La palabra vergüenza es la que pronuncia en más ocasiones Baltasar Garzón vergüenza en el curso de una entrevista telefónica con infoLibre a propósito de la orden de detención dictada por una juez argentina contra dos expolicías, un exescolta de Franco y un exguardia civil, acusados de torturas durante la dictadura (1939-1975). El antiguo magistrado de la Audiencia Nacional abrió el procedimiento para resolver el tema de los alrededor de 150.000 desaparecidos durante el franquismo y fue posteriormente inhabilitado y expulsado de la carrera judicial.
Confiado en que, en breve plazo, “la ONU hará un informe negativo de la actitud de España y de su Gobierno por el desamparo de las víctimas”, Garzón impulsa desde su fundación que se cree una Comisión de la Verdad, al igual que se hizo en muchos otros países que sufrieron dictaduras o crímenes de lesa humanidad.
“Es muy triste y frustrante como ciudadano y como jurista”, señala Garzón, “que tenga que ser la Justicia argentina quien abra finalmente ese procedimiento para resolver el tema de las víctimas del franquismo. Al mismo tiempo, hay que darle la enhorabuena a la Justicia argentina por no haber optado por el sectarismo de dar carpetazo al asunto, como hizo el Tribunal Supremo español. Mi intención, pues, no resultaba tan descabellada cuando ahora una magistrada argentina, María Servini de Cubría, califica esos crímenes de lesa humanidad”.
Una y otra vez, el jurista se refiere al desamparo de las víctimas, a los familiares que no han podido saber dónde yacen sus antepasados o que no han podido exhumar sus cuerpos, a pesar del tiempo transcurrido. De hecho, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública y de incitar a los poderes públicos a actuar, la Fundación Baltasar Garzón presentó el pasado viernes un vídeo de cuatro minutos de duración que muestra el problema desde la perspectiva de un desaparecido anónimo.
La ley de 2007, el único intento, pero "corto"
“La decisión de la jueza argentina”, aclara Garzón, “significa un pequeño gran paso porque abre la puerta a la calificación de los crímenes del franquismo como de lesa humanidad. Aquí radica su importancia. Se trata de una asignatura pendiente de la Transición y de la consolidación democrática porque es inaudito que haya 150.000 desaparecidos en España. La mayoría de la clase política ha aceptado esta situación a lo largo de los años y no ha mostrado el más mínimo interés por remediarla, por ordenar los archivos o por favorecer las exhumaciones”.
En opinión del jurista, las asociaciones de los familiares de las víctimas y de la memoria histórica, han desplegado un esfuerzo titánico que no se ha visto correspondido por las autoridades. “El único intento”, comenta, “fue la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en el año 2007, pero se quedó corta y sus aspiraciones eran tímidas. Hoy en día, con un Gobierno del PP en el poder, las escasas posibilidades de aquella ley están bloqueadas. Sólo algunos jueces han impulsado ese proceso de amparo de las víctimas y resulta vergonzoso que sea así. Todavía llama más la atención cuando los organismos internacionales han animado a España a abordar ese problema”.
A partir del día 23 de septiembre el grupo de trabajo de la ONU de desapariciones forzadas e involuntarias visitará España para elaborar un informe y para ayudar a los familiares a conocer los paraderos de sus antepasados. Este grupo de la ONU subrayó, en su informe anual de 2012, que España debe investigar las desapariciones del franquismo porque “el destino de las víctimas sigue sin esclarecerse”. A juicio de Garzón, “esta visita dinamizará el proceso y España deberá someterse a un examen en la ONU en noviembre sobre este tema”.
"Lo que se pide es justicia, y no revanchismo"
Garzón, sobre Rajoy: “A veces hay que plantearse no seguir porque el daño es mayor que si te quedas”
El exjuez español, que se encuentra estos días en Buenos Aires, recalca que ahora se ha producido el camino inverso a su apertura de una causa contra los crímenes de la dictadura argentina (1976-1982) que se desbloqueó con el acceso al poder del presidente Néstor Kirchner. “Cuando llegue la orden de detención de los cuatro presuntos torturadores del franquismo”, explica Garzón, “han de comparecer ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional para ser extraditados a Argentina. Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, les resultará muy difícil no cooperar con la Justicia argentina. O bien tendrá que abrirse un procedimiento por esa causa en España para solventar el tema que es la otra posibilidad”.
Los cuatro reclamados por la juez argentina María Servini de Cubría son el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar; el exescolta del dictador Francisco Franco, Celso Galván Abascal; el excomisario José Ignacio Giralte González; y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y tristemente famoso entre muchos antifranquistas por sus torturas en las comisarías. Las víctimas del franquismo que acudieron a la Justicia argentina pidieron también la imputación de tres exministros de la dictadura: José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón; Fernando Suárez González y Rodolfo Martín Villa.
Garzón alega no conocer a fondo el procedimiento de la magistrada argentina y desconoce si podrán ser acusados, pero remarca de nuevo que lo más relevante es “la calificación de crímenes de lesa humanidad a los cometidos por el franquismo”. Niega el exmagistrado que exista una intención revanchista y declara con rotundidad: “Lo que se pide es justicia, y no revanchismo y lo que exigimos al Gobierno es que ampare a las víctimas. Ni más ni menos”.
La palabra vergüenza es la que pronuncia en más ocasiones Baltasar Garzón vergüenza en el curso de una entrevista telefónica con infoLibre a propósito de la orden de detención dictada por una juez argentina contra dos expolicías, un exescolta de Franco y un exguardia civil, acusados de torturas durante la dictadura (1939-1975). El antiguo magistrado de la Audiencia Nacional abrió el procedimiento para resolver el tema de los alrededor de 150.000 desaparecidos durante el franquismo y fue posteriormente inhabilitado y expulsado de la carrera judicial.