Durante la ceremonia de la Pascua Militar y ante la cúpula de las Fuerzas Armadas. Ese fue el escenario elegido por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para anunciar que la cartera que ella capitanea comenzará este mismo año a ejecutar su Nuevo Ciclo Inversor, es decir, el plan de compra de armamento para los próximos quince años que sustituirá al diseñado en los años noventa. Durante su intervención, Cospedal no ofreció datos concretos del gasto que esto iba a suponer para las arcas públicas. Sin embargo, un documento elaborado el pasado 12 de marzo por la Secretaría de Estado de Defensa, desvelado por la Cadena SER, puso sobre la mesa las primeras cifras: siete programas con un coste estimado en 10.805 millones de euros. Aunque desde el ministerio que capitanea Cospedal señalan a infoLibre que la cantidad definitiva se conocerá una vez lo apruebe el Consejo de Ministros.
En concreto, en el escrito de la Secretaría de Estado se recogen, “considerando las capacidades más necesarias y urgentes”, siete programas concretos a los que irá a parar el nuevo desembolso militar: vehículos de combate sobre ruedas 8x8, las fragatas F-110 –presentadas por Navantia esta misma semana–, los nuevos aviones de entrenamiento, la modernización del sistema de mando y control aéreo, los aviones de reabastecimiento en vuelo MRTT, los helicópteros NH-90 navalizados y la modernización de los helicópteros de transporte de carga Chinook –fabricados por la multinacional estadounidense Boing Integrated Defense Systems–. Este paquete de renovación de sistemas de armas será llevado ante el Consejo de Ministros en las próximas semanas.
Por el momento, se desconoce cómo se financiará el nuevo plan inversor después de que en 2016 el Tribunal Constitucional cerrara la vía de los créditos extraordinarios utilizados para hacer frente a los programas especiales de armamento. Lo que está claro es que con este nuevo desembolso el Ejecutivo español trata de acercarse al compromiso de gasto adquirido con la OTAN en septiembre de 2014. Reunidos en Gales, los países miembro de la Alianza Atlántica pactaron con Estados Unidos incrementar su inversión en defensa para 2024 hasta el 2% de su PIB. Un acuerdo, alcanzado durante la segunda legislatura de Barack Obama, en el que la Administración Trump volvió a insistir nada más llegar a la Casa Blanca: “23 Estados miembro no pagan lo que deberían”, señaló el republicano.
Hace exactamente un año, María Dolores de Cospedal viajó a Washington para reunirse con el secretario de Defensa de EEUU, James Mattis. Allí, volvió a reafirmar que España cumpliría. Sin embargo, el pasado mes de enero, durante su comparecencia de cinco horas en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, se vio obligada a rebajar las expectativas y afirmó que para nuestro país será “imposible” alcanzar la meta del 2% en los siete años que quedan hasta la fecha marcada. Como máximo, dijo en sede parlamentaria la ministra, España está capacitada para destinar el 1,53% de su PIB a gasto militar en 2024. Y para ello, añadió, se ha puesto sobre la mesa de la Alianza Atlántica una cifra concreta: 18.470 millones de euros.
¿Por encima de nuestras posibilidades?
Los más de 10.000 millones de euros contemplados para el Nuevo Ciclo Inversor han vuelto a situar el debate sobre el gasto armamentístico español en la agenda política. Nada más conocerse el contenido del documento elaborado por la Secretaría de Estado de Defensa, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, calificó la decisión de “maldita vergüenza” y cargó contra Cospedal por plegarse a las exigencias de Estados Unidos: “Es muy patriota para ponerse una pulsera de España pero no tanto para arrodillarse ante potencias extranjeras”. Y todo ello, añadió el número dos de la formación morada, mientras el presidente del Gobierno “le dice a los pensionistas que no hay una quinta parte de ese dinero para revalorizar las pensiones con el IPC”.
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, por su parte, calificó de “sorprendente” que el Ejecutivo de Mariano Rajoy apueste por el incremento del gasto público para la compra de material bélico “cuando se ha recortado el gasto en sanidad, educación, infraestructuras y cultura, y se afirma que no hay recursos para aumentar las pensiones, no hay un plan para las viviendas sociales o se mantiene un paro estructural del 16 %”. En un comunicado, la entidad de investigación, que en los últimos años ha tenido un papel relevante en el análisis del mercado armamentístico español, señaló que los Estados miembro de la OTAN son “libres para decidir su gasto militar”. Por ello, criticó que el Gobierno conservador esté utilizando “como excusa un acuerdo no vinculante”.
Pero, ¿está gastando España en defensa por encima de sus posibilidades? En 2017, según el último informe anual de la OTAN, España desembolsó por este concepto 10.739 millones de euros, lo que equivale al 0,92% del PIB. Estos datos, que todavía son provisionales, sitúan a nuestro país a la cola de la Alianza Atlántica, sólo por delante de Bélgica y Luxemburgo, que invirtieron el 0,9% y el 0,46%, respectivamente. A la cabeza, Estados Unidos, que metió en el último ejercicio sesenta veces más: 685.957 millones de dólares, lo que supone el 3,57% de su riqueza. Junto a la potencia norteamericana, sólo tres países superan la barrera del 2% marcada en 2014: Grecia, Reino Unido y Estonia –2,36%, 2,12% y 2,08% del PIB, respectivamente–.
Sin embargo, los expertos consultados por este diario aseguran que los datos que se ofrecen no se corresponden con el gasto real en defensa de España. “No son cifras limpias”, señala en conversación con este diario Miguel López, oficial del Ejército del Aire en la reserva. Coinciden con esa afirmación José Julio Rodríguez, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), y Pere Ortega, investigador del Centre Delàs. “Para calcular el gasto real, habría que sumar al del Ministerio de Defensa el de otras partidas que la propia OTAN dice que se deben contabilizar: seguridad social, pensiones y mutua militar; misiones militares en el exterior; ayudas en I+D a empresas militares, que dependen del Ministerio de Industria; el gasto de la Guardia Civil, que corresponde a Interior; o las cuotas de la OTAN, que dependen de Exteriores”, explica Ortega.
Teniendo todo esto en cuenta, la base de datos que actualiza anualmente el Centre Delàs sitúa el gasto total en defensa en 2017 en los 15.811 millones de euros, lo que equivaldría al 1,35% del PIB y nos situaría por delante de países como Italia, Alemania o Portugal. “Si a esto, además, le añadimos el Centro Nacional de Inteligencia y los intereses de las deudas contraídas para la adquisición de nuevas armas, ya hablamos de unos 18.500 millones de euros, lo que quiere decir que, con todo esto, ya estaríamos rondando el 1,6% al que dice aspirar España”, añade el investigador. “Se dice que se gasta poco, pero yo creo que es suficiente”, asevera el ex Jemad. “En mi opinión, estamos bastante bien servidos”, completa el oficial del Ejército del Aire.
Desde el Ministerio de Defensa, señalan a infoLibre que los datos del centro de investigación no se ajustan a la realidad. (Al cierre de esta edición, el departamento que dirige Cospedal no había aclarado más detalles sobre esta aseveración).
Más planificación ante “amenazas reales”
Para los expertos, lo importante no es gastar grandes sumas de dinero público, sino invertir estas cantidades con cabeza en función de “amenazas reales” y estableciendo “prioridades”, pensando el tipo de defensa que “interesa” de cara al futuro. Un análisis con la vista puesta a largo plazo que han echado en falta los dos militares consultados. “No puedes intentar defenderte de todas las amenazas del mundo con un solo presupuesto nacional”, insiste Rodríguez, que durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero desempeñó el cargo de director general de armamento y material del Ministerio de Defensa. En este sentido, para Ortega el Nuevo Ciclo Inversor no hace más que confirmar que se están haciendo inversiones “disparatadas” cuando en España “hay otras prioridades” que atender.
Para Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), dependiente de Defensa, la inversión de 10.000 millones es “fundamental” tanto en términos de seguridad de las tropas como de eficiencia. El general, en una entrevista en la Cadena Ser, afirmó que es necesario renovar un material que, en algunos casos, tiene más de cuatro décadas de vida. “Para disuadir a alguien que tiene un carro de combate tienes que poner otro equivalente o mejor que el suyo”, apuntó Ballesteros, que añadió que antes de decidir qué material se compra “se hacen estudios muy concienzudos durante dos años”: “Se maneja dinero que es del contribuyente y hay que ser sumamente eficientes para con el mínimo dinero conseguir la máxima rentabilidad”.
Sin embargo, Rodríguez, Ortega y López consideran que se están asumiendo gastos innecesarios. En este sentido, señalan que se han adquirido “aviones u otras armas” que nunca se han llegado a utilizar. Todos ellos se preguntan si es necesario, por ejemplo, adquirir carros de combate cuando “no son tan necesarios ni eficaces en los actuales modelos de defensa”. “Han desaparecido las posibles amenazas de una invasión exterior”, se explica el investigador del Centre Delàs. “¿Necesitamos, de verdad, submarinos?”, se pregunta, por su parte, el oficial del Ejército del Aire en la reserva, que recuerda que amenazas actuales, como el terrorismo, se combaten desde dentro, con una mayor coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de inteligencia.
Estas inversiones en material bélico, además, han sumido a la economía española en una espiral de endeudamiento que, dice Rodríguez, hace que tengamos unas Fuerzas Armadas “no ajustadas a nuestras posibilidades económicas”. De hecho, España todavía debe de los conocidos como Programas Especiales de Armamento del ciclo anterior alrededor de 20.000 millones de euros –más sus correspondientes intereses–, que tiene que pagar hasta el año 2030. En concreto, más de una decena de programas del antiguo plan todavía están en curso. Entre ellos, destaca el pufo de los cuatro submarinos S-80, cuyo coste inicial iba a ser de 2.135 millones de euros pero que, por problemas de sobrepeso, se ha desviado hasta los 3.685 millones. Un sobrecoste del 72,5% sobre lo presupuestado inicialmente.
¿Cuántas organizaciones de defensa?
Los expertos, además, ponen el punto de mira en el gasto que supone para España la pertenencia a diferentes alianzas militares, como la OTAN o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Y más ahora, que la UE ha puesto en marcha la Europa de la Defensa. El pasado noviembre, 23 Estados europeos impulsaron la denominada cooperación estructurada permanente (Pesco, por sus siglas en inglés), un proyecto, impulsado por cuatro miembros del club comunitario –España, Francia, Alemania e Italia–, que busca reforzar y coordinar las labores defensivas de los países firmantes. “Gastamos el 50% que EEUU en defensa, pero sólo tenemos un rendimiento del 50% porque todos hacemos lo mismo y no nos coordinamos”, señaló entonces el ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel.
BBVA financió la mitad de los 5.450 millones de dólares que la banca española destinó a la industria militar desde 2011
En el marco de esta cooperación estructurada permanente, Bruselas presentó el pasado mes de junio el Fondo Europeo de Defensa, un instrumento con dos ramas: investigación y desarrollo. En el caso de la primera vertiente, a través de la que se concederán subvenciones para la investigación colaborativa en tecnologías y productos de defensa innovadores, la financiación será de 90 millones de euros hasta 2020 y de 500 millones de euros anuales a partir de entonces. Para la rama del desarrollo de proyectos, el Ejecutivo comunitario sitúa la financiación en 2019 y 2020 en los 500 millones anuales. A partir de 2021, las estimaciones elevan el montante anual para el desarrollo hasta los 5.000 millones: 4.000 los pondrían los Estados y 1.000 correrían a cargo del presupuesto comunitario.
El oficial del Ejército del Aire recuerda que actualmente estamos protegidos tanto por el Tratado de Washington de la OTAN como por el artículo 42.7 del Tratado de la UE. Por eso, se pregunta si tiene sentido aportar “a dos cestas de defensa”. “Tenemos dos aseguradoras cubriéndonos por el mismo riesgo”, señala López, que recuerda que a partir de ahora la Pesco va a suponer nuevos gastos adicionales para España. Por ello, en su opinión habría que ir reduciendo progresivamente la aportación en la Alianza Atlántica a medida que se vaya impulsando la Europa de la Defensa. Lo mismo opina Julio Rodríguez: “Si ahora la Pesco implica más recursos, tendrás que sacarlos de algún sitio”. “No tiene sentido tener actualmente dos organizaciones militares en Europa”, sentencia Ortega.
Para los tres, una apuesta firme por la Pesco permitiría “ahorrar dinero compartiendo gastos”. El ex Jemad pone ejemplos sobre esta “utopía”: “Que países sin costa, por ejemplo Bélgica, no destinen recursos a una armada y se dediquen a la aviación de reconocimiento o transporte”. Porque, según el investigador del Centre Delàs, no tiene sentido tener un ejército comunitario de “más de un millón de hombres”: “Igual 200.000 militares europeos serían suficientes”. Esta Europa de la Defensa, afirma López, también nos permitiría “poner en marcha más sistemas de armas de fabricación europea” con “mejores precios”. Cambios que, sentencia Pere Ortega, harían que los Estados miembro “no tuvieran que invertir el 2% en defensa, como pide la OTAN, sino que igual sería suficiente con destinar el 1%”.
Durante la ceremonia de la Pascua Militar y ante la cúpula de las Fuerzas Armadas. Ese fue el escenario elegido por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para anunciar que la cartera que ella capitanea comenzará este mismo año a ejecutar su Nuevo Ciclo Inversor, es decir, el plan de compra de armamento para los próximos quince años que sustituirá al diseñado en los años noventa. Durante su intervención, Cospedal no ofreció datos concretos del gasto que esto iba a suponer para las arcas públicas. Sin embargo, un documento elaborado el pasado 12 de marzo por la Secretaría de Estado de Defensa, desvelado por la Cadena SER, puso sobre la mesa las primeras cifras: siete programas con un coste estimado en 10.805 millones de euros. Aunque desde el ministerio que capitanea Cospedal señalan a infoLibre que la cantidad definitiva se conocerá una vez lo apruebe el Consejo de Ministros.