el llamado caso Tsunami Democràtic, sugirió hace un mes durante un acto público que la amnistía no cabe en la Constitución. Durante una conferencia en Orense en la que –en un discurso trufado de elogios al titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional– actuó de presentador Julio Ariza, jefe de la constelación mediática nacida de Intereconomía y ligada a Vox, García Castellón sostuvo que si el esclavismo es inasumible aun sin existir prohibición expresa en la Constitución, el olvido penal también lo es. El juez opinó en público sobre la amnistía mientras es instructor de Tsunami Democràtic, un caso que afecta al independentismo catalán. La forma que tuvo de justificar sus manifestaciones fue que las hacía "como ciudadano".
Durante el coloquio del 6 de octubre, fue en respuesta a una pregunta sobre la amnistía para independentistas catalanes cuando el juez respondió literalmente como sigue [puedes ver el vídeo completo pinchando aquí ]: “Bueno, yo de forma directa no puedo contestar, primero porque llevo asuntos relacionados y no puedo, por lo tanto, por un mínimo de prudencia. Yo únicamente como ciudadano podía decir dos cosas: una, que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible y no está prohibida expresamente; y dos, estos señores han dicho que en cuanto puedan van a volver a repetirlo. Por lo tanto, ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después? No lo sé”.
La equiparación entre esclavitud –moral y penalmente perseguida en el ámbito mundial– y una futura ley de amnistía de contenido aún desconocido denota que García Castellón –juez y a la vez ciudadano– posee una opinión abiertamente contraria a que se beneficien del llamado olvido penal políticos y sus seguidores cuyo futuro depende de sumarios que él mismo instruye. En el caso Tsunami Democràtic, el magistrado investiga por presunto delito de terrorismo los disturbios causados por las protestas que tras la condena a los líderes independentistas en 2019 organizó la plataforma de la que toma su nombre el caso judicial.
Un auto que alimenta el debate
Aforado al ocupar un escaño en el Parlamento Europeo, ningún juez de instrucción ajeno al Tribunal Supremo puede ordenar la citación de Puidemont como imputado. Pero el magistrado se cura en salud y le insta a comparecer “voluntariamente” mientras "no se libre el correspondiente suplicatorio". Lo hace invocando un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite a quienes gozan de inmunidad parlamentaria ejercer su derecho de defensa en los mismos términos en que lo haría un investigado sin blindaje. Que Puigdemont acepte la invitación del juez resulta altamente improbable. Pero, emitido en un momento de máxima tensión política por las negociaciones en torno a la investidura de Pedro Sánchez, el auto alimenta sin duda el debate sobre la amnistía.
García Castellón enlaza la citación a Puigdemont, Rovira y otros nueve independentistas con un informe facilitado por la Guardia Civil. En el auto dictado este lunes, el magistrado aduce que, de la información facilitada por la Guardia Civil, se desprende que tanto la asociación Òmnium Cultural como el propio Puigdemont "podrían haber participado en la aparición" de Tsunami, "extremos que deberán esclarecerse en la investigación". Y es que, detalla, "el lanzamiento de la organización tuvo lugar el 28 de agosto". "Resulta llamativo constatar cómo se hace referencia a que Òmnium informará directamente al presidente Puigdemont", constata el juez. En su resolución, además, el instructor asegura que "existen elementos suficientes para considerar que los hechos podrían encajar en el delito de terrorismo" en concurso con uno de desórdenes públicos. Según la cadena Ser, la Fiscalía rechaza acusar de terrorismo a Tsunami Democràtic y recurrirá la resolución firmada por el juez.
El caso Tsunami Democràtic no es el único relacionado con el independentismo en Cataluña que pasa o ha pasado por las manos de García Castellón. Hace cinco días, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el cierre de la instrucción dictado por el magistrado en el caso sobre los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) y ordenó la apertura de juicio oral contra 12 miembros de la organización. Se les procesará como acusados de pertenencia a una organización terrorista.
La definición de Ariza: "Justicia, ecuanimidad, prudencia"
Ahora, la relevancia política y mediática de Puigdemont deja en segundo plano esa decisión. El auto sobre el caso Tsunami Democràtic lleva fecha de 6 de noviembre. Justo un mes antes, el 6 de octubre, y por invitación del diario conservador de Orense La Región, el juez había disertado sobre la justicia en España. Lo hizo prologado –de viva voz– por Julio Ariza, fundador de Intereconomía, grupo incluido en la lista de grandes morosos de Hacienda con una deuda superior a 20 millones, estrechamente vinculado a Vox y ahora recién condenado a pagar casi 4,5 millones por el “concurso culpable” de la empresa que operaba como buque insignia del holding, Intereconomía TV SL.
A García Castellón, Ariza lo definió como un hombre al que sus avatares judiciales con ETA durante su etapa en el País Vasco en los años ochenta le hicieron afirmarse en “unos criterios de justicia, de ecuanimidad, de equidad, de prudencia, pero también de compasión, que lo califican como el juez que ha llegado a ser hoy en la Audiencia Nacional”. Dentro del mundo judicial es –agregó más adelante– un personaje que “resulta especialmente atractivo y especialmente interesante”.
En efecto, el nombre de García Castellón ha ido ganando protagonismo desde su regreso a Madrid tras una larga estancia en Francia y luego en Roma como magistrado de enlace, un puesto que abandonó para volver al juzgado de su titularidad, el central 6, en plena tormenta por el caso Púnica. Su llegada desplazó al juez que en comisión de servicio, Eloy Velasco, había disparado las alarmas del PP, especialmente el madrileño, por las indagaciones sobre su financiación.
De Esperanza Aguirre a Pablo Iglesias
Tras varios años al frente del caso y con la atención centrada en la denominada pieza separada 9 –justamente la de la financiación–, García Castellón exoneró entre otros a Esperanza Aguirre. Según el juez, no se ha podido acreditar que Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid durante nueve años y del PP madrileño durante casi 12 tuviera “conocimiento” de la financiación irregular de las campañas del partido o del desvío de dinero público para promocionar su imagen.
Con carácter casi profético, una de las conversaciones intervenidas al sucesor de Aguirre al frente del Gobierno de Madrid y también imputado por supuesta corrupción en el caso Lezo, Ignacio González, permitía oír con nitidez cómo en noviembre de 2016 decía lo siguiente al exministro Eduardo Zaplana: “Vamos a ver, Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional [Eloy Velasco]… tú lo ascienden… yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular", desliza. El titular del juzgado central de instrucción número 6 era y es García Castellón.
Otro peso pesado del PP durante la etapa de Mariano Rajoy, la exministra y antigua secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se libró también de verse imputada en el caso Kitchen, la operación urdida para espiar a Luis Bárcenas y hacerse con la información que había ido recopilando durante su largo periodo como gerente del PP. Es decir, los papeles de Bárcenas.
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En contra de lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, el juez mantuvo que la publicación de audios como aquel en el que se oía a Cospedal pidiéndole al comisario Villarejo que parase la publicación de los papeles de Bárcenas no suponía “la existencia de hechos nuevos”.
El tercer pilar que cimenta la notoriedad de García Castellón se alza sobre el nombre de Pablo Iglesias, a quien tuvo bajo la lupa y copando titulares negativos durante casi dos años. Primero, por el denominado caso Dina, inscrito en la macroinvestigación sobre el comisario Villarejo y centrada en el robo de la tarjeta de móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham, así como en la posterior publicación de parte de su contenido. El magistrado envió al Supremo un escrito –lo que se conoce como exposición razonada– para que Iglesias, aforado ante el alto tribunal, fuese imputado.
Su intento resultó fallido, como sucedió más tarde con otra pieza nucleada en torno a la financiación de Podemos y sustentada en lo aportado por el exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo Armando El Pollo Carvajal. Aquí, García Castellón recibió un duro varapalo de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que en junio de 2022 le ordenó cerrar el caso y le reprochó que lo hubiese ampliado “artificiosamente” para “investigar posibles delitos que no cabe entender relacionados con la financiación ilegal”.
