"La gente empieza a perder el miedo": Kika, la voz de las inquilinas en huelga de alquiler en Cataluña

“Lo más importante es que la gente está empezando a perder el miedo y a tener una alternativa”. Kika Aguilera es la portavoz de uno de los dos grupos de inquilinas que se han alzado en huelga de alquileres. “Antes pensaba, ‘yo no voy a decir nada, no vaya a ser que vaya a recibir’”. Pero esta semana Aguilera ha sido una de las caras visibles que anunció que una cincuentena de vecinas de Salou (Tarragona) y Sentmenat (Barcelona) iniciarán una huelga de alquileres en Cataluña. Aunque hay más grupos que se podrían adherir en los próximos días.

Aguilera forma parte del grupo de 23 vecinas de Salou (Tarragona), que junto a las 28 de Sentmenat (Barcelona) han emprendido esta contienda contra la filial inmobiliaria de La Caixa, InmoCaixa. En 2017, Kika estaba en paro y su pareja trabajaba de autónoma. Ambos accedieron a alquilar una vivienda de InmoCaixa en régimen de protección oficial. “El gerente de la inmobiliaria me engaño”, explica Kika a infoLibre. “Me dijeron que el contrato era por cinco años más otros cinco y luego con opción de compra. Pero en 2022 me mandaron una carta diciendo que me tenía que ir en 20 días”, cuenta la inquilina. Ante el desahucio inminente y sin la posibilidad de acceder al mercado de vivienda convencional, Kika asegura que la situación le quebró la salud. “Yo enfermé, cogí un cáncer. Pensaba a todas horas que iban a echarme de casa”, relata la inquilina de Salou. “Se está creando una vulnerabilidad residencial que nos afecta a todos. Venimos de generaciones que han salido a la calle y han logrado mucho, y ahora nos toca a nosotros salir”.

La vecina de Salou decidió seguir los pasos del sindicato de inquilinas en 2022. “Yo decidí que no me iba de casa”, cuenta Kika. “En nuestra promoción había un desahucio cada mes. Cada mes salíamos con carteles y cada mes escribía al juzgado para que me diera un mes más de plazo ante el desahucio”, recuerda. 

Kika abonó las mensualidades a la propiedad hasta la fecha del anuncio de la huelga, que las vecinas de Salou iniciaron el 9 de diciembre y durará dos meses. El objetivo de las vecinas de Salou es recuperar el dinero que durante años han abonado para cumplir con 16 cláusulas que estaban en su contrato y que consideran abusivas y fraudulentas. Entre ellas había la obligación, por ejemplo, de ingresar mensualmente los 25€ de IBI, algo que el Supremo consideró que era ilegal en el régimen de protección oficial. “Yo he estado abonando el IBI desde hace 7 años pero hay vecinas que llevan más de diez”, explica Kika.

Las vecinas de Kika mantienen la confianza de que las personas en vulnerabilidad de la promoción de Salou no perderán el régimen de protección oficial porque a partir de 2025 su propiedad pasará a manos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). 

Este es, de hecho, el objetivo que persigue el Sindicato de Inquilinas. Quieren que el Incasòl adquiera las fincas de 29 promociones de la Obra Social La Caixa en las que hay decenas de bloques que pronto perderán este régimen. El sindicato calculó hace un año en un informe que el total de las 38 promociones supera las 2.500 viviendas. 

Kika pertenece a una de las nueve promociones que ya ha adquirido el instituto público, mientras que Marta Carrillo, la portavoz del grupo de Sentmenat, espera que la huelga siente a la mesa a InmoCaixa para negociar su venta al Incasòl. Por otro lado, InmoCaixa aún no ha confirmado a infoLibre si han recibido nuevas ofertas de compra de Incasòl ni ha valorado por el momento la huelga de alquileres.

“Reclamamos la cesión de todas las promociones de La Caixa al Incasol para garantizar el acceso a una vivienda protegida de forma indefinida”, explica Marta Carrillo. Un año atrás, con el asesoramiento del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, un grupo de vecinos de los edificios de Can Vilar i Can Perich en Sentmenat (Barcelona) iniciaron el mismo proceso por el que pasó Kika en 2022. “Cuando se le acabó el contrato a un vecino y le iban a desahuciar nos organizamos”, relata Marta Carrillo a infoLibre.

El domingo los vecinos y vecinas de los dos bloques de Sentmenat se reunirán para acabar de cuantificar las últimas adhesiones a la huelga. Ahora ya son casi treinta vecinas que le dan apoyo, según ha informado Marta Carrillo a infoLibre. En las asambleas previas certificaron que iniciarán la huelga el 1 de marzo de 2025, en el momento que se logre el apoyo de más del 25% de sus vecinos y vecinas. 

Desde ese momento, las mensualidades de las vecinas de Sentmenat no se abonarán a la propiedad sino que una asamblea de cuentas organizada por el propio vecindario retendrá las mensualidades como herramienta de presión a InmoCaixa. “Nosotras mismas haremos los registros de contabilidad. Los inquilinos no dejaremos de pagar el alquiler, pero lo ingresaremos en un fondo mancomunado”, detalla Marta Carrillo, que reitera que lo que exigen a InmoCaixa es “que se siente a negociar” para que el Incasòl pueda comprar las viviendas.

“La Caixa lo que quiere hacer es echarnos a todos”, apunta Carrillo, con el objetivo de vender o alquilar los pisos a precio de mercado. “Pero nosotros seguimos cumpliendo los requisitos de personas en situación de vulnerabilidad o con dificultades económicas y no nos podemos permitir pagar 1000€ al mes por un piso”, exclama la vecina de Sentmenat.

Escasez de pisos de protección oficial

Esta misma semana, el Observatori DESCA publicaba un informe apuntando que la moratoria estatal de desahucios a personas en vulnerabilidad había impedido que 58.000 familias se quedaran en la calle. No obstante la PAH recordó el martes ante el Congreso de los Diputados que esta moratoria decae el 31 de diciembre y exige prorrogarla. El otro problema añadido es la carencia de pisos de protección oficial y la cantidad de pisos que pueden perder esa categoría en los próximos años en Cataluña. 43.077 pisos en régimen de protección oficial podrían pasar al mercado privado hasta 2030 según una investigación de este año realizada por La Directa.

El president Salvador Illa anunció en octubre el compromiso de ampliar 50.000 viviendas de protección oficial durante su mandato. No obstante, el Sindicato de Inquilinas catalán critica que “hemos oído muchos anuncios” pero “poco sobre lo que se piensa a hacer con la vivienda que ya tiene esta protección y que la perderá si no se compra, como en el caso de Sentmenat”, explica su portavoz, Enric Aragonès.

“La huelga de alquileres es un acto de desobediencia colectiva y organizada que requiere de una cierta masa social”, indica el portavoz del Sindicato de inquilinas. Por ese motivo, el mismo miércoles tras anunciar la huelga, el sindicato puso en marcha una brigada ‘puerta a puerta’ para visitar 500 pisos y recoger el apoyo de otros bloques que se quieran sumar a la huelga de alquileres. Aragonès afirma que están trabajando para “normalizar que los inquilinos tengan espacios de asociación, negociación y representación”, como pasa en el ámbito laboral. Por ello “a partir de ahora, incorporamos la huelga de alquileres como herramienta de lucha”, reitera Aragonès, para forzar la negociación colectiva ante un caso que implica a miles de familias como el de InmoCaixa, a semejanza de lo que hacen los sindicatos laborales ante luchas colectivas.

Mobbing y contrato millonario de InmoCaixa

“Llevamos años con falta de mantenimiento de las dos promociones de Can Vilart y Can Perich”, explica Marta Carrillo, que considera que la inmobiliaria también incurre en una dejación de funciones. Los contratos de protección oficial obligaban a los vecinos de Sentmenat a pagar 52€ al mes de un seguro del hogar pero las vecinas se quejan de que están dejando de reparar problemas estructurales. “Tenemos placas solares en la azotea de todo el edificio, pero nunca ha funcionado”, explica Kika Aguilera. “Mandamos una carta a la propiedad para ponerlo en marcha entre los vecinos y nunca nos respondieron”, relata la inquilina de Salou.

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Kika denuncia que ante la finalización de su contrato se añadió una situación de mobbing. “Recibíamos una llamada cada semana de diferentes números advirtiendo que nos iban a embargar la nómina o de los elevados gastos judiciales si decidía no irme del piso”, explica Kika.

El estudio del sindicato de inquilinas del año pasado destapó que para las 38 promociones, InmoCaixa habría recibido como mínimo, más de 25 millones de euros en subvenciones públicas, según confirmó la Agencia de Vivienda de Cataluña. 

Enric Aragonès, portavoz del sindicato de inquilinas considera que hasta ahora, “el modelo de vivienda protegido sólo ha garantizado el lucro privado”. Denuncia también que hay viviendas de protección oficial que se están pagando a 1000€ para un piso de 60m2, lo que “no influye a la baja en los precios de mercado ni garantiza el derecho universal a la vivienda” para las personas en situación de vulnerabilidad.