El supuesto fraude de las facturas irregulares en el Hospital de Castellón cuenta con nuevos documentos. Según una información de la Cadena Ser, la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana amplió la denuncia, presentada en junio ante la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de un nuevo grupo de facturas que ascienden hasta los 7,7 millones de euros, que se suman a los 25 millones de los documentos presentados en la primera denuncia.
La Fiscalía ya ha recibido miles de facturas que se pagaron sin que mediara contrato por parte del centro hospitalario, atribuidas a la empresa Piaf –acusada en el caso Gürtel por financiar de forma ilegal al PP de Valencia a cambio de contratos públicos– y al grupo Domo entre los años 3003 y 2005.
Los documentos tenían un carácter genérico y en ellos no se especificaban los detalles de los trabajos supuestamente realizados, por los que las empresas llegaron a cobrar hasta 70.000 euros en cada operación. De esta manera, figuraban conceptos tan generales como "trabajos realizados en diversas zonas del hospital", sin que se especificara el tipo de trabajo ni la zona concreta. También figuran conceptos como "mantenimiento preventivo", sin detallar tampoco el tipo de trabajo a realizar, o "suministro de material", donde no aparecía el material concreto suministrado.
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Entre los documentos se encontraba la factura de un Belén, compuesto por 800 figuras, cuyo montaje ascendía a 90.000 euros.
Una buena parte de las facturas irregulares, correspondientes a los documentos presentados en la primera denuncia –facturas entre 2006 y 2015– tuvieron lugar durante la etapa de Carlos Fabra al frente de la Diputación de Castellón, pero también existen documentos de la etapa de su sucesor, Javier Moliner, que ocupó el cargo en 2011 tras la marcha de Fabra.
El supuesto fraude de las facturas irregulares en el Hospital de Castellón cuenta con nuevos documentos. Según una información de la Cadena Ser, la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana amplió la denuncia, presentada en junio ante la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de un nuevo grupo de facturas que ascienden hasta los 7,7 millones de euros, que se suman a los 25 millones de los documentos presentados en la primera denuncia.